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Al cierre de 2022, la Secretaría de Gobernación (Segob) registró un millón 400 mil 415 casos de violencias cometidos por un millón 370 mil 473 probables personas agresoras en contra de al menos un millón 311 mil 225 mujeres.
La dependencia destacó que a partir del año pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) administra el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
“Un caso de violencia hace referencia al evento o incidencia de violencia contra una mujer, el cual es asociado a un expediente único. Una víctima puede tener uno o varios casos de violencia en su expediente”, aclaró la Segob.
Resaltó que en 77% de los casos, la persona agresora fue un hombre; 4%, mujer, y en 19% no se especificó el sexo.
El informe indica que las mujeres sufren violencia en todos los espacios, pero es en el ámbito familiar donde 91.74% de las agresiones han sido perpetradas.
En 88% de los casos había un vínculo entre víctima y agresor. De estos, 75.4% corresponden a una relación de pareja, incluyendo concubino/a y expareja (48.2% y 27.2%).
Esta situación es diferente según el grupo de edad. De 0 a 17 años, los principales agresores son los padres. A partir de los 60 cobran relevancia los hijos como agresores, en 30% de los casos.
En lo que concierne a las mujeres violentadas, los casos de quienes tienen entre 18 y 39 años son los que están más representados, con 62%.
En cuanto a la edad del agresor, se cuenta con información para 79% de los eventos: 62% tienen entre 18 y 39 años, y 22%, entre 40 y 49.
Al desagregar por tipo de violencia, predomina la sicológica (82.4%), seguida de la física (41.5%), económica (23.7%), sexual (10.2%) y patrimonial (9.7%).
Una víctima puede sufrir más de un tipo de violencia de forma simultánea.
El Banavim permite a instancias del Ministerio Público, Centros de Justicia para las Mujeres y secretarías estatales de seguridad, y de las mujeres o de igualdad sustantiva, así como dependencias municipales y órganos jurisdiccionales, instrumentar estrategias de acción que favorezcan la elaboración de políticas públicas y programas que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen las violencias contra las mujeres y las niñas.
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