Una jueza de la Corte Suprema de Brasil suspendió hoy la polémica normativa aprobada por el gobierno del presidente Michel Temer que suaviza la legislación contra el trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, que provocó una oleada de críticas.

La jueza Rosa Weber, uno de los 11 magistrados que componen el Supremo Tribunal Federal (STF), determinó que la normativa infringe la Constitución al violar la dignidad humana y la suspendió con carácter preliminar, hasta que el plenario de la Corte Suprema analice el caso.

“No se adapta con lo que exigen el ordenamiento jurídico patrio, los instrumentos internacionales celebrados por Brasil y la jurisprudencia de los tribunales sobre el tema”, dijo la magistrada, quien aceptó el pedido del partido Rede de revocar la norma.

Brasil, el último país de toda América en abolir la esclavitud en 1888, recibió una oleada de críticas por parte de organizaciones civiles, Naciones Unidas y la Unión Europea después de que el gobierno suavizó la legislación que combate la explotación de trabajadores, común en áreas rurales del interior del país y en plantaciones de monocultivos .

El ministro de Trabajo de Brasil, Ronaldo Nogueir a, firmó el día 16 una normativa que modifica cómo los fiscales determinan si un empleador está sometiendo a sus trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud moderna, y restringió su uso solo a casos en que hay coerción contra el empleado.

De esta forma, quedarían fuera cuestiones hasta ahora consideradas como el riesgo a la salud, la vida, la duración de las jornadas o el trabajo forzado.

Asimismo el nuevo texto también dejaba en manos del ministro la publicación de la lista de empresas que cada año es sancionada por el Ministerio de Trabajo por tener empleados en condiciones análogas a la esclavitud, mientras que hasta ahora su publicación era obligatoria .

Los cambios en la normativa fueron adoptados en el marco en que Temer –denunciado dos veces por la Fiscalía por corrupción- negocia con parlamentarios a cambio de apoyo político para frenar la demanda contra él por asociación ilícita que el Congreso se prepara para votar.

La llamada “bancada ruralista” –un grupo heterogéneo de unos 200 diputados que representan los intereses de los grandes productores rurales y las multinacionales del sector agrícola- habría pedido a Temer la modificación en la norma, a cambio de su apoyo político para frenar la denuncia en la sede legislativa.

El Ministerio Público, la oposición, e incluso ministros del propio Ejecutivo ya habían pedido la modificación del controvertido texto, pero el gobierno quiere esperar a que se vote la denuncia contra Temer –y eventualmente sea archivada- antes de modificarlo.

lsm

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