Zacatecas
.- Tras exigir la urgente localización de
que sigue desaparecida y clamar justicia por el asesinato de Alexia Abrego -una de los cuatro jóvenes que hace una semana fueron asesinados por el crimen organizado-, el Movimiento Feminista en Zacatecas emitió un pronunciamiento, donde exigen la comparecencia de los titulares de la
y de la Secretaría de Seguridad Públicas.
También lamentaron que esta entidad ocupe el segundo lugar per cápita, en homicidios dolosos de mujeres y que, en Zacatecas, en promedio, al mes sean asesinadas 12.5 mujeres.
Las integrantes de este colectivo al leer el manifiesto mencionaron que desde hace varios años han denunciado que este estado se ha convertido en uno de los más peligrosos del país para ser niñas y mujeres, porque los hechos que a diario se registran en la entidad dan cuenta de ello, incluso, dijeron que durante 2020 un aproximado de 150 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso o feminicidio y únicamente 12 fueron clasificados como feminicidios.
En conferencia de prensa, se reunieron para exigir justicia por los asesinatos de Alexia, Irving, Natalio y Luis y advertir que Zacatecas “no permanecerá inmóvil ante la barbarie”, tras precisar que si bien comprenden las causas que originan la violencia, sobre todo la que se ejerce contra las niñas y mujeres, también dijeron que están conscientes de que hay responsables de garantizar la seguridad y la paz, por ende, les exigen que “cumplan con las responsabilidades que aceptaron, o bien, que abiertamente reconozcan su incapacidad y se retiren. Es momento de abandonar tanta indolencia y omisión”.
Dentro de las principales exigencias del manifiesto es la correcta investigación del asesinato de Alexia Monserrath Abrego, con perspectiva de género “con una adecuada clasificación del delito y con el acompañamiento a las familias conforme a la ley; que se les proporcione ayuda, asistencia y la reparación integral que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
Tras considerar que se desconoce cómo actuó la autoridad en las primeras 72 horas que son de suma importancia para la localización de las víctimas como lo marca el Protocolo Alba, donde también establece que se debe rendir un informe a las familias, porque se sabe que, por lo general, las mujeres y niñas en las primeras horas de desaparecidas son objeto de tortura sexual.
Por tal razón, también se exige a la Legislatura local que llamen a comparecer al fiscal Francisco Murillo Ruiseco, así como del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, “para que rindan cuentas sobre la situación actual que brinda el estado en materia de seguridad, así como de localización de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas”.
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Hay dos detenidos
Sobre este hecho, por medio de un video, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco informó los avances que tienen sobre la investigación del asesinado de los cuatro jóvenes y la desaparición de Valeria ocurrida hace una semana, en donde destacó que se logró la detención de dos personas vinculadas con este crimen, sin dar mayores datos de las personas, además dijo que ya se elaboraron retratos hablados de dos hombres que estarían vinculados al hecho.
Dentro del relato que emitió mencionó que, hasta el momento, se han realizado más de 70 actos de investigación, así como un operativo inicial de búsqueda en el que participaron 70 servidores públicos, junto con un operativo para la ejecución de una orden judicial de cateo de un domicilio con la participación de más de 100 elementos de distintas corporaciones; y que se han procesado 50 indicios.
El fiscal precisó que la denuncia por la privación ilegal de la libertad de estos jóvenes se presentó a las 4:36 horas del sábado 12 por una de las víctimas que logró escapar, quien proporcionó los datos para iniciar la carpeta de investigación y a la que se le otorgaron medidas de protección.
También comentó que se recabaron los datos de telefonía celular de las víctimas y que el lunes los familiares de las víctimas recibieron llamadas de extorsión, ya que se les ofrecieron supuestos datos sobre el paradero de los jóvenes a cambio de dinero, pero al rastrear el número telefónico, no se obtuvieron resultados.
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