Crimen maneja 25% de municipios en Guerrero

Informes de ONG y de las autoridades confirman que al menos 21 de 81 ayuntamientos se encuentran cooptados por grupos de la delincuencia organizada

Crimen maneja 25% de municipios en Guerrero
Regidores reportan que el crimen tiene ocupada la administración municipal por lo menos en los últimos 10 años. Foto: Franyeli García
Estados 18/07/2021 02:00 David Espino Actualizada 06:53
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Ahuacuotzingo alimenta un secreto entre sus callecitas silenciosas: la criminalidad mantiene copada la administración municipal desde hace por lo menos 10 años, dicen dos regidores a EL UNIVERSAL que, por temor, piden no revelar sus nombres. Y este esquema seguirá con la alcaldesa perredista, Glorinda Casarrubias Nava, quien logró reelegirse con escasos 40 votos de diferencia sobre su más cercano rival del PRI. Y eso si es que en las impugnaciones no le revierten el frágil resultado.

“Aunque sería lo mismo. Con unos o con otros serían las mismas condiciones”, dice José Díaz Navarro, de la organización social Siempre Vivos.

Y tampoco es el único municipio de Guerrero sometido a la delincuencia. De acuerdo con un informe de esta organización, con sede en Chilapa, 21 de los 81 ayuntamientos de la entidad seguirán en estas circunstancias una vez instalados los nuevos alcaldes el 30 de septiembre, sin importar de qué partido provengan. Es decir, 25% está controlado por el crimen organizado.

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El pulso de Díaz Navarro está, sobre todo, en las regiones Centro y Montaña, donde Siempre Vivos ha hecho trabajos de búsquedas de fosas clandestinas desde que en 2014 mataron y desaparecieron a dos de sus hermanos.

Los municipios de estas zonas que están controlados por grupos criminales son: Mochitlán, Quechultenango, Tixtla, Chilapa, José Joaquín de Herrera, Mártir de Cuilapan, Zitlala y Ahuacuotzingo, de la región Centro; y Atlixtac, Zapotitlán, Acatepec, Tlacoapa, Copanatoyac, Tlapa, Alpoyeca, Huamuxtitlán y Olinalá, de Montaña.

También de la región Centro: Chilpancingo, Chichihualco, Zumpango y Tlacotepec.

“La apuesta de los grupos criminales es controlar y someter a los ayuntamientos. Y hemos visto un avance mayor desde la caída del precio de la goma”, dice el activista en la capital, tras salir de una reunión con el fiscal general de Guerrero, Zuriel de los Santos Barrila, para revisar las carpetas de investigación de nueve desaparecidos en Chilapa este 2021.

—¿Cuál es la perspectiva para los nuevos gobiernos municipales? —se le pregunta.

—El poder seguirá en manos del narco. El tema pendiente en los ayuntamientos sigue siendo la seguridad pública. mucho más que, por ejemplo, la corrupción —responde Díaz Navarro.

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El dato proporcionado por el activista coincide con un mapa de riesgo que elaboró el gobierno de Guerrero, al que tuvo acceso este diario, en el que se señalan que 31 municipios de las siete regiones del estado tienen alta peligrosidad por la presencia criminal.

El documento señala siete municipios de la región Centro: Chilpancingo, Chichihualco, Zumpango, Tixtla, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala. Dos de la Montaña: Tlapa y Cochoapa el Grande. Diez de la región Norte: Iguala, Cocula, Huitzuco, Buenavista de Cuéllar, Taxco, Pilcaya, Tetipac, Teloloapan, Apaxtla, y Cuetzala. Cuatro de la Costa Grande: Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan y Coyuca de Benítez. Acapulco, que es región en sí mismo. Tres de la Costa Chica: Ayutla de los Libres, Copala y Ometepec. Y, por último, cuatro de la Tierra Caliente: Arcelia, Tlapehuala, Coyuca de Catalán y Zirándaro.

Si se quitan los 35 de color verde, que de acuerdo con el mapa son de riesgo bajo, los 31 de rojo más los 15 de amarillo suman 46 de 81. Es decir, 57% del territorio guerrerense es una zona de riesgo alto y medio para políticos y autoridades.

El control del crimen

De Zirándaro es Gregorio Portillo Mendoza, un alcalde morenista que tuvo que salir de su municipio y gobernar desde fuera porque la delincuencia está sometiendo a los ayuntamientos “con una impunidad tremenda para utilizarlos como una parte más de sus empresas o negocios”, dijo en una entrevista que dio en Chilpancingo a finales de junio.

Gregorio es un joven político que llegó para gobernar Zirándaro en 2018, pero desde que se instaló en el ayuntamiento la agresión de los grupos delincuenciales fue constante. Primero, para que no se metiera con ellos. Luego, para que no se postulara para las elecciones de 2021. Los criminales lograron ambos objetivos: los dejó tranquilos “para mantener la gobernabilidad y el clima de paz para poder avanzar”, dijo y, luego de ser secuestrado en marzo pasado, renunció a su intención de reelegirse.

Las organizaciones delincuenciales La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se pelean ese municipio que es entrada a la Tierra Caliente de Guerrero por Michoacán, “y ambos grupos exigían la colaboración del municipio”.

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Para los pobladores de Ahuacuotzingo, en la zona Centro de Guerrero, el control de los grupos delincuenciales está a la vista de todos. Foto: Franyeli García
 

—¿Colaboración, en qué sentido? —se le preguntó.

—El respaldo de las instituciones a su guerra entre cárteles. Lo que pretendían era utilizar al gobierno municipal para mover al Ejército hacia un lugar y hacia otro —comentó en su momento.

“Todo Guerrero está infestado de estos grupos —se lamentó—. Son los que realmente gobiernan y que buscan condicionar a los alcaldes apoyados en una impunidad tremenda”.

De acuerdo con el exalcalde, ocurre en toda la Tierra Caliente, hasta Teloloapan, donde inicia la región Norte.

“Más allá de los partidos, la delincuencia tiene un control absoluto en los municipios y, si un alcalde se atreve a retarlos, es poner en riesgo su vida”.

El silencio municipal

En Ahuacuotzingo, el último municipio de la región Centro de Guerrero, en cuyos linderos inicia la Montaña, a tres horas de la capital por una carretera con tramos accidentados, no parece que acabe de pasar una elección. Mucho menos unos comicios tan reñidos en lo municipal como los del 6 de junio. No hay propaganda que lo indique. Sólo una pared perdida a las afueras de la cabecera conserva, erosionado por el tiempo, un anuncio de Francisco Labastida de hace 21 años, cuando perdió la contienda a presidente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Tampoco hay mucho movimiento ni apenas ruido en sus calles angostas y adoquinadas. El pequeño zócalo está cerrado por las restricciones que trajo la pandemia y quienes hacen vida a su alrededor —unos tendajones, unos merenderos, algunos ancianos— guardan un silencio de funeral. Ni se escucha el tañer de las campanas de la iglesia cuando dan las 12:00 horas.

El ayuntamiento tampoco luce un ambiente en el que se note que ya se celebró la elección y vayan a repetir en el gobierno. Un policía en la puerta principal responde con monosílabos y viendo de perfil —como miran los pájaros— las dudas del reportero; el secretario general Ángel Barón prefiere no dar información de nada y la alcaldesa Glorinda Casarrubias no se encuentra.

Ante la insistencia y el conocimiento de que estamos en su municipio para entrevistarla, ofrece llamar después. Al cierre de la edición se esperó su postura, pero no hubo respuesta.

El silencio que se guarda no parece extraño si se consideran los episodios de violencia que han ocurrido en este municipio a lo largo de los últimos siete años. Este es un recuento: un exalcalde asesinado (Francisco Quiñones Ramírez en 2014), su esposa decapitada después (Aidé Nava González en 2015, cuando era precandidata a alcaldesa), el hijo de ambos desaparecido en 2012; una familia completa asesinada y calcinada (Ranferi Hernández Acevedo, precandidato a diputado federal, con su familia en 2017); jefes policiacos muertos a balas en los caminos rurales (Filemón Porfirio Francisco en 2019), y brigadistas de partidos asesinados, el último en la jornada electoral del 6 de junio.

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—El control de los grupos delincuenciales está a vista de todos —dice un regidor que pide el anonimato cuando se le pregunta al respecto en las afueras del pueblo donde acepta la entrevista; mientras el otro únicamente asienta con la cabeza.

—¿Qué es lo que controlan de la administración municipal? — se le cuestiona.

—Seguridad Pública y Obras Públicas, que les interesa mucho por la cantidad de recursos que se manejan ahí —revela.

—Pero, y ustedes, ¿son la autoridad? —se le inquiere.

—¡Jum, haz de cuenta que no somos nada! —afirma.

Que la disputa por el estado haya alcanzado a las autoridades municipales tampoco es algo nuevo en Guerrero. El gobierno lo sabe y tiene registrados a 14 grupos criminales con operaciones en todo el territorio.

No importa el partido ganador

“No importa el partido político que gane, el crimen no se detiene en eso”, dice Díaz Navarro, que se mueve con un agente de la Guardia Nacional desde que intentaron asesinarlo: “Para ellos es cosa menor. Ellos llegarán, como ya lo han hecho, exigiendo espacios claves en los ayuntamientos: Obras Públicas, Gobernación, Seguridad Pública. Áreas que por su naturaleza controlan los giros en los que mueven sus negocios”.

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—¿Cómo tiene esa certeza?

—Por audios a los que he tenido acceso. Sé, por ejemplo, que el jefe de Los Ardillos hasta tiene oficina en el ayuntamiento de Quechultenango.

Y el todavía alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, no dudó en dar un mensaje a los presidentes municipales que entrarán el 30 de septiembre próximo en la entrevista de finales de junio.

“Los grupos delictivos son los que controlan. Lo más conveniente es someterse, acatar sus instrucciones y nadar de muertito para poder librar tu periodo como alcalde. Es un mensaje preocupante para la sociedad, pero el crimen organizado es, sin duda, el problema más grave que enfrenta hoy en día el gobierno”, esgrime el alcalde.

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