Cobrar multas a deportados, otra presión

Miami.— El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere que los migrantes sigan pagando las consecuencias de su estancia irregular en EU incluso después de haber sido deportados. Su política migratoria ahora incluye buscarlos en los países donde están rehaciendo sus vidas para reclamarles multas que dejaron pendientes.

Con ese propósito contrató a cuatro empresas privadas que operarán en México, Guatemala y Honduras, con un presupuesto máximo de 36 millones de dólares. Sin embargo, EU mantiene sin explicar cómo pretende obligarlos a pagar en territorios donde la autoridad y las leyes estadounidenses no aplican.

Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group obtuvieron contratos por hasta 9 millones de dólares cada uno. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU encargó la operación, cuyas adjudicaciones fueron reportadas en agosto.

“Lo que el gobierno [de EU] está comprando es capacidad para localizar personas deportadas, verificar su identidad y hacerles llegar reclamaciones económicas que dejaron pendientes y que los mecanismos anteriores no consiguieron cobrar”, dice a EL UNIVERSAL el economista Iván González.

Los contratos obligan a las empresas a respetar las leyes del país donde reside el deudor y les prohíben representar judicialmente a EU. El expediente identifica a 66 mil 387 personas expulsadas con multas o sanciones pendientes y menciona un monto estimado de 423 millones de dólares en cargos administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La búsqueda también incluye a quienes abandonaron EU mediante salida voluntaria.

“Es una operación de migración en el exterior”, cuya legalidad, al implicar a otros países, habría que revisar, explica la abogada de inmigración Ana González, “pero la falta de precisión impide medir cuánto afectará cada país y cuántas personas podrían recibir una reclamación estadounidense después de la deportación”.

Según los requisitos legales de cada caso, las autoridades pueden acudir a tribunales o retener determinados pagos del gobierno, como devoluciones de impuestos. Esas facultades no se aplican automáticamente a una cuenta en México, Guatemala u Honduras.

El sistema previsto exige una cuenta estadounidense y, cuando las compañías preguntaron qué alternativa habría, la autoridad reconoció que no tenía otra. También rechazó darles más tiempo para preparar sus propuestas. El contrato permite que un familiar u otra persona pague por el deportado, lo que podría trasladar la presión a quienes permanecen en EU. Algunos deportados mexicanos recibieron cartas de cobro en México, según Juan Cuellar Torres, de la organización humanitaria Iniciativa Kino para la Frontera.

Los avisos advierten que la deuda puede aumentar por intereses y ser considerada en futuras solicitudes migratorias. Esa advertencia puede presionar especialmente a quienes esperan volver legalmente a EU. El Instituto Nacional de Migración mexicano respondió el 8 de septiembre que no participa en el programa ni tiene conocimiento de él; tampoco anunció medidas para impedir o supervisar los cobros; no hay posturas oficiales equivalentes de Guatemala y Honduras. La abogada González advierte que “si alguno de los migrantes fichados en estos cobros esperaba poder regresar legalmente a EU, recibir alguno de esos avisos perjudicaría una nueva solicitud y lo obligaría a buscar dinero para pagar”. Sin embargo, subraya que “liquidar la multa no le garantiza una nueva visa ni cancela las restricciones que pueda tener por sus antecedentes migratorios”.

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