Pleito de gobernador y alcalde pega a empleados municipales

Tijuana.— Cerca de 8 mil empleados de confianza y otros miles afiliados resultaron ser las víctimas colaterales del conflicto político entre el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ambos del Morena, por la tensión que se vive a unos meses de arrancar el proceso electoral.

El 22 de septiembre pasado, luego de que la Sindicatura Procuradora lo solicitara, personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris)  suspendió actividades de la Dirección Municipal de Salud, luego de que inspeccionaran las instalaciones y hallaran que no contaban con aviso de funcionamiento, licencia sanitaria; además había alimentos en un refrigerador junto con medicamentos y vacunas.

El verificador de la Coepris, Gilberto Vladimir Jasso López, explicó que, bajo el amparo de la Ley General de Salud, se consideró la suspensión una medida ante el riesgo de salud que los empleados de la dependencia estatal consideraron que existía debido a las faltas administrativas que detectaron.

Pero según la Ley General de Salud, en el capítulo que habla sobre la aplicación de sanciones, en su artículo 428, fracción II, se indica que antes de aplicar cualquier penalidad debieron contemplar el artículo 14 de la Constitución mexicana, en el que se especifica que las sanciones no deben ser retroactivas con respecto a los derechos.

Incluso, la ley detalla que, en el caso de medicamentos o alimentos caducados en las instalaciones, la multa es una de las vías de penalidad; en caso de una reincidencia se considera la suspensión de actividades y, en caso de una tercera ocasión o de rebeldía, el arresto es una opción.

Jasso López, representante de la Coepris, fue el responsable de la inspección en la dirección de servicios médicos. En conferencia de prensa, explicó que otro de los argumentos fue que la dependencia municipal no contaba con una licencia sanitaria, según lo establece el artículo 411 de la Ley General de Salud.

“Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la inmediata suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de las personas”, dice la ley.

“Aplicaron una medida desmedida, a rajatabla”, explicó en entrevista vía telefónica el consejero jurídico del ayuntamiento de Tijuana, Salvador Gómez Ávila.

“Ellos tomaron como argumento principal que no había un aviso de operación, que evidentemente es una falta administrativa que no pone en riesgo a la población”, dijo.

El funcionario municipal también explicó que la Dirección de Servicios Médicos es una autoridad sanitaria según el artículo 2, de la Ley de Salud Pública para el estado de Baja California, párrafo III, lo que los exime de la licencia sanitaria que exigió la Coepris.

En medio de la confrontación entre ambos poderes de gobierno quedaron los trabajadores del ayuntamiento de Tijuana que vieron afectados sus servicios de salud y que sólo en el caso de urgencias son atendidos por la Cruz Roja, ya que la institución mantiene un acuerdo de colaboración con el municipio.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió dos quejas el 23 de septiembre pasado, una de ellas presentada por un grupo de trabajadores municipales y otra más en la que una persona se presentó de manera independiente para exigir que se respete su derecho a la salud.

En tanto, el ayuntamiento de Tijuana inició con la tramitación de la licencia sanitaria para garantizar los servicios de sus empleados.

Ayer, el gobierno estatal, a través de la Coepris, levantó la suspensión en las instalaciones de la Dirección Municipal de Salud, luego de que la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana realizó el trámite para el aviso de funcionamiento que permite su operación.

El consejero jurídico municipal, Salvador Gómez Ávila, sostuvo que la suspensión fue arbitraria, de manera irresponsable y negligente, ya que se vive una pandemia, por lo que dejar sin servicios médicos a más de 8 mil 200 personas era una afrenta al derecho a la salud.