Los derechos humanos en las comunidades fronterizas de Estados Unidos sí importan

Por GABRIELA RODRÍGUEZ CLARK

Soy migrante, originaria de la Ciudad de México y resido desde hace 15 años en una comunidad fronteriza al sur del estado de Arizona. Diariamente miles de personas que vivimos en las zonas fronterizas somos testigos del incremento en las políticas antiinmigrantes que implementa el gobierno de Estados Unidos, las cuales se ven reflejadas en múltiples situaciones desfavorables, tales como los procedimientos de aceleración de deportaciones, aumento en la construcción del muro fronterizo, implementación de operativos de detención de personas indocumentadas, dificultad para la aprobación de las solicitudes de asilo, penalización de la migración indocumentada, situación que deriva en el encarcelamiento de migrantes; retorno de solicitantes de asilo a terceros países –como México–, incremento en el número de agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) – incluyendo a Oficiales de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés)–, lo cual ha provocado un miedo generalizado de la comunidad migrante que reside en Estados Unidos.

En este sentido, los mecanismos de fortalecimiento fronterizo, las operaciones policiacas discriminatorias, la construcción de muros cada vez más resguardados, la prohibición del uso de servicios públicos federales por parte de los inmigrantes, y las denuncias antiinmigrantes derivadas del resurgimiento de un nuevo nacionalismo, parecieran convertir a Estados Unidos en un país que intenta excluirse de la influencia y el impacto inevitable de las migraciones internacionales.

Es así como la política migratoria estadounidense ha aplicado de manera unilateral las medidas de reforzamiento de seguridad, aprovechando el contexto internacional, los momentos económicos, ya sea de auge o de crisis, el ambiente político nacional (presiones de grupos de la sociedad, elecciones, xenofobia, grupos a favor de la inmigración, etcétera), entre otros. Todos estos cambios se han dado como respuesta a coyunturas políticas específicas y como consecuencia de presiones por parte de los grupos influyentes en la sociedad norteamericana.

A pesar de todo, este sistema de respuesta coyuntural no ha funcionado en el caso mexicano. Las relaciones sociales establecidas por generaciones entre ambos países hacen imposible detener la migración con medidas de control fronterizo, por más sofisticadas que éstas sean, menos aún con disposiciones migratorias. Por más barreras que se levanten en la frontera México-Estados Unidos, no se puede negar una historia de siglos compartida, menos aún un contexto de vecindad, aunque siempre ha estado presente la asimetría en todos los sentidos entre ambos países.

La dimensión social de este fenómeno lo conforman los miles de personas que han participado a lo largo del tiempo en el proceso migratorio y que han ido creando una compleja red de relaciones sociales, culturales, políticas, comunitarias, económicas, familiares y personales; que han hecho de las comunidades fronterizas y de la migración México-Estados Unidos un fenómeno particular y diferente a todas las demás migraciones que se han dado a nivel mundial.

No obstante, a pesar de este contexto de vecindad que existe entre nuestros países, más del 85% de los agentes de CBP están desplegados en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta agencia realiza diariamente detenciones sin ninguna orden judicial en cualquier lugar situado a menos de 160 kilómetros de las fronteras terrestres o marítimas de Estados Unidos, estableciendo puestos de control, ingresando a propiedades privadas, registrando vehículos y medios de transporte público y llevando a cabo detenciones en donde se implementa el perfil racial, interrogando a cualquier persona que pudiera ser sospechosa de no ser ciudadano norteamericano. Básicamente cualquier persona que no parezca anglosajona.

La presencia imperante de los agentes de CBP – incluyendo los oficiales de la Patrulla Fronteriza ­– han generado un ambiente de hostilidad y de mucha tensión para los 19 millones de personas que vivimos en las comunidades fronterizas de Estados Unidos, desde San Diego (California) hasta el Valle del Río Grande (Texas), el respeto a la vida y a los derechos humanos fundamentales de las personas sólo existen en la teoría, más no en la práctica.

Como ejemplo de lo anterior, más de 270 ciudadanos estadounidenses y extranjeros han muerto en encuentros con agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010 a la fecha. Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas son de nacionalidad mexicana. Asimismo, los incidentes de uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos han aumentado de 600 a más de 900 incidentes al año aproximadamente en los últimos tres años y posiblemente se alcance nuevo máximo en 2023.

A pesar de las crecientes tasas de asesinatos e incidentes de uso de fuerza, CBP sigue ignorando las normas de derechos humanos y en su lugar se basa en políticas deficientes de uso de la fuerza. La ley federal no establece un estándar nacional de uso de la fuerza. Además, las víctimas de homicidios en la frontera y sus familiares enfrentan una serie de dificultades para acceder a la justicia en Estados Unidos, ya que las acciones disciplinarias, civiles o penales en contra de los agentes fronterizos estadounidenses que prosperan son extremadamente raras en los casos de asesinatos. Lo anterior se debe a la existencia del sistema ineficiente de CBP para procesar las denuncias de abusos y mala conducta de sus oficiales, por lo que la Junta Nacional de Revisión del Uso de la Fuerza ha exonerado a todos los oficiales culpables.

Si esto no fuera suficiente, el Tribunal Supremo ha dictaminado que no se puede demandar a un oficial ante un tribunal civil por violaciones constitucionales como la privación de la vida hasta que el Congreso legisle para permitirlo, y hasta el momento no lo ha hecho. De la misma manera, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado todas las investigaciones penales de asesinatos en la frontera, excepto una, sin presentar cargos, por lo que hasta el momento ningún agente de patrulla fronteriza ha sido condenado por privar de la vida a una persona en “función de servicio”.

Esto ha generado una gran decepción en las familias de las personas que han sido víctimas de los oficiales de la Patrulla Fronteriza, quienes exigen justicia de manera incansable para que los casos de sus seres queridos no queden en el olvido y se castigue a los agresores.

Si bien las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza se guían por el imperativo de proteger el derecho a la vida -un derecho supremo e inderogable- de la privación arbitraria por parte del Estado, la política de CBP ha sido permisiva para los agentes fronterizos, quienes siguen haciendo un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza. El abuso y la impunidad de los oficiales de CBP suponen un riesgo significativo para las personas con las que se encuentran, incluidos ciudadanos, inmigrantes y visitantes.

Debido a éstas y más razones, las personas que vivimos en las comunidades fronterizas deseamos vivir en un lugar en donde se promuevan políticas y soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, a fin de asegurar que dichas políticas y prácticas de aplicación de la ley en la frontera sean responsables, justas, y que respeten la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.

Es por eso que ahora estamos en un momento crucial para poder sumarnos a iniciativas que promulguen el respeto cabal de los derechos humanos. En este sentido, el 10 de diciembre de este año se celebrará el 75° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas comprometidas con el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas, haremos un llamado al Presidente Biden, a fin de que Estados Unidos se comprometa a proteger los derechos humanos y a cambiar su norma del uso de la fuerza en contra de nuestras comunidades.

La campaña Empieza con Dignidad representa esa gran oportunidad para hacer la diferencia y exigir al Gobierno de Estados Unidos que respete nuestra vida, nuestros derechos humanos fundamentales y nuestra dignidad.

Visita https://www.startwithdignity.org/ y firma la petición.

Southern Border Communities Coalition