Diputada del PRD propone trasladar impuesto a refrescos para apoyar a deportistas e infraestructura deportiva

La diputada Edna Díaz (PRD) propuso reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para trasladar lo recaudado por el impuesto especial a bebidas azucaradas para apoyar a deportistas y el desarrollo de infraestructura deportiva.

Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y septiembre del 2023, se recaudaron 37 mil 956 millones de pesos por dicho concepto.

La excampeona mundial de taekwondo señaló que su proyecto de modificación a ambas leyes deriva de la falta de apoyos a deportistas que existe actualmente, por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que encabeza Ana Gabriela Guevara; y porque no se les ha otorgado apoyo económico a los deportistas de alto rendimiento, bajo el pretexto de la falta de recursos o de la austeridad.

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“Con ello, asegurando que exista un piso mínimo de recursos que obligadamente tengan que destinarse a políticas públicas, programas y acciones que vayan enfocadas a la activación física comunitaria”, aseveró.

Dijo que es necesario atender este problema desde la raíz, ya que la falta de apoyos y de espacios de esparcimiento, así como entrenadoras y de entrenadores certificados, son los principales obstáculos para la cultura de la vida sana en nuestro país.

Díaz Acevedo recordó que desde el 2014 México logró por primera vez poner un impuesto a las bebidas azucaradas, y con ello generar incentivos para la disminución de su consumo, ya que nuestro país tiene un problema de salud que afecta a más del 60% de la población mexicana.

“Este impuesto parte de la lógica de inhibir el consumo de productos dañinos para la salud, uniéndose a los impuestos al tabaco y al alcohol. Así que el destinar recursos al deporte, recursos que son obtenidos por el concepto del impuesto a las bebidas azucaradas nos llevaría a tener mayor presupuesto, además de que mediante la Ley de Coordinación Fiscal se distribuiría a los estados y a los municipios aumentando al menos en un 70% los recursos disponibles para la generación de verdaderas políticas públicas”, finalizó.

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