Una cabeza de tortuga carey, decapitada, sin concha ni cuerpo, sobre la arena teñida de rojo. La encontraron una noche de este 2021 los voluntarios del Club de la Tortuga de Telchac Puerto, en uno de los recorridos que realizan casi cada día para buscar nidos de tortugas y protegerlos en la playa de 18 kilómetros, contigua a la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán.
De haberse capturado al responsable, la pena de cárcel hubiera ido de cuatro a 12 años de cárcel, con una multa de 42 mil a 564 mil pesos, por el artículo 420 del Código Penal Federal, con el agravante de que el hecho ocurrió en un Área Natural Protegida (ANP). No habrá justicia, según la gente del club, a no ser que encuentren a la persona con un cuchillo en una mano y el cadáver del animal en la otra.
Según diversas solicitudes de acceso a la información realizadas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tienen registrados 4 mil 264 delitos ambientales de 2006 a 2020 en las 182 Áreas Naturales que hay en México. De 834 en los que hay un seguimiento por parte de las diversas direcciones de la comisión, sólo hay denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 643, se llegó a investigar en 62 y sólo se resolvieron 50, quedando archivados o prescritos 79, muchos bajo la explicación de “Concluido sin acción penal por obstáculo material insuperable”. Resumiendo: de 834 delitos en los que hay registros, 94% quedaron impunes.
Entre la tipología destacan los cometidos a las infracciones de tipo turístico, con unos mil registrados; los cambios de uso de suelo y desmonte vegetal, con 500; la pesca ilegal, con 350; la tala ilegal, con 200; construcciones ilegales, 500; relacionados con barcos como encallamientos o fondear donde no deben, 240, y cerca de un centenar relacionados con la extracción ilegal de material pétreo o minas.
“Las ANPs son uno de los principales instrumentos para conservar hábitats y la diversidad biológica, y mantener funciones ambientales como la protección de cuencas, el abastecimiento de aguas y la regulación del clima, con un componente cultural muy importante”, argumenta Enrique Jardel, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
En el caso de la franja de 18 kilómetros de costa que vigilan los voluntarios del Club de la Tortuga de Telchac Puerto, los peligros vienen tanto del turismo de alto poder adquisitivo como de la población local, explica Minerva Cano, bióloga y líder del grupo.
“La zona turística está muy urbanizada, entonces las construcciones mal planeadas sobre la arena y las dunas erosionan la costa y deforestan la duna, afectando la anidación; también, como tienen en la playa sus veleros, lanchas y motos de agua, tienen focos gigantes que los alumbran toda la noche, y esto desorienta completamente a las tortugas, que no pueden llegar al mar y mueren; también tenemos un problema con los adolescentes que se meten en la playa con sus vehículos todoterreno, y eso que ponemos carteles.
“Luego, entre la gente local, que no tienen una economía muy boyante, pescan y cazan tortugas para comer y vender, además de depredar los nidos, ya que cada huevo se vende entre tres y cuatro pesos”, lamenta. “Sólo lo detectamos cuando encontramos caparazones y vísceras en la playa,”. Las tortugas que habitan y anidan en su playa están en estado crítico de extinción y protegidas por la ley.
Impunidad ambiental
En la información sistematizada de la comisión hay unos cuantos delitos que están bien documentados. En 2016, en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, se denunció a un cazador que le encontraron fotos trofeo con un cocodrilo de una especie sujeta a protección especial; en 2012, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Pico de Tancítaro, se detectó tala ilegal de una veintena de árboles enormes para ampliar en cinco hectáreas una plantación de aguacates y el pasado 2020, en el Parque Natural Cabo Pulmo, se estuvieron detectando durante “cuatro semanas presencia constante de pescadores furtivos”. En todos estos casos se dio aviso a la Procuraduría y en ninguno hubo consecuencias ni detenidos.
Las consecuencias de esta impunidadl se explican en el informe Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla. “La justicia ambiental es una demanda social, ante la ocurrencia de actos que suponen destrucción de ecosistemas, saqueo de recursos naturales y prácticas económicas que ponen en riesgo la salud. Los ataques contra activistas ambientales son especialmente alarmantes en América Latina y en México. Nos advierten sobre la importancia de mejorar el registro estadístico sobre delitos relacionados con el medio ambiente y la necesidad de aumentar capacidades para garantizar justicia ambiental y crear mecanismos más efectivos para proteger a activistas, defensores ambientales y líderes que enfrentan amenazas como resultado de sus actividades”, se lee entre sus páginas.
Sin dinero para justicia ambiental
Aumentar esas capacidades pasa necesariamente por asignar más presupuesto, pero la administración mexicana se mueve en dirección contraria. La comisión y la Procuraduría tuvieron un pico presupuestal en 2016, con mil 350 y 960 millones de pesos, respectivamente, pero este 2020 tuvieron una bajada a 860 y 790 millones de pesos. La comisión administra 182 Áreas Naturales de carácter federal que representan 90 millones de hectáreas; 21 millones corresponden a superficie terrestre protegida; 11% de la superficie terrestre nacional, y 69 millones son de superficie marina, 22% del total nacional.
El profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México Eduardo Vega analiza esta parte de las finanzas públicas en su estudio La erosión presupuestal de la política ambiental mexicana. “Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus órganos administrativos desconcentrados, sus entidades apoyadas y su sector central, tal desplome presupuestal ha representado severas disminuciones en términos reales: de 2015 a 2018 la caída fue de 63.7%; de 2018 a 2020 fue de 26%. Las evidencias no pueden ser más expresivas acerca de la virtual inoperancia de muchos de los importantes rubros de la acción pública en materia ambiental”, dice el texto.
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“Pero los recortes comienzan a mediados del anterior sexenio y con la presente administración se recorta sobre el recorte, dando lugar a condiciones cada vez más precarias, y parece que consideran que estas áreas son un obstáculo para el desarrollo económico”, agrega Jardel
Cuestionada al respecto de la bajada de presupuesto, la comisión responde que “en el ejercicio fiscal 2016 la Comisión Nacional tuvo un presupuesto autorizado de mil 358.6 millones de pesos, que involucraba el Programa de Subsidios S046 con el Componente de Compensación Social para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina con un presupuesto de 344.8 mdp”, y que “en el ejercicio fiscal 2019 el presupuesto autorizado tuvo una reducción de -37.9% con respecto al año 2016, pues ya no operaba el Componente de Compensación antes mencionado, lo que en términos reales no tenía un impacto directo con la operación de las ANP.
“La disminución del presupuesto es resultado, en parte, de la recanalización de los subsidios que dejaron de operarse desde la Conanp y cuyos objetivos se dirigieron hacia otras dependencias”, concluyen.
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