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El Tribunal Constitucional de España falló ayer que el referéndum independentista de Cataluña fue anticonstitucional, dando peso legal al esfuerzo del gobierno por impedir la secesión promovida por los líderes regionales, mientras miles de catalanes protestaban ayer en las calles de Barcelona exigiendo la liberación de dos activistas separatistas encarcelados.
El fallo del Tribunal no causó sorpresa, ya que Madrid había insistido en que la votación era ilegal y aún así se llevó a cabo el pasado 1 de octubre y el resultado arrojó un 90% de votos en favor de la independencia, resultado que es desconocido por el gobierno central.
La sentencia reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos “a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno” y, por tanto, es arbitrario.
El alto tribunal español recalcó que la región de Cataluña no es sujeto del derecho de autodeterminación, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado.
“Enfrentamos un Poder Ejecutivo en el estado que usa la rama judicial para bloquear al legislativo”, dijo ayer el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, tras el fallo del Tribunal.
En tanto, unas 200 mil personas se manifestaron anoche en Barcelona contra el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición por la justicia española.
Al grito de “independencia”, y portando velas, la multitud marchó por el centro de la ciudad para reclamar la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de las organizaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana.
La manifestación culminó una jornada de movilizaciones. A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio “la liberación de los presos políticos”.
“Nos quieren dar miedo, pero yo no lo tengo. No creo que vayan a aparecer ahora por aquí con porras, pero tenemos el presentimiento de que nos harán más daño”, dijo a la AFP la sexagenaria Conchita Riera, que participó en la manifestación de la noche.
Antes, al mediodía, en la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban “libertad”, “independencia” y “la represión no es la solución”.
El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves “en solidaridad” con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.
Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2.6% a 2.3%.
Omnium y ANC convocaron una gran manifestación el sábado a las 17:00 hora local (10:00 de México) en la ciudad. Entramos en “una nueva escala de movilizaciones, que como siempre serán pacíficas, democráticas, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Serán acciones que supondrán un paso adelante, acciones directas, con la fuerza de la ciudadanía”, dijo a la prensa Marcel Mauri, portavoz de Omnium.
Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de septiembre en Barcelona una protesta contra unos registros de la Guardia Civil.
El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana. Ambos siguen en libertad pero no pueden salir del país.
Ante las múltiples voces que tildaron a los dos líderes independentistas de “presos políticos”, el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, dijo este martes en declaraciones a Catalunya Radio: “Nos equivocaremos si juzgamos a la jueza, aquí hay separación de poderes”.
En el plano económico, ayer se supo que, en lo que va de octubre, 691 empresas han trasladado sus sedes sociales de Cataluña, más que en los nueves meses previos de 2017, según el Colegio de Registradores.
Reino Unido no reconocerá independencia. Reino Unido no reconocerá una declaración de independencia de Cataluña, aseguró ayer la primera ministra Theresa May al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, mientras sigue la crisis entre el ejecutivo y los separatistas.
“La primera ministra reiteró que Reino Unido considera que el referéndum no tiene base legal y que cualquier declaración unilateral de independencia sería incompatible con el Estado de derecho”, informó un portavoz de May después de que ésta mantuviera una conversación telefónica con Rajoy.
La dirigente británica añadió que “Reino Unido no reconocerá semejante declaración de independencia de Cataluña”, agregó el portavoz de Downing Street.
Esas declaraciones de May llegan más de dos semanas después del referéndum de independencia ilegal celebrado el 1 de octubre en Cataluña. En un primer momento el ministerio de Relaciones Exteriores británico había reaccionado pidiendo que “la ley y la Constitución española fueran respetadas”.
Por su parte, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, pidió a las autoridades españolas a respetar “el derecho de los catalanes a decidir su propio futuro”.
