San José.— Un año después de que, en un hecho sin precedentes en la postguerra salvadoreña, el presidente Nayib Bukele, desafiante y bravucón, ingresó escoltado por tropas militares y policiales a la Asamblea Legislativa de El Salvador e intentó imponer su voluntad, un cruce de términos describe la crisis en el violento país centroamericano: autoritarismo, dictadura, intolerancia y retroceso político institucional.
En el más sensible y sorpresivo acto de fuerza tras el final de los 12 años de guerra civil (1980-1992), Bukele irrumpió y ocupó el domingo 9 de febrero de 2020 la sede de los diputados, se instaló en la principal silla de mando, se encomendó a Dios y exigió a los congresistas aprobar un plan de seguridad de unos 109 millones de dólares.
La Asamblea decretó el miércoles anterior al 9F como “Día del Golpe de Estado Fallido”. La fecha coincidirá con la agitación por los comicios parlamentarios del próximo 28 de febrero en los que Bukele, actualmente sin bancada, podría obtener mayoría para gobernar a su medida en los restantes 40 meses de sus 60 de gestión.
“Un año de la ruptura constitucional”, recordó el diputado y general en retiro Mauricio Vargas, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y veterano del conflicto bélico, al proponer a los legisladores aprobar la polémica efeméride.
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“Es necesario preservar la memoria histórica y promover la cultura de no repetición de hechos como esos, tal como lo hicimos con los Acuerdos de Paz” de 1992, justificó.
En la misma sesión, el diputado Carlos Ruiz, del opositor, izquierdista y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), afirmó que “si se hiciera cumplir” el sistema de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “a estas alturas como ocurre en cualquier parte del mundo, el presidente de la República ya habría sido destituido, por la flagrante violación a los deberes que el cargo le impone”.
Con un aparato de respuesta a tiempo completo para proteger al mandatario en redes sociales con una avalancha de mensajes, Bukele nunca cesa de atacar a sus rivales.
“Una vez más en su desesperación los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio”, aseguró una propaganda lanzada la semana pasada por la Presidencia de El Salvador para culpar a ARENA y al FMLN del estallido de la guerra al fomentar que “nos matáramos unos contra otros”.
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Ambos partidos “promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete. ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó, de una vez por todas, con los maletines negros debajo de la mesa?”, recalcó.
Los comicios de este mes quedaron marcados por un ataque a balazos a seguidores del FMLN, el 31 de enero, que dejó dos muertos y dos heridos y cuya presunta autoría sería de agentes oficialistas, en una nación sacudida en el siglo XXI por la inseguridad de la delincuencia común y organizada.
Frágil
“El 9F fue un ensayo hacia la consolidación de un régimen autoritario”, en un país en crisis “regresiva” por su “débil institucionalidad democrática” y con el uso “nuevamente” de fuerza militar para “imponerse políticamente”, explicó la activista social y periodista salvadoreña Celia Medrano, candidata a la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Un ejercicio de militarización de la política en el que se hicieron sentir ecos de décadas de dictaduras militares desde 1931 cuyo último golpe de Estado se registró en 1979 en (la) antesala del inicio de una confrontación armada cuyo capítulo se cerraría en 1992” con el pacto de paz, dijo Medrano a EL UNIVERSAL.
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“Esto se rompe con acciones como el 9F (y) deben sumarse hechos violentos y de coacción política en escalada (…) y el tránsito de la agresión verbal en redes sociales oficiales y de seguidores gubernamentales a la agresión física”, en un “negacionismo histórico” para “dar nuevamente a las fuerzas armadas un rol y poder político sobre el poder civil”, añadió.
Para malestar del presidente y de su muro digital protector, la prestigiosa revista The Economist, de Reino Unido, diagnosticó en su índice anual de Democracia Global que divulgó en 2021 que “ningún otro país” de América Latina y el Caribe como El Salvador “giró tanto al autoritarismo en 2020”.
El Salvador, planteó el reporte, está “en proceso” de dictadura y de dictador, dejó de ser una democracia con “fallas” y mutó a “régimen híbrido”.
Para ahondar los líos, un bloque de medios salvadoreños de prensa lanzó ayer una miniserie televisiva: “9F, El retorno de los fusiles”.