Samantha Gomes Fonseca, mujer trans y activista de la comunidad LGBT+, quien fue asesinada el 14 de enero tras visitar a su pareja en el Reclusorio Sur, ya había denunciado que era víctima de amenazas relacionadas con las actividades que realizaba dentro de los reclusorios capitalinos; así lo confirmaron, por separado, la Comisión de Derechos Humanos capitalina, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y testigos.

Tras la muerte de quien aspiraba a ser senadora por Morena, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las indagatorias para dar con los responsables y establecer el móvil del crimen. Agentes de investigación indicaron que se analiza el entorno “cercano y de trabajo” de la víctima, pues apenas a mediados del año pasado Samantha denunció que recibió amenazas.

En las pesquisas se estableció que fueron dos jóvenes en motocicleta quienes le dispararon; aparentemente un segundo vehículo, que no ha sido identificado, sirvió como “muro” durante el ataque. Aún se desconoce la identidad de los agresores, pues el conductor tenía casco y quien disparó una gorra beisbolera.

El chofer del vehículo en el que viajaba la víctima —un taxi de aplicación— dijo que “nunca se dio cuenta” de que los venían siguiendo y explicó que se trató de un ataque directo, pues a él no le hicieron nada ni tampoco lo asaltaron. Incluso dijo que cuando Samantha estaba herida, le pidió trasladarla: “Me dispararon, llévame a un hospital”, fue así que el chofer la trasladó al Centro de Salud de Santiago Tepalcatlalpan. Sin embargo, no la quisieron atender y fue cuando el chofer estaba en busca de otro hospital que se dio cuenta de que la mujer había muerto dentro del auto.

De acuerdo con la carpeta de investigación, al momento del atentado, Samantha viajaba con un joven de 17 años quien, en su primera declaración, además de explicar que acababan de salir del reclusorio tras visitar a un amigo, expuso que el año pasado la víctima fue amenazada por los grupos criminales que controlan las cárceles locales.

Samanta era conocida por organizar eventos dentro de las cárceles, desde concursos de belleza, baile, de poesía y pintura en los que participaba toda la comunidad carcelaria.

Sobre las amenazas recibidas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDCM) reveló que Samantha presentó en abril del año pasado una queja radicada en la Segunda Visitaduría General de esa comisión por las amenazas y hostigamientos.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, explicó que la activista había dialogado con las autoridades sobre las amenazas en su contra y que en buena medida se debían al trabajo que llevaba junto a personas privadas de su libertad en los reclusorios de la capital.

El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, se pronunció sobre el caso y afirmó que todos los instrumentos con que se cuenten para combatir la criminalidad hacia esta comunidad son importantes.

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