Después de las protestas desatadas tras la denuncia de una joven contra la policía de la Ciudad de México, por violación sexual en agosto de 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a capacitar en perspectiva de género a los agentes encargados de atender a mujeres y niñas violentadas, entre ellos a uniformados, funcionarios de la fiscalía local y personal del Metro.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) le pagó a una empresa 2.5 millones de pesos por un taller a funcionarios públicos para mejorar la atención a mujeres y niñas víctimas de delitos, que lo mismo vende dulces, material veterinario y almacena mercancías.
Documentos públicos afirman que Petrici S.A. de C.V., la empresa encargada de ofrecer una de esas capacitaciones, jamás había ofrecido un curso similar.
La empresa también tuvo tres contratos en 2018 con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para el mejoramiento de sus instalaciones por 2.4 millones de pesos.
En 2020 ganó concursos de obras públicas con el ayuntamiento de Chicoloapan, en el Estado de México, por 8.7 millones de pesos.
En este municipio la empresa tiene su dirección fiscal desde que se constituyó en 2017, bajo la administración de Miguel Ángel Petriciolet Pérez. El domicilio de Petrici S.A. de C.V. es un terreno con la fachada de un negocio llamado La Casa del Juego, donde se fabrican juegos infantiles.
El curso Atención a la Violencia Contra Mujeres y Niñas, fechado en noviembre de 2020, fue impartido en línea durante cuatro semanas a servidores públicos de la FGJ bajo el contrato público 701/3366/2020.
Documentos del Registro Público de Comercio de Texcoco señalan que el objeto de la empresa en 2017 era almacenaje nacional y fiscal de mercancías en general.
Aunque en el contrato con la fiscalía para el taller de género se asentó que su objeto social es el de ejercicio, desarrollo, asesoría, estudios e investigación y prestación de servicios profesionales, así como la contratación de profesionistas expertos.
Ese documento fue firmado por Carolina Fuentes Pérez, la administradora actual de dicha sociedad mercantil, y quien compartió domicilio fiscal en 2012 ante el Registro Público de Comercio, con el que declara Petriciolet Pérez en sus diversos contratos públicos.
En el curso que ofreció Plasticar se impartieron asignaturas como Ética y Legalidad.
En el contrato donde se adjudica el curso en perspectiva de género está asentado que el objeto social de Plasticar incluye ramas como: administración, dirección, finanzas, logística, periodismo, fiscal, contable, relaciones públicas, etcétera; además de “la contratación por cuenta propia o de terceros de toda clase de profesionistas en las áreas señaladas”.
El otro taller se tituló Laboratorio de Casos para la Procuración de Justicia con Perspectiva de Género, impartido en diciembre de 2019 en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por un millón 250 mil pesos.
Al igual que Petrici S.A. de C.V., Plasticar también ha recibido contratos por diversos servicios a realizar con la alcaldía Iztapalapa, los que suman un total de 5.4 millones de pesos desde 2019 a lo que va del año 2021.
Entre ellos destaca un contrato para la compra de batas contra Covid-19, por 480 mil pesos, y otro por 4 millones 387 mil por la compra de instrumentos musicales, entre los que se incluyen 30 teclados digitales Yamaha, por 23 mil 952.50 pesos cada uno, cuando en el mercado su costo es de alrededor de 19 mil.
Plasticar también ha realizado compras para la Junta de Conciliación y Arbitraje de la capital por 242 mil pesos y para los municipios de Atenco y La Paz, Estado de México, por alrededor de 73 mil pesos.
Contactados por EL UNIVERSAL para conocer la postura de la empresa, Petrici S.A. de C.V. y Comercializadora Plasticar S.A. de C.V. se negaron a responder al argumentar que se trata de una situación personal.
Se buscó la postura de la fiscalía capitalina para ahondar en la selección de estas empresas en la formación de funcionarios públicos, y la respuesta fue la confirmación de la realización de los cursos.
Mientras que en el de Plasticar se capacitó a 858 funcionarios después de 50 horas en línea, y se precisó que “este curso se diseñó en el marco de la atención a la Alerta de Violencia de Género decretada en esta CDMX”.
En las mismas fechas que se impartió el último de los cursos por parte de Petrici para mejorar el trato a las mujeres y niñas, la fiscalía local abría carpetas de investigación y citatorios contra 13 mujeres jóvenes por delitos que presuntamente se cometieron en diversas protestas callejeras contra la violencia feminicida en la capital. Activistas han considerado que se trata de una criminalización de la protesta por parte de las autoridades capitalinas.
La respuesta de la fiscalía que encabeza Ernestina Godoy fue declarar que se trataba de carpetas por saqueos a comercios y daños a edificios de la ciudad.
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