El Riesgo que acecha nuestros derechos y libertades
Sergio García Ramírez
Hubo un tiempo, que no es el nuestro (supongo), en que imperó la voluntad del gobernante. Estuvimos a merced de la fuerza y el capricho. Pero las cosas cambiaron (también supongo). Estamos construyendo una sociedad democrática , bajo el principio de legalidad. Los ciudadanos (ni siervos ni vasallos) ejercen sus derechos al amparo de la ley. El rumbo de la sociedad se resuelve en las urnas.
En estos días, tiempo sombrío, hemos visto “reverdecer los laureles” del autoritarismo. Se desafía la legalidad y se agravia a las instituciones de la República. Se vulnera el Estado de Derecho y se comprometen los derechos de los ciudadanos. La concentración del poder pretende avanzar por encima de la ley y la razón, sin frenos ni contrapesos efectivos.
Los ciudadanos definiremos en las urnas el porvenir de la República. Grave decisión. Deberemos identificar con lucidez la circunstancia en que nos encontramos y actuar con firmeza en favor de la democracia. Podríamos perder en un momento lo que conseguimos en mucho tiempo. Ese es el riesgo que acecha. No dejemos que retrocedan las manecillas de la historia, llevándose nuestros derechos y nuestra libertad.
Profesor emérito de la UNAM.
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¿El poder desde el cinismo?
María Marván Laborde
A riesgo de parecer reduccionistas, la transición a la democracia trajo dos cambios esenciales: primero la legitimación de la pluralidad política hasta sus últimas consecuencias y segundo la reestructura del Estado democrático de derecho para contener el poder presidencial.
A pesar de la tradicional debilidad del Estado de derecho en México, hubo un cambio social, político y cultural: exigir al gobernante cumplir la ley. Podemos dudar de su eficacia, pero no de su existencia.
Ahora para el presidente la legalidad es un estorbo; la oposición, un enemigo. A la oposición hay que destruirla. La ley no debe prevalecer si es contraria a su justicia.
No sólo hay un cambio de lenguaje, la desvergüenza con la que el presidente justifica su intromisión en el proceso electoral, hace palidecer las facultades metaconstitucionales del viejo autoritarismo priísta . El presidente hace gala de la ilegalidad. El Estado es él, la justicia es él, la autoridad es él. El poder se hizo cínico, quizá como nunca antes.
Investigadora del IIJ-UNAM.
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Viejas reglas con renovada enjundia
Leonardo Curzio
Toda elección tiene riesgos y la de junio no es la excepción. Los viejos problemas no cesan y los nuevos proliferan. Entre los viejos figura la compra del voto, el dinero a chorros y la violencia. La compra del voto es una práctica indignante que se ha focalizado en el caso De la Garza, pero SLP e Iztapalapa no son muy diferentes. El dinero bajo la mesa (reportado por Casar y Ugalde) sigue fluyendo a juzgar por los espectaculares que pueden verse en demarcaciones tan céntricas como Miguel Hidalgo. Parece increíble que con topes de campaña tan acotados se pueda mantener un despliegue tan conspicuo. Tenemos también la violencia, ya apuntada por Leonel Fernández . como un tema grave en 2018. Suben en 66% los episodios de violencia (según Rubén Salazar) y se han registrado 83 homicidios ligados al proceso sin que, hasta ahora, se concrete un mensaje de certidumbre.
A lo viejo hay que sumar lo de hoy, que son tres elementos inquietantes: a) las constantes y desembozadas intervenciones del Presidente en campañas y b) su ánimo de deslegitimar al INE para, llegado el caso, impugnar desde el poder un resultado no favorable: está anticipando (como Trump ) el fraude y tiene como rehén al órgano electoral. Las intervenciones presidenciales son contrarias a la letra y el espíritu constitucional y amenazan la integridad del proceso. c) López Obrador ha optado, además, por la utilización de las instituciones del Estado para crear un ambiente adverso a la oposición. Queda claro que la democracia no es su lengua materna; juega con más enjundia y sin disimulo con las cartas marcadas del viejo sistema, incluidos desafueros, filtraciones y un uso inequitativo de los recursos del Estado.
Investigador del CISAN.
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Cuidemos a México
Miguel Carbonell
No recuerdo algún otro proceso electoral en el que tantas cosas estuvieran en juego como el actual. El Presidente de la República lo ha dicho con claridad: si los resultados le favorecen y tiene los apoyos suficientes, va a intentar desaparecer al INE en primer lugar, luego al INAI y a los demás órganos constitucionales autónomos. Se le agradece su sinceridad. Lo que tenemos que decidir en las urnas el próximo 6 de junio es si queremos que sean los ciudadanos, a través del INE, los que contemos los votos y organicemos las elecciones, o si los votos serán mejor contados a manos del gobierno. Parece que la respuesta es clara.
La construcción de un sistema electoral confiable y transparente nos ha tomado más de 30 años. No ha sido resultado de los afanes de algún partido político, sino un logro colectivo de la sociedad mexicana, en el cual hemos invertido miles de millones de pesos. El sentido común indicaría que se trata de una inversión que hay que cuidar.
Pero además, el 6 de junio estará también en juego el sistema de pesos y contrapesos propio de toda democracia constitucional. La pregunta es muy sencilla: ¿va Usted a dormir más tranquilo si le entrega todo el poder a un partido político o si el poder está repartido entre varios actores, que se equilibran y controlan entre ellos? De nuevo, me parece que la respuesta es bastante obvia.
Investigador del IIJ-UNAM.
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Legalidad al límite como estrategia electoral
Karina Ansolabehere
En épocas electorales vivimos una paradoja alrededor de la legalidad y el estado de derecho. Así fue en las elecciones anteriores, y éstas no son la excepción. Pareciera no importar cuánto elaboremos las reglas electorales, las formas de sortearlas se recrean.
Por una parte, estamos ante una materia, (la electoral), fuertemente regulada. Diferentes reformas han establecido pautas y reglas de conducta estrictas entre los contendientes en el proceso electoral. Reglas que también aplican para otros actores, no directamente contendientes, pero que pueden desbalancear el juego, como es el caso del Presidente y de los órganos electorales. Esta regulación debería regir, sin mayores sobresaltos, el proceso.
Pero, alternativamente, se hacen públicos mecanismos variados que caminan en las cornisas de la legalidad, y extienden los límites de ésta hasta que su resistencia comienza a ceder.
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No sólo pienso aquí en los asuntos más polémicos de esta contienda. Recordemos, en elecciones pasadas, el caso de “las Juanitas”: cuando se designaron mujeres como candidatas que, cuando fueron electas, renunciaron a favor de sus suplentes hombres. O las tarjetas monex ; la anticipación de actos de campaña, etc.
Estas elecciones no parecen escapar a la paradoja de la regulación puntillosa, que no logra contener los desafíos reiterados a la legalidad.
Aspiramos a que el derecho encauce la disputa por el poder de manera equitativa. Sin embargo, la historia de la legalidad al límite, antes que la legalidad como límite, alerta acerca de lo peligroso de jugar en las fronteras del estado de derecho. Sobre todo cuando este “juego” lo practican quienes serán los artífices del destino político y el contenido de las normas jurídicas en el país.
Investigadora del IIJ-UNAM/FLACSO-México.
¿La ilegalidad desde el poder?
Catalina Pérez Correa
El poder, escribía Madison en el Federalista, tiende a extenderse. Por ello se necesitan leyes claras y un sistema de división de poderes y de frenos y contrapesos. “Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo.”
Nuestro sistema constitucional contempla diversos mecanismos de frenos y contrapesos. El poder se separa en diferentes esferas para limitar su concentración y ejercicio. Pero también para asegurar los derechos y libertades de las personas. Si no es la ley -los derechos- lo que establece límites al ejercicio del poder, si el poder no se limita ante la ley ¿qué determina sus límites? Más aún, si no es la ley ¿qué es lo que le da legitimidad al poder?
Investigadora del CIDE.
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El placebo de la justicia
Francisco Valdés Ugalde
En un arrebato casi místico, el presidente López Obrador dijo hace dos años que si lo ponían a escoger entre la ley y la justicia optaría por la justicia. Las razones que ha esgrimido para tomar una decisión tan anti-liberal son maniqueas y absurdas, pero le sirven para desafiar y violar abiertamente el orden jurídico desde la cabeza del Estado.
Sin embargo, AMLO es presidente por obra y gracia de la legalidad que se construyó en la transición democrática , esa legalidad que ha producido justicia en la forma de elecciones limpias y justas, en poder ciudadano para elegir gobernantes, de equilibrios políticos con los que conseguimos quitarle la omnipotencia al gobierno y empoderar al pueblo que lo puso donde está.
El estado de derecho es la justicia a la que México aspira y que el presidente y Morena destruyen. Sin legalidad no habrá justicia, sino puro y duro poder autoritario presentado como placebo. Los mexicanos queremos un estado de derecho que haga justicia, no una justicia para la revancha selectiva. AMLO representa exactamente esto: la arbitrariedad del poder como engaño a los que reclamamos justicia. No caigamos en la trampa, sin legalidad no hay justicia. El 6 de junio usted elige entre el poder desnudo y sin limites o el estado de derecho en el que se finca la justicia duradera.
Académico de la UNAM.
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Impunidad electoral
Jesús Reyes Heroles G.G.
Cuando desde 1977 se pactaron sucesivas “reformas electorales” prevalecía un principio: quienes las acordaban se comprometían a sujetarse a lo que se recogiera en ley. Poco a poco se edificaron las instituciones (INE, TRIFE , FEPADE , instancias estatales) y los procedimientos para que el sistema electoral democrático de México funcionara. Y lo hizo.
El principal problema hoy es que buena parte del electorado y sus líderes ya no honran ese pacto de legalidad, comenzando con el Presidente López Obrador. El Ejecutivo viola las disposiciones de no intervención en campañas en flagrancia (en una “mañanera”, vista por millones de ciudadanos) y poco después confiesa haberlo hecho (“¿usted está metiendo la mano en las elecciones?”. Claro que sí”).
Esa flagrancia confesa del Presidente de la República, seguida de la no respuesta de las instituciones de justicia electoral han dejado a la ciudadanía atónita frente a una contundente impunidad presidencial en lo electoral, que se suma al mar de impunidades que hoy ahoga a México.
Presidente de GEA.