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El Congreso mexicano debe terminar la parálisis voluntaria que se impuso y adoptar así medidas urgentes y de mediano plazo que atiendan las consecuencias económicas, políticas y sociales de la declaración de emergencia por la pandemia del coronavirus , plantean especialistas y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en un artículo que hoy publica EL UNIVERSAL.
Mientras a nivel internacional hay sesiones en el Consejo Europeo, en Reino Unido, Francia, España, Argentina, Chile, –presenciales o a distancia– para comprar equipo médico, definir reformas y presupuestos que den protección y seguridad laboral, en México desde hace semanas, los diputados y senadores han declinado cumplir con el encargo que les dieron millones de mexicanos, a pesar de que la actividad legislativa es una actividad esencial que no debe detenerse, señalan Sergio López Ayllón, director general del CIDE; Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ-UNAM; Issa Luna Plá, secretaria académica del IIJ-UNAM; Javier Martín Reyes, profesor/investigador del CIDE, y Juan Jesús Garza Onofre, investigador del IIJ-UNAM.
El país se enfrenta a un problema constitucional: el Congreso de la Unión ha dejado de funcionar, mencionan en el texto Democracia en vilo —y la Constitución también.
Agregan que en días pasados surgió un “tímido interés” sobre la necesidad de reanudar las labores parlamentarias. “Pero el motivo de la discusión ha sido la petición del Presidente de que sea aprobada su iniciativa de ley de amnistía. Estamos en problemas: la causa del debate no es la urgencia de normalizar el orden constitucional, sino el apremio por satisfacer la voluntad presidencial”.
El Congreso debe terminar su voluntaria siesta y retomar su papel central en las decisiones que, si son adecuadas, permitirán reconstruir el futuro de México, afirman.
