Privacidad y Estado democrático

Hacer de México una sociedad democrática e incluyente, caracterizada por el respeto irrestricto de derechos y libertades es un desafío que requiere transformaciones de fondo. Se necesitan cambios culturales que no hemos logrado. A pesar de las mejoras de la democracia electoral: impunidad, clientelismo, corporativismo y paranoia persisten y están al acecho para capturar a la sociedad a la menor provocación. Por eso, la revelación de que nuevamente fue vulnerada la privacidad de las personas que encabezan los trabajos del Centro Prodh no es sorprendente, pero sí indignante. Esta organización, cuya trayectoria ha trascendido los periodos sexenales, sigue siendo objeto de un asedio sistemático y persistente.

La información reciente del diario The New York Times sobre el empleo de Pegasus, por parte de los militares mexicanos, para espiar a María Luisa Aguilar y Santiago Aguirre nos devuelve al pasado que no se erradica a golpe de palabras ni de decretos. Mi solidaridad con estas y con todas las voces que han denunciado la magnitud de la violencia mexicana a lo largo de las últimas décadas.

Ya en 2017, tres personas del Centro Prodh fueron víctimas de espionaje con los mismos métodos, con la misma ilegalidad. Esto no es una casualidad. Desde su fundación en 1988, el Centro Prodh se ha posicionado como una institución central para la defensa de los derechos humanos en nuestro país, por lo que los ataques han sido una constante. Lo verdaderamente sorprendente es que estos hayan trascendido la lógica sexenal. Se trata de una actuación que parece inherente a la estructura del estado mexicano y que responde a una forma de ejercer el poder, más allá de los estilos personales y de las éticas particulares. Urge un compromiso estatal firme con los derechos humanos debido a que estos son garantes de una ética pública imprescindible.

Los estándares de protección en materia de derechos humanos establecen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Bajo una democracia constitucional efectiva, el derecho a la privacidad es un baluarte en el que descansa el ejercicio y disfrute de otras libertades. Se trata de un derecho que permite a las personas disfrutar una vida ajena al escrutinio arbitrario de los poderes públicos, controlar la información que el Estado recopila sobre ellas y delimitar el modo como éste podrá entrometerse en su ámbito personal y familiar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha reconocido la existencia del derecho a la privacidad en el artículo 16 constitucional, el cual permite a las personas ejercer control sobre su información personal, proteger su vida privada y resguardar su intimidad. Ello explica la importancia de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): su independencia es un contrapeso fundamental frente a la cultura de impunidad persistente. La rendición de cuentas y la protección frente a injerencias arbitrarias son criterios de salud democrática que no deben ser soslayados en nombre de ningún proyecto. De ninguno.

Cuando fui director del Centro Prodh, en diversas ocasiones recibí mensajes amenazantes que buscaron amedrentarme, no solo a mi sino a los miembros del equipo. Al leerlos, descubrí que me habían arrebatado partes importantes de mi vida privada. Por eso, entiendo perfectamente la situación a la que se enfrentan hoy Santiago y María Luisa. A diferencia de quienes hoy encabezan el Prodh, en aquellos años, corrí con suerte: nunca se cernió directamente sobre mí la sombra de un poder armado desafiante. Refrendo mi solidaridad con ambas personas del Centro Prodh. Pienso también en quienes diariamente se encuentran a merced de ese poder sin la garantía de que sus voces serán escuchadas por la justicia en comunidades marginales.

El país que queremos requiere una nueva cultura de derechos y libertades, abierta al escrutinio de toda la sociedad, con garantías para la participación igualitaria, sin pretensiones dogmáticas y sin temor al debate y al disenso. Esto es más que necesario hoy, en la antesala de un proceso político complejo. Para trascender esa coyuntura necesitamos una ética que trascienda los compromisos particulares y estructuras renovadas no solo por las palabras sino por las prácticas.

Rector de la Universidad Iberoamericana-CDMX