Transportistas del Edomex van por autodefensas ante robos, asaltos y extorsiones

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Cuautitlán Izcalli, Méx.— Cansados de ser víctimas de robos de unidades, extorsiones y de asaltos a los usuarios, miembros de la Alianza de Autotransportistas Autónomos del Valle de México, conocida como La Triple A, anunciaron que conformarán grupos de autodefensas para enfrentar a los criminales que operan en municipios metropolitanos, principalmente.

“Sí, estamos pensando crear autodefensas, no sólo del transporte, entiéndase autodefensas ciudadanas. Ya organizamos, si nosotros traemos a 400 mil personas, muchos son transportistas, de carga, otros muebleros, gaseros, piperos, a todos se los está cargando igual y ciudadanos, muchos ciudadanos”, explicó Axel García Aguilera, presidente del corporativo Izgasa y representante de la alianza.

Denunció que ni la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) ni la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) han disminuido la problemática que enfrentan los concesionarios frente a los delincuentes, así como los pasajeros que también están expuestos cada vez que se suben a una unidad, porque consideró que las corporaciones municipales y estatales están infiltradas por el crimen.

Desde hace año y medio entregaron a las autoridades estatales un Atlas de Riesgo, que contiene municipios y colonias donde opera la delincuencia organizada, pero acusó que nada ha pasado.

Las bandas delictivas colocan calcomanías en las unidades para distinguirlas de las que no pagan su “derecho de piso”, explicó.

Axel García, quien es uno de los dirigentes con mayor importancia en la entidad, entregó una relación de 10 choferes de distintas rutas que han sido asesinados, así como de nueve representantes del transporte a quienes también mataron supuestos miembros del crimen organizado en el último año y medio en el Estado de México.

De acuerdo con los datos que han recopilado los integrantes de La Triple A, al día se registran más de mil delitos a bordo de vehículos de transporte público concesionado, aunque la mayoría no se denuncia ante las autoridades ministeriales porque no confían en ellas o porque las víctimas no quieren perder tiempo en hacerlo.

Entre 3 mil y 5 mil pesos por unidad es lo que en promedio les exigen los miembros del crimen organizado a los dirigentes de las líneas del transporte y los que se niegan pagan las consecuencias.

Quema de sus automotores, golpizas e incluso la muerte es lo que sufren los que se oponen a entregar su “renta”, comentó.