FGR detiene a nueve piezas clave en el entramado de Ingemar

Con la detención de Guadalupe Hernández Hinojosa, la Fiscalía General de la República (FGR) completó las detenciones clave en el entramado corporativo de la empresa Ingemar S.A. de C.V., acusada de introducir ilegalmente a territorio nacional gasolina y diesel para distribuirlo y comercializarlo, con la participación de por lo menos 11 entidades mercantiles.

El sábado, en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se ejecutó una orden de aprehensión en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México en contra de la joven contadora hidalguense, quien apenas en marzo pasado había sido encumbrada de forma exprés como directora general ejecutiva y apoderada legal de la compañía.

Con la captura, las autoridades federales cierran la pinza judicial sobre el caso más grande de contrabando de hidrocarburos por ferrotanques.

EL UNIVERSAL dio a conocer la estrategia de Ingemar, consistente en otorgar poderes amplios y universales a Guadalupe Hernández, empleada de rango administrativo medio, para utilizarla como un “chivo expiatorio” y blindar a los verdaderos dueños del negocio.

Dicha intentona fracasó ante los tribunales federales, pues las autoridades no se conformaron con la fachada legal y procedieron penalmente contra toda la estructura de mando.

Al día de hoy, suman ya nueve personas detenidas y puestas a disposición de los jueces, desmantelando por completo a los cerebros financieros, accionistas y fundadores de la firma aduanera.

Entre los principales implicados en esta red criminal, que provocó un desfalco fiscal calculado en más de 4 mil millones de pesos debido a la falsificación de declaraciones aduaneras y evasión de impuestos especiales, destaca José Merino Valdés Cuervo, socio fundador y mayoritario de Ingemar, quien fue capturado en un operativo ejecutado a mediados de julio en el municipio portuario de Ensenada, Baja California.

A pesar de los recursos de amparo interpuestos por su defensa para revertir el mandato judicial, una jueza de Distrito le negó de manera definitiva la suspensión de los actos reclamados, ratificando la medida de prisión preventiva oficiosa impuesta por el juez de la causa.

Valdés Cuervo comparte estatus de reclusión con sus socios más cercanos: el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y el cofundador de la empresa, Ricardo Thompson Navarro, detenidos simultáneamente en la península norte de México y vinculados a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

A la lista oficial de los nueve mandos de Ingemar que ya están tras las rejas se unen Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.

De acuerdo con el expediente judicial, no todos los implicados del primer círculo corporativo se encuentran en reclusión. Es el caso de Ricardo Thompson Ramírez, padre de Thompson Navarro, quien enfrenta su juicio en libertad.

Thompson Ramírez fungía como secretario del Consejo de Administración de Ingemar y es dueño de firmas logísticas aliadas, como Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.

Aunque fue formalmente vinculado a proceso penal por los jueces federales, se le concedió el beneficio de enfrentar el juicio en libertad. Dichas medidas cautelares se le dieron a cambio del retiro de su pasaporte, una fianza económica y la obligación de presentarse a firmar periódicamente en los juzgados.

De igual forma, el expediente mantiene bajo carácter de “investigado activo” y vinculado a proceso a José Carlos Thompson Guiza, cuyos movimientos de capital aduanal continúan bajo escrutinio ministerial, pero sin una orden de captura inmediata que limite su libertad de tránsito.

A pesar de la detención de las cabezas directivas de Ingemar y de su apoderada legal, el caso se encuentra lejos de estar completamente resuelto, ya que aún faltan diversas órdenes de aprehensión por cumplimentar, principalmente contra los otros involucrados encargados de declarar falsamente que los ferrotanques trasladaban aceite quemado o aditivos de bajo costo (cuando en realidad se trasladaba combustible), así como contra quienes distribuían los millones de litros de combustible robado.

Se trata de toda la red intermedia de complicidades de Ingemar, que incluye a decenas de funcionarios públicos aduanales, choferes de unidades terrestres, despachadores, tramitadores aduanales y operadores de terminales de almacenamiento privado que facilitaban el blanqueo del combustible en el mercado formal mexicano.

Aún sin inhabilitaciones

A pesar de la gravedad de los delitos imputados y los procesos penales en contra de sus dueños, Ingemar S.A. de C.V. no ha sido disuelta o liquidada, y aparece como activa en el Registro Público de Comercio.

Lo anterior responde a la naturaleza de su régimen jurídico como persona moral de carácter particular (sociedad anónima).

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Civil Federal, una empresa privada no puede ser extinguida o inhabilitada de manera definitiva como entidad mercantil hasta que un juez penal dicte una sentencia condenatoria firme e inapelable que ordene su disolución como sanción accesoria a las personas físicas.

Pese a ello, el gobierno federal ha bloqueado por completo su viabilidad operativa. Ingemar se encuentra actualmente bajo la figura jurídica de aseguramiento e intervención judicial. Esto implica que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado la totalidad de sus cuentas bancarias, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cancelado de forma provisional sus padrones de importadores de sectores específicos, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantiene suspendidos los permisos de comercialización de hidrocarburos.

Por lo anterior, aunque la empresa legalmente existe en el papel, sus operaciones comerciales son nulas y están congeladas.

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