San José.— Empujado por una intervención militar directa e indirecta de Estados Unidos para defender los intereses de una transnacional estadounidense en un conflicto típico de banana republic, el péndulo de la historia política de Guatemala se corrió de un nacionalismo reformista hacía la derecha en junio de 1954 y, más de 69 años después, hoy podría comenzar a oscilar para ubicarse en enero de 2024 en la centroizquierda.
Con un mortal, sangriento y turbulento trasfondo histórico en un país que sufrió una guerra civil de 1960 a 1996 marcada por la añeja pugna entre comunismo y anticomunismo, los temores sobre el futuro de Guatemala en los próximos cinco meses proliferaron en las vísperas de que 9 millones 372 mil 164 guatemaltecos puedan acudir hoy a las urnas para una segunda vuelta electoral a elegir presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente.
El sociólogo y antropólogo centroizquierdista guatemalteco Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el opositor Movimiento Semilla, y su aspirante vicepresidencial, la socióloga, politóloga, química bióloga y ambientalista guatemalteca Karin Herrera, emergieron como favoritos para ganar hoy.
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Arévalo y Herrera competirán contra la politóloga centroderechista Sandra Torres, candidata presidencial de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el pastor evangélico Romeo Guerra, postulado a vicepresidente.
Una gran interrogante predominó en ruta a la lucha de hoy con la meta puesta en el 14 de enero de 2024, cuando la pareja vencedora asumirá para gobernar por cuatro años en reemplazo del centroderechista Alejandro Giammattei. ¿Permitirán las tradicionales fuerzas económicas, militares y políticas de Guatemala que preservaron el poder en la dictadura militar, de 1954 a 1986, y en el paulatino retorno a la democracia, a partir de 1986, que un heredero —Arévalo— de la primavera democrática, nacionalista y reformista que vivió ese país, de 1944 a 1954, llegue a la Presidencia y amenace sus intereses?
“Estamos atentos en qué pasará en las elecciones y, más que todo, qué pasará después, en especial cómo van a moverse esos grupos de poder en la elección de miembros de cortes [judiciales] y en la designación de gobernadores”, afirmó el abogado maya guatemalteco Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), agrupación no estatal de Guatemala.
“De mucho de eso tendrá que cuidarse el gobierno que entrará en 2024, posiblemente de Arévalo. Tendrá un reto muy grande. Independientemente de si gana Torres o Arévalo, el Estado de Guatemala tiene una seria crisis institucional que no se solucionará a corto plazo. Hay muchas estructuras de corrupción enquistadas en las instituciones. Esta corrupción es atemporal”, dijo Cux a EL UNIVERSAL.
“Arévalo tendrá que combatirlas para que no le generen problemas de gobernabilidad desde el día uno, desde mañana”, alertó el jerarca de AC, filial en Guatemala de Transparencia Internacional (TI), foro mundial no estatal de Alemania sobre anticorrupción. Al anticipar que “desde el 21 de agosto pueden generarle crisis”, dejó entrever el riesgo de ruptura constitucional: “Estas estructuras no estarían contentas con este resultado y puede haber mayor ataque y judicialización de la política o, incluso, otras acciones que puedan generar problemas democráticos en Guatemala”, advirtió.
Conmoción política
El padre de Arévalo fue el educador Juan José Arévalo (1904-1990), presidente de Guatemala de 1945 a 1951 y pieza clave de la primavera que se abrió con una junta revolucionaria en 1944 e impulsó profundas reformas socioeconómicas internas.
El proceso fue interrumpido en 1954 con una intervención armada del gobierno de Estados Unidos y de fuerzas guatemaltecas por presiones de la transnacional estadounidense United Fruit Company, que explotó la producción bananera en Guatemala. El lío se agravó en 1953, cuando el gobierno guatemalteco confiscó 96 mil hectáreas de tierras ociosas de la United para cumplir con una ley de reforma agraria aprobada en junio de 1952 por impulso del entonces presidente de Guatemala, general Jacobo Arbenz (1913-1971), sucesor de Arévalo padre por vía electoral para gobernar hasta 1957.
Estados Unidos derrocó a Arbenz al acusarlo de comunista y de poner en peligro sus intereses económicos regionales. Arbenz dimitió en junio de 1954 y Washington instaló un régimen militar derechista, comandado en un inicio por el general Carlos Castillo Armas (1914-1957) y que gobernó por 32 años hasta que debió aceptar el paulatino retorno de la democracia en 1986.
Pero los hilos del control de Guatemala quedaron prácticamente en las mismas manos de siempre. Aunque políticos democristianos, socialdemócratas, neoliberales o de otras ideologías ganaron la Presidencia en comicios libres y transparentes en los últimos 37 años, la ejercieron sometidos a… camisas de fuerza.
Obstáculos judiciales
Tras pasar el 25 de junio anterior, en la primera ronda de votaciones, a la segunda vuelta de hoy, Arévalo se enfrentó a múltiples maniobras judiciales que resultaron infructuosas para sacarlo de la carrera y que fueron ejecutadas por el Pacto de Corruptos, conspiración partidista y empresarial de la derecha guatemalteca.
El pacto accionó sus armas políticas, jurídicas, económicas y de distinta índole contra Arévalo, pero falló —hasta ahora—: “El asalto al proceso electoral de Guatemala es una preocupación hemisférica. Esto proviene del pacto”, acusó la abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), instancia jurídica americana, y exfiscal general y exjefa del Ministerio Público de Guatemala.
Al destacar “la preocupación por la forma en que está ocurriendo el proceso electoral de Guatemala”, precisó que “se están amenazando y criminalizando a los magistrados” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “a los registradores ciudadanos y a los integrantes de las juntas de electores”.
“Esto proviene sobre todo del Ministerio Público, de jueces sometidos al poder fáctico y actúan ilegalmente. Proviene del Poder Ejecutivo, con un discurso de soberanía ante asuntos de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos [OEA], como el profundo respeto a los procesos electorales”, aseguró Paz y Paz a este diario.
Denunció que existen planes para impugnar “sin razón real” el escrutinio de hoy y “levantar la historia de que hubo fraude, aunque no lo haya, para desconocer su derrota”.
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“Esto colocaría a Guatemala en un laberinto grave. Sería algo que no ha ocurrido en la historia reciente del país. Hay una observación muy cercana de la OEA. Se teme que continúe el uso arbitrario del derecho penal”, aclaró.
Inocentes dudosos
De manera reiterada y por separado, el presidente Giammattei y el Ministerio Público, cuya jerarca, Consuelo Porras, es una aliada del mandatario, rechazaron ser parciales en la contienda electoral y adujeron ser respetuosos de la independencia de poderes y del Estado de derecho.
“Lo que las y los ciudadanos expresaron en las urnas [en junio] es un hartazgo contra la corrupción y la impunidad. Los porcentajes de votos nulos y blancos son señales del hartazgo de la población con las políticas fallidas del gobierno”, reiteró Paz y Paz.
Para el abogado Cux, un factor crucial es que, si Arévalo gana, “contrario a lo que fue en 1945, cuando entró el papá de Arévalo, en esta ocasión” el presidente carecería de mayoría en el Congreso, con sólo 23 legisladores para Semilla, mientras Vamos, partido de Giammattei, logró 39, UNE, de Torres, alcanzó 28 y Valor (derecha) llegó a 12, para un bloque mayoritario de 85.
Al cumplirse en 2024 el 70 aniversario de la intervención armada de 1954, el curso del péndulo político de Guatemala está así bajo la mira internacional: ¿girará en enero del año entrante a la centroizquierda?