El gobierno de la 4T, que encabeza el presidente mantuvo el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, entregado a la Cámara de Diputados el pasado miércoles y en el que le etiquetó 9 mil 262 millones 390 mil 776 pesos; sin embargo, carece de reglas detalladas de operación, no se conoce cómo serán entregados los recursos a municipios o estados ni cómo se emitirán las declaraciones de emergencia.

El pasado 28 de julio, Hacienda oficializó la desaparición del Fonden y abrogó el acuerdo por el que se emitieron las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado el pasado 3 de diciembre de 2010.

En el caso de las obras de reconstrucción, “los ejecutores de gasto deberán prever el establecimiento de medidas de mitigación que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas”.

Normas eliminadas

El pasado 28 de julio, Hacienda publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que detalló: “Se abroga el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado el 3 de diciembre de 2010”.

Con esta publicación quedaba sin efectos el acuerdo vigente con las reglas de operación del Fonden y se describía que los convenios suscritos por Hacienda y Seguridad con los estados, con relación al fondo continuarían vigentes mientras no se emitieran nuevos acuerdos.

¿Cómo operaba?

El Fonden fue creado en 1996 y era un instrumento financiero que proporcionaba suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre natural que pusiera en riesgo la vida humana, y cuando la rapidez de la actuación por parte del Sistema Nacional de Protección Civil sea esencial, Gobernación podría, según el dictamen técnico que le remita el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde le notifique la alta probabilidad de que se presente dicho evento, emitir una declaratoria de emergencia y erogar con cargo al fondo revolvente asignando los montos que considere necesarios para atenuar los efectos del posible desastre.

Para acceder a los recursos del Fonden, de acuerdo con las anteriores reglas de operación, debía haber una Declaratoria de Desastre Natural por parte de Gobernación. Primero debía venir una petición escrita de parte del gobernador del estado a la Segob cuando la atención de los daños causados por el desastre natural en su entidad rebasara su capacidad operativa y financiera, por lo que se solicitaban apoyos de la Federación con cargo al Fonden, y esta solicitud debía recibirse en un plazo no mayor a siete días hábiles contados a partir de la ocurrencia del desastre.

Para emitir la declaratoria de emergencia, la Segob debía solicitar opinión previa a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para el caso de los incendios forestales; a la Comisión Nacional del Agua, si se trataba de los fenómenos hidrometeorológicos, y al Cenapred, para los fenómenos geológicos, y corroborar la ocurrencia del desastre. En esta decisión también participaban comités de evaluación de daños.

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Nuevo programa

El pasado 8 de julio, el gobierno de la 4T, a través de Hacienda, envió a la Comisión Permanente el Proyecto de Estructura de los Programas Públicos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el que adelantaba que habría una nueva versión del Fondo de Desastres Naturales, que se llamaría Programa de Acciones Estratégicas para Enfrentar los Efectos Adversos del Cambio Climático.

Con este programa se gestionarían los recursos presupuestarios para la atención de declaratorias de emergencia de los estados que han sido rebasados en su capacidad operativa y financiera por afectaciones naturales, y estaría incluido en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, según una revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022 entregado a la Cámara de Diputados, en el anexo 16 de este documento, que se titula Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, no existe ningún programa bajo ese nombre.

Criticado

Desde que se debatió en San Lázaro la desaparición de los 109 fideicomisos (noviembre de 2020), diputados de oposición alertaron que no se plasmó claridad en los mecanismos de cómo se operará, cómo se aprobarán las acciones a favor de la sociedad afectada, cómo se pagarán las facturas que requieran las entidades o municipios ni la temporalidad de cuándo entraría en vigor en caso de que sufran daños a causa de un desastre natural.

En ese entonces acababa de pasar el huracán Delta por Yucatán y Quintana Roo.

Incluso, la bancada de Morena, a través del diputado Iván Pérez Negrón, presentó una propuesta de modificación al dictamen y derogó en su totalidad el artículo séptimo de la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde se describían algunas reglas de operación en caso de desastres naturales.

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