Indígenas meten presión al presidente Lasso en Ecuador

Quito.— Miles de indígenas bloquearon ayer una importante vía de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una “grave amenaza”.

Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes en Quito y otras zonas del país reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles en protestas que llevan ya nueve días.

Un grupo de unos 500 indígenas que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por la policía en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito.

Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse. “La democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, dijo el ministro de Defensa, Luis Lara, flanqueado por los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Un joven falleció el lunes tras caer en una quebrada fuera de Quito, dijo la policía, e indicó que se trató de un accidente. La fiscalía decidió abrir una investigación por presunto homicidio.

La fiscalía general ecuatoriana denunció que su edificio central estaba siendo atacado por manifestantes indígenas y pidió ayuda a la policía y también a las Fuerzas Armadas. En casi un año, el diesel subió 90% (a 1.90 dólares) y la gasolina 46% (a 2.55). Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.

La Conaie, liderada por Leonidas Iza, reclama rebajarlos a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente. Los indígenas también reclaman un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares. Otra exigencia es una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca.

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