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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
Cancelar la Planta de Termovalorización El Sarape, como ha planteado la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, costaría al Gobierno de la Ciudad de México 218 millones 48 mil pesos (más IVA), cantidad que se deberá pagar al consorcio Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V.-Veolia.
De acuerdo con el contrato firmado por la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y el consorcio, así como al Anexo 6, referente a los pagos por terminación anticipada, a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, esta cifra podría elevarse si la cancelación del proyecto se realiza después del cierre financiero.
Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México electa tiene otra cifra que ronda los 3 mil millones de pesos, cantidad que no explicó bajo qué criterios se realizaría.
El apartado 5.2 del Anexo 6 mencionado establece que “en el caso de que el contrato se termine por un evento de incumplimiento de la AGU o cualquier causa imputable a la agencia, la Sobse [Secretaría de Obras y Servicios] o el [Gobierno de la Ciudad] antes del cierre financiero, el prestador del servicio tendrá derecho a un pago por terminación, que comprenderá únicamente las erogaciones, costos, inversiones y gastos comprobables y no recuperables que haya realizado en la licitación y aquellas incurridas para lograr el cierre financiero, con un límite del 2.0% del monto de inversión estimado en su oferta”.
El monto estipulado para la indemnización por la cancelación del proyecto es prácticamente equivalente al presupuesto que este año recibieron la jefatura de Gobierno, las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), así como la Autoridad del Espacio Público.
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La jefa de Gobierno electa declaró este lunes estar consciente de que existe una penalización por prescindir del contrato: “Hay un pago de multa si es que no continúa el proyecto, pero todo está fundamentado jurídicamente de manera inadecuada y hay varios juicios”.
Planteó que es posible librar la penalización, para lo cual habrá que esperar la resolución de un par de recursos legales promovidos por Morena y ciudadanos ante supuestas irregularidades, además de analizar las cláusulas del contrato.
Recordó que hay una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovida por diputados de Morena, quienes alegaron irregularidades en el proceso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para aprobar, en una sesión, el endeudamiento de la capital del país para financiar la planta.
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Además de otra acción pública de ciudadanos en el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que, insistió, hay forma de librar la sanción económica. Con información de Gerardo Suárez y Sandra Hernández
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