La decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de enviar la terna, y no sólo un nombre, al Congreso local para que los diputados definan al nuevo fiscal provocó jaloneos e intenso debate ayer en el pleno.

Finalmente, el comunicado de la mandataria fue turnado a comisiones para su análisis; cuando se leyó, desde su curul, el diputado del PAN, Diego Garrido López, encendió los ánimos, al acusar a la Ejecutivo local de “erróneamente” mandar la terna de candidatos para ocupar esa fiscalía.

“Eso es inconstitucional, porque viola el artículo 46, apartado C, numeral 8, de la Constitución local, pues la obliga a elegir a una persona dentro de esa terna que aprobó el Consejo Judicial Ciudadano y, en consecuencia, debió enviar esa propuesta de designación dentro de las personas consideradas en la terna”, dijo y añadió que la propuesta debió estar acompañada de la explicación de porqué considera que es el candidato idóneo.

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, decidió ignorarlo para anunciar que turnó la petición de la jefa de Gobierno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, “donde tendrá que darse este debate”, argumentó.

Ante los reclamos de los panistas, el morenista y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, comentó que el comunicado, “me parece suficiente para darle constitucionalidad al propio procedimiento”, con base en el artículo 44, numeral 4.

También se sumaron a los cuestionamientos el diputado del PRD Jorge Gaviño y el priista Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, quien pidió analizar el tema porque, de lo contrario, estarían cometiendo una arbitrariedad.

Tras la discusión, se sometió a votación que el comunicado fuera parte de la orden del día, pero sólo 17 diputados —del PAN y PRI—, apoyados por el propio Eduardo Santillán votaron a favor, mientras que 27 de Morena, PT, PVEM y PES, votaron en contra.

Por su parte, Sheinbaum Pardo rechazó que viole la Constitución local al enviar la terna. “En el oficio viene el artículo de la Constitución y la ley de transición de la procuraduría a la fiscalía, que fue aprobada por el propio Congreso, y ahí está sustentada”, argumentó.

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