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Víctimas y activistas denunciaron ayer ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la “tortura sistemática” del gobierno de Nicolás Maduro a los detenidos por motivos políticos, en la primera audiencia sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Estoy aquí para que se haga justicia, porque sé que nada va a devolverle la vida, y para que su nombre quede limpio como ese gran ser humano que fue”, se presentó la venezolana Johanna Aguirre, cuyo marido, José Alejandro Márquez, murió hace tres años por un traumatismo craneoencefálico, tras ser detenido por la Guardia Nacional. Ella afirma que “fue golpeado brutalmente”.
Ayer se presentaron cuatro testimonios ante el ex fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo. Hoy habrá una segunda audiencia con militares exiliados. Si se concluye que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya, Holanda. EFE