El castigo


Las sanciones a Nicaragua podrían imponerse al amparo de la Carta, aprobada en 2001 por los 34 en Perú. Con la Carta, los 34 se comprometieron a fortalecer y preservar la democracia y aceptaron que la ruptura del orden democrático o su alteración en cualquiera de sus integrantes será un “obstáculo insuperable” para su participación en el organismo hemisférico.

El artículo 21 de la Carta definió que, si la Asamblea General de la OEA constata la ruptura del orden democrático en uno de sus países, podrá suspenderlo de inmediato “del ejercicio de participar” en el organismo continental con “el voto afirmativo de los dos tercios” de los 34.

La OEA confirmó que se requiere de un mínimo de 24 votos para aplicar la Carta. La única vez que se aplicó fue en julio de 2009 al suspenderse a Honduras de la OEA por el golpe de Estado del 28 de junio de ese año contra el entonces presidente, Manuel Zelaya. Honduras retornó a la OEA en junio de 2011.

En un precedente clave, la OEA aprobó el pasado 20 de octubre por 26 votos a favor y seis abstenciones—México, Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, Barbados y San Vicente y las Granadas—una resolución que exigió a Managua liberar a los presos políticos y denunció “el empeño” de Ortega y Murillo de “minar el proceso electoral”.

Los 26 decidieron que en Guatemala valorarán esta semana las elecciones en Nicaragua. De mantenerse firmes, los 26 podrían superar el mínimo requerido en la Carta para suspender a Nicaragua.

A diferencia de 2011, cuando la oposición participó y Ortega venció en un fraude denunciado en el exterior, y de 2016, sin presencia opositora y con partidos títeres del régimen, los comicios de 2021 quedaron marcados por los arrestos de junio y julio de este año y la represión oficialista que se desató con el estallido de protestas opositoras desde abril de 2018.

Para las votaciones de 2011, los observadores en Nicaragua de la OEA denunciaron “obstáculos” y los de la Unión Europea (UE) se refirieron a “trabas”, “opacidad” y a “tantas trampas en un proceso electoral que debió ser limpio y transparente”.

Sin observadores de OEA y UE ni presencia de la oposición real, hechos similares ocurrieron en 2016 en una abstención superior al 70%.

El abstencionismo de 2021 osciló del 81.5% —más de 3.6 millones de electores en un padrón de 4.4 millones— anunciado por Urnas Abiertas, observatorio nicaragüense no estatal y multidisciplinario, al 34.77% — un millón y medio de votantes— proclamado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo dominio de Ortega.

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