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Morena, el gobierno capitalino y el Congreso local cuentan con los elementos legales para responder a la demanda de inconstitucionalidad que pretende presentar el PAN ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra 2% de “aprovechamiento” que cobrarán el próximo año a las plataformas por la entrega de comida y otros productos.
“Contamos con todo para demostrar que es un vil engaño lo que Acción Nacional ha difundido los últimos días. Este pago lo realizarán sólo esas empresas, no los repartidores y mucho menos los ciudadanos”, afirmaron en conferencia los legisladores de Morena Valentina Batres Guadarrama, Carlos Hernández Mirón, Fernando Mercado Guaida y Nancy Núñez Reséndiz.
Incluso, anunciaron que a partir de este lunes comenzarán una campaña informativa en calles y redes sociales, para que la ciudadanía y repartidores conozcan en qué consiste el cobro de 2%, que a partir de 2022 harán a las plataformas digitales por sus servicios de traslado de productos alimenticios y otros como Rappi, Uber Eats o Didi Food.
Además, aseguraron que continuarán los acercamientos de estas empresas con las secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y del Trabajo, donde también estarán presentes legisladores locales de diferentes comisiones.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Valentina Batres, detalló que de esta forma combatirán la campaña de desinformación que ha iniciado el PAN, confundiendo a la ciudadanía.
“Vamos a salir a informar a la ciudadanía, que las apps de reparto contribuirán con 2% de la comisión, para mejorar calles y vialidades, las condiciones de las y los repartidores”, afirmó.
La morenista subrayó que el cobro de intermediación “estará prohibido trasladarlo tanto a los consumidores como a los repartidores, y estaremos atentos a cualquier intento para acompañar la denuncia correspondiente”, dijo.
Lamentó “el engaño” que ha generado el Partido Acción Nacional, que ha invitado a repartidores a ampararse contra la nueva disposición, cuando los únicos que podrían ampararse son las aplicaciones, ya que hacia ellos está dirigido al cobro.
Adelantaron que en los próximos días presentarán una iniciativa para defender los derechos laborales de los repartidores.
En su oportunidad, Mercado Guaida criticó el carácter “leonino” de estas aplicaciones, que no pagan ningún tipo de impuesto por los mismos servicios que ofrecen otros negocios establecidos y que sí están reglamentados.
El morenista negó que el PAN sea el vocero de los repartidores y de las empresas, pues tanto la Secretaría de Finanzas como los mismos legisladores de Morena se han sentado en distintas mesas de trabajo con representantes de cámaras empresariales, grupos de repartidores y de las mismas aplicaciones para el armado de esta disposición que comenzará a aplicarse partir del próximo año.
Por su parte, Hernández Mirón insistió en que no se trata de un impuesto como lo han querido hacer ver el PAN, sino de la figura del cobro por “aprovechamiento” de la infraestructura urbana de la Ciudad, “porque si utilizan la infraestructura de la Ciudad para realizar su negocio de traslado de alimento y otros productos, es justo que paguen por ello”.
