Guadalajara.— El grave problema de agua que enfrentan los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara no sólo tiene que ver con que el líquido llegue turbio y contaminado a sus casas, sino que el organismo encargado de operar la potabilización y distribución ha tenido —desde hace lustros— pésimas administraciones; hoy, su cartera vencida se estima en 20 mil 500 millones de pesos (incluyendo recargos y actualizaciones), de los cuales cerca de 17 mil 500 millones ya son prácticamente incobrables porque las deudas han prescrito.
Esta situación ha generado que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se encuentre en una espiral viciosa donde no hay fondos para reparar las redes viejas, para contratar personal o mantener la infraestructura, lo que a su vez reduce la eficiencia y aumenta las fugas.

El director del organismo, Ismael Jáuregui, señala que parte de este adeudo pertenece a cuentas que ya no existen, pues el padrón de usuarios tiene al menos 10 años sin actualizarse y, en otros casos, los adeudos no se cobraron y prescribieron. Para el SIAPA, producir un metro cúbico de agua cuesta 29 pesos y sólo cobra 19 en promedio a los usuarios con medidor; destina casi 18% de su presupuesto anual a pagar deudas y 50% a nómina; además, requiere alrededor de 42 mil millones de pesos en obras de infraestructura para solucionar de fondo el problema del agua contaminada. Entre los grandes consumidores que no pagan están los ayuntamientos metropolitanos, el gobierno estatal, la Universidad de Guadalajara, desarrolladores inmobiliarios y la Iglesia católica.
Además, datos del propio SIAPA señalan que existen unos 256 mil usuarios sin medidor, que no pagan nada y consumen grandes volúmenes de agua.
Se estima que los municipios metropolitanos, el gobierno del estado y algunas entidades federales adeudan en conjunto más de 2 mil 500 millones de pesos, tomando en cuenta actualizaciones y recargos. Para intentar recuperar parte de ese dinero, el organismo ha promovido convenios de pago en los que se hacen descuentos de hasta 85% y se toman en cuenta obras de infraestructura o donaciones de inmuebles.
Hasta ahora, los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco han formalizado estos acuerdos y han reducido significativamente sus deudas: Guadalajara acordó pagar 135 millones de pesos, una suma mucho menor a la deuda original estimada en más de mil millones de pesos.
Zapopan aceptó liquidar un saldo de 102 millones de pesos, reduciendo su deuda inicial de 780 millones con el argumento de que ejecutó obras de infraestructura hidráulica con recursos propios, y Tlajomulco asumió un compromiso de pago por 140 millones de pesos por el consumo de agua, y busca saldar parte de ese monto donando un predio para fortalecer la infraestructura del SIAPA.
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Sin embargo, el tema de los adeudos ha tomado tintes políticos en Tlaquepaque y Tonalá (gobernados por Morena), a los que el SIAPA atribuye deudas de 260 millones y 90 millones de pesos, respectivamente, mientras que las autoridades municipales insisten en que son cifras que deben revisarse. En particular, el conflicto ha escalado con Tlaquepaque, pues mientras que el SIAPA ha suspendido el servicio en algunos de los edificios del ayuntamiento, las autoridades municipales han “blindado” con una caja metálica el medidor de la presidencia para evitar el corte de agua y han promovido amparos para evitar más cortes.
Por su parte, el gobierno de Jalisco ha reconocido un rezago desde 2006 que asciende a más de 207 millones de pesos por el consumo de agua en diversas dependencias, y las oficinas del IMSS e ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las secretarías de Agricultura y del Bienestar adeudan aproximadamente 56 millones.
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El SIAPA estima que la morosidad de los sectores empresarial y comercial representa cerca de 35% de la cartera vencida total del organismo, y los segmentos con mayores adeudos son el de la construcción, inmobiliario, hotelero, restaurantero, industrias cerveceras y refresqueras, centros comerciales y plazas. Por ahora la estrategia de cobro del organismo se centra en los grandes consumidores.
En tanto, colectivos y organizaciones marcharon en Guadalajara para exigir atención a la emergencia sanitaria por la distribución de agua contaminada y un nuevo modelo de gestión en el SIAPA que no implique la privatización de algunas partes de la cadena de potabilización y distribución, como se ha especulado, ante la propuesta del gobierno estatal de implementar esquemas de inversión público-privados para realizar las obras de infraestructura necesarias a corto, mediano y largo plazos.
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