“Los ciudadanos deben ser intolerantes con la ilegalidad”

Israel, Sudáfrica, Guatemala, España, Corea del Sur... En una semana en la que casos de corrupción en las cuatro esquinas del planeta han vuelto a llenar portadas de periódicos internacionales, Jesús Lizcano Álvarez, presidente en España de Transparencia Internacional, analiza para EL UNIVERSAL la persistencia de un problema del que no consiguen escapar ni siquiera las democracias más prósperas y avanzadas del mundo.

Lizcano (Madrid, 1956), catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, propone diferenciar entre dos tipos de corrupción: la sistémica y la sectorial, cuya principal expresión es la política.

“La diferencia entre estos dos tipos es estructural”, argumenta: “En los países menos desarrollados, la corrupción suele ser sistémica porque todos los estamentos de funcionarios están contaminados: la judicatura, la educación... Y también las empresas. El resultado es que el Estado completo está afectado y la solución a eso es muy compleja. Por oposición, en los países ricos puede haber más o menos casos de corrupción, pero el conjunto del sistema funciona. Es lo que ocurre en España, por ejemplo, donde la corrupción es política, con la connivencia de las empresas que la pagan, pero no afecta al resto de la vida del país”.

Otro de los vectores que tradicionalmente se ha considerado fundamental para la penetración de la corrupción dentro de una sociedad es el religioso. Por lo general, los países protestantes tienen una cultura más transparente y son más severos con las conductas deshonestas, pero en el mundo actual esas diferencias se han matizado.

“Es cierto que los estudios empíricos demuestran que la corrupción es menor en los países de confesión protestante. Sobre todo el calvinismo parece determinar la forma de pensar y la relación con la ética de los habitantes”, explica Lizcano. “Pero esto ha evolucionado y lo más importante hoy es el marco institucional y el desarrollo legal de los países”, dice.

La ONG Transparencia Internacional elabora un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para medir las impresiones de analistas y empresarios sobre el nivel de corrupción pública en los distintos países. Consultando este estudio, puede sorprender que algunas de las naciones que copan estos días los titulares no son precisamente de las más corruptas. Israel es el 28 más limpio del mundo sobre los 176 analizados, Corea del Sur el 52, Sudáfrica el 64 y España el 41 (aunque ésta es sea su peor clasificación histórica, debido a los escándalos que arrastra el partido gobernante, el Partido Popular). Guatemala sí ocupa una mala posición, la 136. Y México, la 123.

Lizcano está de acuerdo en que, en ocasiones, una cobertura informativa intensa de los casos de corrupción no indica tanto que la penetración del problema sea especialmente aguda como que la sociedad permanece atenta y le escandalizan estos comportamientos, lo cual es la mejor de las noticias.

“Los países avanzados se caracterizan por un buen funcionamiento institucional, con jueces, medios de comunicación, una sociedad civil activa... Los escándalos se divulgan mucho y crean alarma social. Si la corrupción pasa desapercibida, es mucho peor. En España, por ejemplo, el nivel de corrupción puede parecer muy alto visto desde lejos, pero lo cierto es que, aun habiendo casos graves con los que es necesario terminar, sigue siendo una corrupción no sistémica. Estamos muy retrasados en la lucha contra ella respecto a otros países de Europa, pero vemos que los casos que salen suelen ser antiguos, no nuevos, y eso pensamos que es una señal de que va a menos”.

El IPC de Transparencia muestra que la corrupción no se está extendiendo cada vez más a nivel global, como podría parecer siguiendo los medios de comunicación de los países más atentos al problema. “El promedio se está estabilizando y en algunas zonas hasta hay un leve retroceso. Hay excepciones en África, Asia o Centroamérica, pero se va generalizando una cultura más ética y la mejora de los marcos legales”.

No obstante, Lizcano avisa de que la lucha que queda por delante es larga. “Se ha progresado en los sistemas de investigación y sanción más que en los mecanismos de prevención de la corrupción. Las leyes se han afinado, las fuerzas de seguridad cada vez investigan mejor... pero hay mucho camino por recorrer”.

En su opinión, el arma más efectiva contra la corrupción sigue siendo el fortalecimiento del marco legal, con instituciones, jueces e investigadores más preparados y con más medios y poderes. “Eso consigue controlar la corrupción, pero a largo plazo lo fundamental es la educación y la mentalidad de los ciudadanos para que ocurra como en los países de Europa del Norte, los mejor clasificados en el IPC [el primero es Dinamarca, seguido de Finlandia, Suecia y Países Bajos: todos protestantes], y donde no se les ocurre hacer ciertas cosas, por mínimas que sean. Hay que pensar que los ciudadanos son los que luego van a dirigir las instituciones, y ellos deben ser los más intolerantes con la corrupción”.