Pese a contar con 80.6 millones de usuarios, en México la navegación por internet se mantiene como un entorno parcialmente libre. De hecho, se encuentra en el top 10 de países con mayores limitaciones y obstáculos para la libertad de los usuarios en la red, de acuerdo con el reporte Libertad en la Red 2020, de la organización Freedom House.
Entre el 3 de junio de 2019 y mayo de 2020, la organización detectó tres controles que aplican las autoridades mexicanas para censurar y limitar la experiencia de los ciudadanos en la esfera digital: uso de perfiles progubernamentales para manipular las discusiones en la red; ataques físicos a blogueros y usuarios, y ataques técnicos contra críticos del gobierno y organizaciones defensoras de derechos humanos.
En su reporte evalúa el grado de libertad con que cuentan los 65 países del mundo que reúnen entre todos a 87% de los usuarios globales de internet. En una escala del 0 al 100, mide la libertad en internet de cada país, basado en 21 indicadores como obstáculos de acceso, limitaciones en los contenidos, y violaciones de los derechos de los usuarios.
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Con una calificación de 61, México está en lugar 9 del top 10 de países con mayores limitaciones; las más graves son de acceso a contenidos, obstáculos y violaciones a los derechos de los usuarios. Sólo es superado por Ucrania, Malaui, Nigeria, Zambia, Malasia, Ecuador, Kirguistán y Uganda. El décimo lugar es para Angola.
“El país no ha podido mejorar derivado de los fallos para reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales; manipulación del contenido en línea, ataques coordinados contra periodistas y ciberataques. Obtuvo la menor calificación del apartado de Violaciones a los derechos de usuarios, puesto que se considera como uno de los ambientes ‘más peligrosos’ para periodistas y blogueros”, destacó a su vez el organismo mexicano Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
El estudio basa sus 21 indicadores en tres parámetros: obstáculos para el acceso: barreras de infraestructura, económicas y políticas; decisiones gubernamentales para bloquear la conectividad o aplicaciones o tecnologías específicas; controles legales, de regulación y propiedad de los proveedores del servicio de internet, e independencia de los cuerpos regulatorios.
Otros parámetros son límites al contenido: regulaciones legales sobre el contenido; filtros técnicos y bloqueos a páginas de internet; otras formas de censura y autocensura; diversidad del ambiente virtual, y el uso de herramientas digitales para las movilizaciones cívicas, así como violaciones a los derechos de los usuarios: protecciones y restricciones legales a la libertad de expresión; vigilancia y privacidad; repercusiones legales y extralegales de la libertad de expresión y actividades en línea como encarcelamiento, acoso extrajudicial y ataques físicos o ciberataques.
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En México hay 80.6 millones de usuarios de internet, que representan 70.1% de la población de seis años o más, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Inegi. De ellos, 51.6% son mujeres y 48.4% hombres.
Las principales actividades de los usuarios de internet en 2019 correspondieron a entretenimiento (91.5%), obtención de información (90.7%) y comunicación (90.6%).
Según el reporte Panorama Digital Global 2020 de Hootsuite, y datos de la plataforma Statista, basados en la cantidad de descargas de las aplicaciones, el mercado de las redes sociales en México alcanza a más de 168 millones de usuarios, que no representa a personas únicas puesto que una sola persona puede estar registrada en varias redes sociales.
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Facebook tiene 84 millones de usuarios; Instagram, 24 millones; Snapchat, 14.8, y Twitter, 9.4, mientras que la plataforma de origen chino Tik Tok registró 36.2 millones de descargas sólo para Android entre enero de 2019 y julio de 2020. Otros países ya han ensayado regulaciones a las redes sociales.
Por ejemplo, en China y Rusia, las autoridades han bloqueado páginas extranjeras, y han establecido filtros para evitar que llegue información de otros países, así como para aislar a sus ciudadanos en momentos de crisis sanitaria o política.
En otras experiencias mundiales, Estados Unidos tiene una posición muy defensiva frente a cualquier tipo de regulación; la Unión Europea tiene un proceso de discusión que inició en 2017. Francia, sólo en el contexto electoral; Alemania tiene un pasado muy específico y su ley obedece a cuestiones históricas como el holocausto, así como Reino Unido.
Freedom House encontró que más allá de proteger a los usuarios, la aplicación del concepto de soberanía nacional al ciberespacio ha perjudicado las libertades.
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¿Regular las redes?
Consultados sobre la posibilidad de regular las redes sociales, especialistas e integrantes de organizaciones como Social TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideraron que la propuesta de Morena en el Senado tiene deficiencias que amenazan de manera directa a la libertad de expresión y el acceso a la información.
“México tendría que tener una discusión muy amplia en donde intervengan autores relevantes: sociedad civil organizada, académicos, periodistas, no excluir a nadie y que no sean los políticos los únicos a los que se escuche. Se tiene que socializar mucho más”, asentó Luz Helena Orozco y Villa, maestra en Derecho y doctorante en la Universidad de Oxford con una investigación sobre la regulación internacional de las redes sociales.
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La R3D consideró que la propuesta de Morena busca incorporar medidas que amenazan la libertad de expresión, además de ser imprácticas en el ecosistema de internet. Indicó que las páginas necesitan moderar los contenidos y las interacciones de los usuarios para evitar, por ejemplo, malas experiencias frente a manifestaciones de violencia.
“Bajo el pretexto de impedir la censura privada, es preocupante que se fomente la censura previa desde el Estado”, consideró.
Juan Manuel Casanueva, fundador de SocialTIC, encontró deficiencias y vacíos de concepto en la propuesta: “Son criterios que limitarían la libertad de expresión, bajarían cuentas o limitarían la propagación de contenidos con base en aspectos que no están definidos: desde lo que considera que es el discurso de odio, las noticias falsas y los datos personales… eso es lo más preocupante porque su vaguedad abre la puerta para que con criterios discrecionales se reduzca la libertad de expresión de manera desproporcionada para algunos actores”, dijo.