Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el acuerdo dictado en mayo de 2020 por el Presidente para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, juristas consideran que ese tribunal está dejando de lado su papel de arbitraje constitucional y aprobando la postura del Jefe del Ejecutivo federal.
César Astudillo Reyes, jurista e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la Corte en distintas decisiones está dejando de lado cada vez más su papel de arbitraje constitucional y de garante de la Constitución.
“Esta decisión es muy endeble y lo cierto es que la discuten, la deciden en un momento en donde ya la propia Constitución cambió en el tiempo en el que deben estar las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, con lo cual si se hubieran pronunciado antes hubieran podido marcar algunos parámetros para señalar la forma, el tiempo, las modalidades en que las Fuerzas Armadas podrían cumplir esta función.
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“Pero ahora el panorama normativo ya cambió porque se amplió y en ese sentido vienen a discutirlo en un momento muy inadecuado, se tardaron en responder, archivaron el tema, lo guardaron sabedores de que venía una reforma y eso habla muy mal de la Corte”, subrayó.
El investigador expresó que los ministros administraron la resolución de ese trámite para que cuando lo resolvieran ya no fuera importante, porque ahora lo relevante es la impugnación del nuevo periodo constitucional que amplía el papel de la Fuerzas Armadas en temas de seguridad hasta 2028, esto realmente era poco relevante.
“Nos pone en la antesala de una Corte cada vez más endeble… Si en 1995 se hicieron las reformas para transformar a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional, con estas decisiones la SCJN cada vez está funcionando menos como tribunal constitucional”, indicó.
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Ignacio Morales Lechuga, jurista y exprocurador general de la República, explicó que la discusión fue sobre un decreto presidencial de 2020, en donde se resuelve que el Ejército en aquella época continuara realizando funciones de seguridad pública en el país hasta 2024.
“Eso se debería interpretar integralmente con la reforma constitucional del transitorio hasta 2028, que permite la permanencia del Ejército hasta 2028, y con la ley de la Guardia Nacional que la anexa al Ejército conservando entre comillas el mando civil.
“El peligro de una interpretación aprobatoria como la de la Corte en este momento, y estoy con el ministro Juan Luis González Alcántara, se puede interpretar que el Ejército sustituya a la GN, [y] tendremos 20 problemas de otro tipo por la falta de cuidado, limpieza, separación y respeto al texto constitucional”, refirió.
Precisó que el texto constitucional partió de origen de una GN como una policía civil con mando civil, la ley ya cambió ese texto contra la Constitución, estableciendo una GN de militares que no pierden su régimen y estatus militar, nada más con un mando civil como lo tiene el Ejército al tener como comandante supremo al Jefe del Ejecutivo federal.
El analista de seguridad, Alejandro Hope, dijo que con esta acción se avala el acuerdo presidencial de mayo de 2020 que regula el quinto transitorio, “aun si se hubieran pronunciado en contra de la constitucionalidad de este acuerdo, el quinto transitorio seguiría intacto… lo que se resuelve es por temas fundamentalmente técnicos alegando que no hay invasión de competencias”.
Detalla que el impacto práctico de esto es relativamente limitado, “no es una discusión sobre el fondo del asunto, no es una discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino el rol del Legislativo para regular esa intervención”.
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