Prisión, el triste destino de la oposición en Cuba

El régimen cubano confirmó ayer que, en un total de 79 cubanos, hay 55 menores, con 28 en prisión provisional, procesados por el 11—J por “actos vandálicos” contra autoridades, personas y bienes y por “graves alteraciones del orden”

Prisión, el triste destino de la oposición en Cuba
Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 23 años de prisión (izq.) y a la derecha su padre, Luis Wilber Aguilar Delgado. Foto: Cortesía
Mundo 26/01/2022 04:18 José Meléndez, corresponsal Actualizada 05:39
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San José. – En 2014 y con 13 años de edad, el cubano Walnier Luis Aguilar Rivera fue diagnosticado en Cuba como persona con discapacidad intelectual o retraso mental y necesitada de recibir una educación especial. En 2022 y con 21, Aguilar fue condenado por el aparato judicial de la revolución comunista cubana a 23 años de cárcel por sedición por participar en las protestas callejeras que estallaron en la isla el 11 de julio (11-J) de 2021 para exigir democracia y libertad. 

El caso de Aguilar, denunciado el lunes anterior por el (no estatal) Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que opera como mecanismo de la Organización de Naciones Unidos (ONU), se sumó a una numerosa lista de cubanos condenados este mes por la revolución cubano por el 11-J. 

“La denegación de una prueba médico/psiquiátrico forense en la fase investigativa y judicial, certificaba la predisposición a condenarle”, aseguró el OCDH un reporte que envió a EL UNIVERSAL

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Aguilar Rivera sufrió arresto arbitrario el 20 de julio, y desaparición forzada por espacio de siete días. Fue confinado junto a delincuentes comunes. Se le impidió el inmediato acceso a sus padres, a los medicamentos que requiere, y a abogados”, aseguró. 

Tras aducir que “la figura delictiva de sedición está escogida para sembrar terror en la población cubana”, el Observatorio recordó que “prevé condenas que oscilan entre los 10 y 20 años de cárcel, o la posible pena de muerte”. 

“La imputación, juzgamiento y probable condena por sedición forma parte esencial del patrón represivo ejemplarizante que se ha diseñado contra jóvenes que no han cejado en el deseo de seguir exigiendo derechos y libertades, y Walnier Luis es víctima del plan”, añadió. 

La Fiscalía General de Cuba admitió ayer que 790 cubanos, entre ellos 55 menores de 16 a 18 años con 28 en prisión provisional, son procesados por el 11-J por “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. 

De otros 27 menores de 16, a 10 se les internó “en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos” y a 17 se le sometió a atención individualizada en la escuela donde estudian, agregó. 

Al precisar que ya hubo 84 juicios con 44 sentencias contra 172 personas, la Fiscalía alegó que verificó “el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso”, pese a las “manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos”. 

Una ronda de juicios se realiza esta semana. 


A los juicios a “puertas cerradas” sólo se permite que acuda un familiar de los acusados, describió el periódico digital 14ymedio.com, que opera en Cuba en la semiclandestinidad. 

Varias integrantes de Las Damas de Blanco, organización disidente creada en 2003 por madres, esposas, hijas y parientes de presos políticos, fueron arrestadas en La Habana el domingo pasado y liberadas ese día con multas y advertencias, por acudir a una protesta pacífica a favor de los encarcelados, publicó el medio. 

Una de las sancionadas fue la cubana Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres, de 17 y preso por los hechos del 11-J. 

Al retornar a su casa en un barrio habanero, Farrat denunció en un video que “¡en Cuba hay casi mil presos políticos!” y pidió “¡libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Jonathan!”, narró 14ymedio.com. 

Sin precedentes similares en una revolución que el primero de este mes cumplió 63 años, una sorpresiva y multitudinaria protesta callejera popular surgió el 11-J en gran número de comunidades de Cuba para exigir democracia y libertad y repudiar al comunismo. El hecho fue considerado por grupos disidentes como un estallido social que evidenció la profundidad de la crisis cubana. 

El Partido Comunista de Cuba (PCC), único legal en ese país, atribuyó esos sucesos a una manipulación del gobierno de Estados Unidos contra la revolución cubana, que se instaló en 1959. El PCC negó repetidamente que en Cuba haya presos políticos, alegó que los detenidos son delincuentes que actuaron contra la ley y negó que viole los derechos humanos. 

Los acontecimientos del 11-J comenzaron con marchas en la ciudad de San Antonio de los Baños, de la occidental provincia (estado) de Artemisa, que se propagaron con rapidez. 

Desde niño 

El OCDH reveló que la “historia clínica” de Aguilar Rivera, del barrio habanero de La Güinera, evidenció que “ha requerido desde niño tratamiento especial por psiquiatría” y que un centro estatal de diagnóstico y orientación certificó desde 2014 que, como niño y adolescente, tuvo necesidades educativas especiales por su discapacidad intelectual. 

“El examen siquiátrico practicado entonces al paciente refiere que estudió en una ‘escuela especial’ desde la adolescencia, evaluado con diagnóstico de retraso mental, trastorno del aprendizaje y de la conducta, y está medicado permanentemente”, indicó. 

Un equipo médico-forense y de siquiatras de La Habana para el reclutamiento en las fuerzas armadas de Cuba exoneró en 2018 a Aguilar del servicio militar por “funcionamiento intelectual limítrofe” y por ser un individuo “no apto” para que se le confirieran obligaciones naturales o cotidianas, subrayó. 

Ninguna fuente del régimen cubano respondió a esta denuncia. Por tradición, las autoridades de Cuba atribuyen esos informes a propaganda enemiga de agrupaciones a las que califica de mercenarias por ser pagadas por EU para desprestigiar a la revolución. 

Justicia 11-J, grupo opositor que existe en la ilegalidad, reportó en su cuenta de Facebook el inicio de una huelga de hambre en prisión de cinco disidentes cubanos —Luis Manuel Otero Alcántara, William Manuel Leyva Pupo, Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez y Chadrián Vila Sequin— que están entre los centenares de presos por el 11-J. 

Un plan para realizar el 15 de noviembre otra ronda de protestas fue frustrado por el régimen. 

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