Ciudad Juárez.— Al menos 18 exfuncionarios de la administración del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado (2026-2021), cinco de ellos secretarios, están siendo investigados y en algunos casos están ya detenidos y son procesados por diversos delitos de corrupción.
Lo anterior, gracias a las investigaciones que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, con base en denuncias de particulares y resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que desde diciembre de 2022, cuando llegó al cargo, la fiscalía está encargada de perseguir e investigar los delitos de corrupción en la entidad.
“Chihuahua vivió una de las épocas más grises e incluso oscuras en materia de procuración de justicia, y más tratándose en los delitos por hechos de corrupción. Nosotros encontramos que no hubo sólo tortura sicológica, sino además física e incluso hasta económica, y esto está acreditado en los expedientes que han venido cayéndose en resoluciones de amparos federales”, resalta.
Refiere que han realizado las investigaciones, algunas de ellas producto de las resoluciones que se han emitido en denuncias de la ASE y de la Secretaría de la Función Pública, y también de ciudadanos y los propios ayuntamientos del estado.
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Los secretarios involucrados
El fiscal anticorrupción explica que al inicio de esta gestión se atendieron denuncias que presentó la ASE, entre ellas una referente al secretario de Hacienda en la anterior administración estatal, Arturo F. V., quien se encuentra sustraído de la justicia desde el año pasado.
“Él, entre otras cosas, realizó un contrato irregular dándole a un particular un contrato por alrededor de 98 millones de pesos para reestructurar la deuda, esa es la justificación que él dio, donde no sólo no hay entregables, sino además no había una razón jurídica, administrativa, técnica y contable para poder realizar un contrato de esa naturaleza porque la propia Secretaría de Hacienda ya contaba con una oficina para reestructurar la deuda”, explica el funcionario.
De acuerdo con lo que señala el fiscal, en la carpeta de investigación contra el extitular de Hacienda se puede evidenciar y acreditar que existe una distracción del recurso y un desvío del mismo por alrededor de 98 millones de pesos.
“La carpeta de investigación que nosotros tenemos con el exsecretario de Hacienda está muy sólida, que está tan sólida que él prefiere sustraerse de la acción de la justicia. Aquí no cabe que hay un tema de persecución u otra cosa porque nosotros hemos impulsado una justicia humanista”, expone, al agregar que en las investigaciones se señala que en la Secretaría de Hacienda de la anterior administración estatal se tenía un desdibujamiento en la forma en la que se administraban los recursos; es decir, se dejaron asfixiados a órganos autónomos como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL) y Pensiones Civiles del estado.
“Estaban ‘jineteando’ el dinero que les daban de participaciones federales para otros proyectos, y eso cae en una desviación de recursos públicos. Han tratado de minimizar mucho el desaseo financiero que se manejó en la administración pasada porque es evidente que no se dedicaron a gobernar sino a perseguir”, añade.
Además de este caso, se tiene otro que se toma con base en una denuncia interpuesta por ciudadanos a partir de una investigación periodística, en donde se registraron las irregularidades de quien en ese momento era el secretario de la Coordinación de Comunicación Social, Antonio P. C., quien actualmente está preso en el Cereso de Aquiles Serdán por el uso ilegal de facultades y atribuciones.
“Él está vinculado a proceso, estamos nosotros preparándonos para la audiencia intermedia. En una de las carpetas está por el uso ilegal de facultades y atribuciones, pero no es la única. Ahí lo que pasa es que él otorgó de manera irregular más de nueve contratos que ascienden a 10 millones de pesos”, explica.
Dichos contratos los habría otorgado a familiares que trabajaban en el cuerpo de servidores públicos que lo acompañaban; también se entregaron contratos a quien era su directora administrativa y quien es señalada como su pareja sentimental.
En este mismo caso se menciona a otros tres funcionarios públicos de menor nivel que están involucrados, de los cuales uno ya está detenido y los otros dos están con otra medida cautelar.
Juan Pedro S. R. G., titular del Instituto Chihuahuense del Deporte en la administración del exgobernador Javier Corral, fue vinculado a proceso por el delito de peculado agravado.
El fiscal anticorrupción explicó que Juan Pedro S. R. G. otorgó de manera indebida contratos a una empresa de una liga de básquetbol de la cual él era socio, y siendo titular del deporte aportaba recursos, convirtiéndolo en un delito de peculado, al considerarse que hay desviación de recursos públicos.
En la investigación de la Fiscalía Anticorrupción también se incluye a la exsecretaria de la Función Pública del gobierno anterior por ocultamiento de información en la entrega-recepción de la administración estatal.
“La Fiscalía General de la República ordena en aquel tiempo al extitular del Ejecutivo [Javier Corral], que investigue la evolución patrimonial del exgobernador César Duarte y en ese tiempo ella omitió una orden judicial y también omitió informar en la entrega recepción que había una orden judicial para investigar la evolución patrimonial de esos tres personajes que estaban acusados por enriquecimiento ilícito”, refiere.
A la par se investiga al secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, a quien se señala de presuntamente haber otorgado a un miembro de la organización El Barzón alrededor de cinco millones de pesos y no hubo una devolución de ese recurso, entre otras irregularidades.
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También funcionarios de segundo nivel
Las investigaciones ya han alcanzado a servidores públicos de segundo nivel, como una empleada de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), de nombre Lorena Leos Ramírez, quien fue sentenciada por el delito de peculado por alrededor de un millón de pesos, ya que no hizo la entrega de recursos que recibió por trabajos del equipamiento de educación superior.
“Ella era la encargada de administrar un aparato médico y era un beneficio para los estudiantes, y lo que hacía era que les cobraba y no debía de cobrar, pero adicionalmente, a gente externa la pasaba ahí y les cobraba y no entregaba los recursos”.
También es investigada por la fiscalía María del Refugio Granados Galván, quien era la supervisora administrativa del Departamento de Personal Magisterial de la Secretaría de Hacienda, quien está prófuga de la justicia por el delito de peculado agravado, al realizar cambios de cheques ya debidamente signados por el secretario de Hacienda y que nunca se entregaban al magisterio.
A la par, se tiene a otras personas de organismos descentralizados en Chihuahua, quienes ya están debidamente judicializados, y a servidores públicos de ayuntamientos con afinidad al anterior gobierno.
Abelardo Valenzuela explicó que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra en la fase de concluir algunas carpetas de investigación del manejo que se hizo en la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, ante denuncias por contratos irregulares y desvío de recursos.