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Bruselas.— Con 18 recomendaciones sobre la mesa para atender la crisis de vulnerabilidad hacia defensores y periodistas, y una lista con los 51 casos más emblemáticos de impunidad, México y la Unión Europea celebraron su diálogo sobre derechos humanos.

El material fue entregado para el análisis de las autoridades mexicanas y europeas, por una delegación de ONG encabezadas por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

“El mensaje que estamos enviando a las autoridades es tanto de alarma como de preocupación, sobre la grave situación que viven los defensores y los periodistas, tanto en México como en Europa”, dijo a EL UNIVERSAL Alejandra Nuño, representante del CDEHM.

“Queremos decirles que celebramos que se mantengan los espacios de participación, pero insistimos en que hay una grave carencia en la implementación de las recomendaciones para afrontar las crisis de derechos humanos. Llegó el momento de adoptar medidas concretas”, destacó por su parte Miguel Martín Zumalacárregui, de la unidad de protección de defensores de la OMCT.

La lista negra de impunidad la integran casos como el de Isidro Baldenegro, apologista ambientalista asesinado en enero de 2015 en Chihuahua; Gerson Quevedo, desaparecido en 2014 y encontrado sin vida tres años después en Veracruz, y Jorge Angel Sánchez López, cuyo paradero se desconoce desde marzo pasado luego de que fuera detenido por policías locales en Michoacán.

“Son ejemplos emblemáticos de una larga lista de impunidad y de ausencia de mecanismos de prevención y protección efectiva”, subrayó Garance Tardieu, oficial de derechos humanos de Amnistía Internacional.

Según el reporte entregado a las autoridades, de diciembre de 2012 a septiembre de 2018 por lo menos 87 activistas desaparecieron y 159 fueron asesinados, casi 50% de los casos tuvieron lugar en Guerrero y Oaxaca.

A esto se suman mil 968 eventos de agresión contra periodistas de diciembre de 2012 a 2017, 48% de ellas presuntamente cometidas por funcionarios públicos. “El problema estructural de fondo en México es la impunidad y la falta de voluntad política”, resaltó Zumalacárregui.

Las ONG ponen de ejemplo los resultados alcanzados por la Procuraduría de la República (PGR) y la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

De las 9 mil 355 investigaciones penales por delito de desaparición realizadas por la PGR, entre 2006 y 2017, solo se emitieron 15 sentencias a nivel federal; siete fueron definitivas.

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