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A casi medio año del sismo del 19 de septiembre, hay cerca de 5 mil inmuebles que aún se deben dictaminar para conocer sus daños y definir si se pueden reparar o no, por lo que se redoblarán esfuerzos para hacer estos estudios, informó Felipe Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

La elaboración de estos dictámenes pendientes con ayuda de directores responsables de obra (DRO), así como el retiro de anuncios espectaculares sobre azoteas, serán las principales tareas que llevará a cabo la dependencia con recursos del presupuesto de reconstrucción para este año.

A su vez, otras instituciones también alistan una serie de acciones necesarias para atender los daños del 19-S, por ejemplo, el Instituto de Vivienda invertirá en construir viviendas nuevas y en brindar créditos para reparaciones; la Secretaría de Educación se encargará de apoyar en la reparación de escuelas afectadas y reposición de mobiliario, mientras que Obras y Servicios llevará a cabo demoliciones y reconstrucción de mercados.

En entrevista, Felipe Gutiérrez, titular de la Seduvi, indicó que la dependencia a su cargo solicitó 164.6 millones de pesos del presupuesto de la reconstrucción para aplicarlo en este año en diversas acciones que ya han planteado al comisionado de la Reconstrucción, Édgar Tungüí.

Trabajos necesarios. Añadió que ese monto es necesario “porque todavía tenemos solicitudes pendientes de inmuebles para dictaminar sus afectaciones o para asesorar a los vecinos en los anteproyectos de reconstrucción de inmuebles que fueron demolidos por colapso total o parcial”. Al preguntarle cuántos dictámenes harían falta, Gutiérrez comentó que hay “un universo conciliable con las demás áreas de 5 mil y traemos más de 100 DRO trabajando”.

Los más de 164 millones de pesos servirán para pagar los servicios de los directores responsables de obra, además de contratar a personal adicional que apoye a la secretaría en la tarea de asesoría para los anteproyectos arquitectónicos de vecinos que tengan que reconstruir sus inmuebles.

Además, el funcionario dijo que también retirarán todos los anuncios publicitarios ubicados en azoteas, los cuales están prohibidos y algunos se colapsaron con el sismo.

“La propia ley lo contemplaba [que los anuncios en azoteas están prohibidos], pero tenemos de dos: o esperamos a que las empresas de publicidad los retiren o los quitamos nosotros”, mencionó.

Harán viviendas nuevas. En tanto, el director general del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, informó que el instituto cuenta este año con 500 millones de pesos para construir viviendas nuevas para damnificados que se quedaron sin hogar por la tragedia de septiembre.

Además, ya realiza el ejercicio de 300 millones de pesos en la entrega de créditos de reparaciones, los cuales se destinarán a unas 600 personas en los próximos tres meses, tanto para edificios como casas unifamiliares.

El titular del Invi estimó que en un plazo de tres meses se complete el gasto de estos 300 millones de pesos, que provienen del Fonaden.

El secretario de Educación de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez Alonso, indicó que cuentan con 277 millones de pesos para apoyar en la reparación de 222 escuelas públicas que hacen falta, tarea que se trabajará en conjunto con la Fundación Slim.

Esta acción de reconstruir planteles se lleva a cabo también en coordinación con la Agencia de Gestión Urbana, los institutos de Infraestructura Educativa local y federal.

“Hay 422 escuelas relacionadas sobre todo con daños menores, llevamos 200 y nos faltan al menos 222”, dijo Rodríguez Alonso.

Además, se llevará a cabo la sustitución de mobiliario en escuelas donde se hayan dañado elementos como bancas, pizarrones, entre otros elementos.

En tanto, la secretaría de Obras y Servicios ya tiene recursos liberados para la reconstrucción de cuatro mercados públicos en Xochimilco y Tláhuac, dinero proveniente del Fondo para Contingencias local, el Fonaden.

Su ex titular, Edgar Tungüí, y ahora comisionado de la Reconstrucción, dijo el 23 de febrero pasado en entrevista que el mecanismo que habían implementado los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar las asignaciones presupuestales “atoraba un poquito” el avance en las tareas porque “nos cambiaba totalmente el proceso que siempre tenemos del ejercicio del gasto”, pero este mecanismo ya fue eliminado y ahora la secretaría de Finanzas controlará la autorización y ejercicio del dinero.

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