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La responsabilidad de los nuevos funcionarios públicos

07/12/2018
02:00
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Hace un par de semanas, previo a la entrada del Plan Nacional de Paz y Seguridad entregado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, en este espacio aproveché la oportunidad de puntualizar aquellos temas que debían ser considerados para la agenda de seguridad del nuevo gobierno. En su mayoría, como muchos de nosotros sabemos, resultaron ausentes, pero ya se ha escrito al respecto y optaré por no detenerme en este tema.

Ahora me gustaría hablar del papel de todos los funcionarios públicos involucrados en distintas instituciones de seguridad, que durante el sexenio pasado, y otros más, trabajaron incansablemente para buscar que este país mejorará las condiciones de seguridad de todos los mexicanos. Me refiero a todos aquellos que como en el argot popular se dice, tienen la camiseta bien puesta.

Se reconoce el esfuerzo desde todos aquellos primeros respondientes que están comprometidos con superar los obstáculos del sistema, hasta de los altos funcionarios que todos los días llegaron a sus espacios de trabajo con la intención de transmitirle a su equipo, la importancia de su labor.

Para los que no lo sepan, al estar inmersos en estos temas, se necesita tener la piel gruesa. Porque hablar de números, estrategias, metodologías, operativos y demás, es hablar de resultados traducidos en vidas humanas que se salvan o se pierden.

Algunos de ellos serán conocidos a simple vista como los buenos o los malos, pero al fin son el resultado de un sistema que supo o no, responderles ante una realidad, y son esos funcionarios los responsables de llevarlo a cabo.

Para los que llegan, es necesario mencionar que tienen un gran reto sobre sus hombros. Este sexenio entra, según la encuesta de Parametría publicada hace unos días, con los mejores niveles de aceptación de las últimas administraciones federales. Por lo que, como retomó López Obrador en su discurso de toma de protesta como presidente, “no tienen derecho a fallarnos”.

El trabajo ya está empezado y hay muchas áreas en las que hace falta seguir mejorando, iniciar desde lo local es una prioridad sin lugar a dudas y continuar con la formación de elementos capacitados es otra, pero no es necesario tirar todo por la borda y empezar de cero.

Al respecto, vale la pena destacar que hace unos días, el Observatorio Nacional Ciudadano lamentó que el nuevo gobierno decidiera empezar de cero los mecanismos y las leyes para la búsqueda de personas desaparecidas. Lo que hasta ahora hay, se ha obtenido gracias al esfuerzo de familiares de las víctimas, gobierno y sociedad civil que se han sentado durante largas horas de trabajo para que cada uno de los casos tenga una respuesta por parte del Estado.

Una vez más, no es aceptable que este tema sea utilizado como una herramienta política a través de la cual se busquen ganar adeptos. Tenemos que entender que estamos hablando de vidas humanas y no de papeles apilados en un escritorio que pueden o no ser archivados.

El registro que hasta hace unas semanas existía por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es otro caso. Desde el 2011 hasta la fecha, ha sido la única referencia con la que contamos para poder conocer y evaluar en qué lugares, las estrategias del gobierno, en sus diferentes niveles de jurisdicción, han funcionado. Por supuesto que aún se necesita ajustes y cambios en el registro, pero es una herramienta que hasta hace unos años era inimaginable que existiera y ha sido un logro de todos.

Finalmente, como parte de la sociedad civil es un hecho que se avecina un gran reto. Nuestro papel es ser observadores y articuladores de políticas públicas que vayan en beneficio del país, independientemente del color en el que se vista la nueva administración. No podemos quitar los ojos de todo aquello que ya se ha logrado y debemos reconocer los avances que se vayan obteniendo.

 

Laura J. Ambrosio Jaramillo

Coordinación de Estudios Especiales

@ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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