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Durante la inauguración del XVL Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabezó la UNAM, la ministra presidenta Norma Piña, señaló que las autoridades, los gobernantes y los ciudadanos deben cumplir las leyes, con ello se preserva el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a la división de poderes, ya que son elementos básicos para un Estado Constitucional.
“Como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ellas emanan. La conservación y el respeto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un Estado constitucional”, agregó.
Norma Piña aseguró que el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. En tanto, es de relevancia que dicho Congreso Iberoamericano se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo XXI.
Compartió que el país atraviesa momentos muy delicados y difíciles, ya que, en las últimas semanas, el país ha sido testigo de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México.
Destacó que la sociedad mexicana está perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos, ante la politización de la justicia.
Norma Piña compartió que, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, ha hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional.
“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país”, expresó.
Hizo hincapié, que uno de los propósitos de un poder judicial independiente y lo subrayó, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos.
La ministra presidenta Norma Piña dijo que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe evaluarse, debatirse y enriquecerse.
Además, cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias es prudente poner atención.
“La independencia judicial como patrimonio de la humanidad está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura”, subrayó.
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Asimismo, la democracia constitucional implica, por tanto, no solo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad.
Norma Piña recalcó que un gobierno de un todo debe ser de mayorías y de minorías, donde se escucha a todos y donde no se desoye a nadie.
En ese sentido, un gobierno en suma donde se garantizan los derechos fundamentales universales, interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano.
Por ello, en el ámbito de sus competencias deben mantenerse fieles a sus convicciones y seguir trabajando por la independencia y autonomía del poder judicial.
“Las circunstancias actuales nos impulsan a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y a los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad”, aseguró.
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