¿Qué dice el acuerdo que impugnó Clara Brugada sobre la elección judicial?; estas son las prohibiciones para servidores públicos

El pasado 18 de marzo, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó unos lineamientos para garantizar la equidad en la contienda y el cumplimiento de las reglas de propaganda para la elección judicial en la capital del país.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que impugnó estos lineamientos.

Estas reglas obligan a las personas servidoras públicas y operadoras de programas sociales a no promocionar a ningún candidato y abstenerse de participar en actos proselitistas.

Tampoco podrán:

• Emitir opiniones o expresiones que, debido a su investidura, puedan incidir en los resultados del proceso electoral, especialmente durante la etapa de campañas electorales, que arrancan el 14 de abril;
• Contratar, directa o indirectamente espacios en cualquier medio para promocionar a personas aspirantes o candidatas, incluyendo medios de comunicación y espacios físicos, impresos o digitales;
• Realizar cualquier evento oficial con fines electorales;
• Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades de proselitismo o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines;
• Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, administración o provisión de recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven, velada, implícita o explícitamente:

a) La promoción personalizada de personas funcionarias públicas;

b) La promoción del voto a favor o en contra de determinada candidatura, o

c) La solicitud o promoción para la abstención de votar

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• Usar recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal;
• Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o comisión tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de alguna persona aspirante o candidata, o a la abstención de votar;
• Emplear los medios de comunicación social, sitios de internet y redes sociales oficiales, para promover, apoyar o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de una persona aspirante o candidata, o a la abstención de votar;
• Difundir mensajes, por cualquier medio, que constituya promoción personalizada en beneficio propio o de tercera persona en actos relacionados con el desempeño de sus funciones;
• Entregar o prometer recursos públicos, en dinero o en especie, servicios, programas públicos, dádivas o cualquier recompensa, a cambio de alguna de las conductas señaladas en la fracción anterior;
• Ejecutar y utilizar programas sociales o acciones institucionales para promover o influir en el voto a favor o en contra de alguna persona aspirante o candidata, ya sea de manera explícita o implícita a través del uso de mensajes, logotipos, símbolos, imágenes o cualquier otro elemento que pudiera vincularle con aquélla;
• Condicionar, a cualquier persona, la entrega de recursos provenientes de programas sociales y/o acciones institucionales; el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos; la realización de obras públicas u otras similares, a cambio de cualquier acción que comprometa o afecte la libertad del sufragio, como pueden ser la promesa o demostración de que votarán en favor o en contra de alguna persona candidata, o que se abstendrán de votar o de participar en el proceso electoral;
• Suspender la entrega de recursos provenientes de programas sociales y/o acciones institucionales federales o locales, el otorgamiento, administración o provisión de servicios o programas, o la realización de obras públicas, u otras similares, ante el condicionamiento de realizar alguna de las conductas señaladas en la fracción anterior;
• No podrán realizar o participar en actos que generen percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona, aspirante o candidatura;
• Solicitar, obtener o retener la credencial para votar o cualquier documento, o amenazar con hacerlo, con la finalidad de comprometer la intención del voto de la ciudadanía;
• Organizar foros de debate tratándose de dependencias gubernamentales encargadas de la operación y ejecución de programas sociales y acciones institucionales;
• No podrán participar como moderadoras las personas que tengan a su cargo estas actividades, y
• Cualquier otra conducta que vulnere la equidad de la competencia entre las personas candidatas a través de la utilización de recursos públicos o privados, en términos de los Lineamientos y la normatividad aplicable.

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aov/cr