California se convierte en un estado santuario

California se convirtió ayer en el primer estado santuario de Estados Unidos para los inmigrantes indocumentados al firmar su gobernador, el demócrata Jerry Brown, un paquete legislativo que extiende la protección que ya tenían allí los sin papeles.

“Estos son tiempos inciertos para californianos indocumentados y sus familias y esta ley establece un equilibrio entre la protección de la seguridad pública, a la vez que da tranquilidad a aquellas familias que ahora viven a diario con miedo”, indicó Brown en un comunicado.

La legislación entrará en vigor en enero próximo. Limita —y en algunos casos incluso elimina— la colaboración de las fuerzas de seguridad locales con las autoridades migratorias federales, dificultando la persecución y deportación de los indocumentados. Los funcionarios carcelarios sólo podrán entregar prisioneros a las autoridades federales de inmigración si han sido declarados culpables de delitos muy graves.

California, bastión demócrata, es el estado más poblado del país y también el que tiene la mayor población de origen hispano: de sus 39 millones de habitantes, unos 15 millones, cerca de 39%, son latinos. Unos 2.3 millones de migrantes que viven aquí son indocumentados.

En tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su fundación en el sur de California presentaron ayer una demanda colectiva contra la administración del presidente Donald Trump, por haber revocado el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

La demanda se presentó en una corte federal de Los Ángeles el mismo día en el que concluyó el plazo para que 154 mil de los 690 mil jóvenes indocumentados amparados bajo el DACA renueven su amparo migratorio, que supone además un permiso de trabajo. Decenas de miles de jóvenes no habían entregado sus solicitud hasta ayer por la tarde.

El resto irá perdiendo paulatinamente este derecho a partir del 5 de marzo de 2018, a menos que el Congreso apruebe una ley que les dé un estatus legal permanente en el país a esos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños. La demanda considera “ilegales” las prácticas de selección y revocación que el gobierno utiliza y pide a la corte que prohíba a la administración seguir con esta práctica.

La demanda la encabeza Jesús Alonso Arreola Robles, protegido por el DACA desde 2012 hasta que fue detenido el pasado 12 de febrero por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) por tráfico de indocumentados cuando trabajaba para Uber en San Diego, en el sur del estado. Un juez de inmigración desestimó la acusación y nunca fue acusado de ningún crimen, pero aun así el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó su beneficio del DACA. Hace dos semanas seis beneficiarios del programa demandaron en San Francisco a Trump por eliminarlo.