San Pablo Tijaltepec.— Han pasado seis años desde que la maestra artesana Natividad García Silva, junto con su esposo y familia, comenzó un pequeño negocio textil desde Victoria Guadalupe, un pueblo de apenas unas cuantas familias localizado a siete horas de la capital oaxaqueña y a unos minutos de la cabecera municipal de San Pablo Tijaltepec, municipio de la Mixteca de Oaxaca. Ahora, más de 25 vecinas artesanas les entregan sus bordados, mismos que se utilizan en vestidos y blusas que venden en la región y fuera de Tijaltepec.
Todos los días, las mujeres dibujan con hilos de colores y una aguja distintos animales sagrados —como el venado— sobre su indumentaria, como una forma de expresar parte de su identidad.
Gracias a emprendimientos como el de Natividad, en los últimos años sus bordados también se han vuelto parte importante del sostén económico de las familias.
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Pero en su lucha por el reconocimiento y la generación de empleo, las artesanas se han visto afectadas por diferentes factores, entre ellos plagios, intermediarios y pagos injustos por sus diseños.
Pese a la visibilización de sus bordados, existen intermediarios que pagan a las artesanas por debajo de los costos, principalmente a las personas mayores que no entienden bien español o que no saben leer ni escribir. “Han venido varias personas a comprar los bordados, algunas sólo engañan a las abuelitas, más a ellas porque no saben leer ni escribir, tampoco hablan el español. Ya nosotras las jóvenes no nos dejamos como antes”, dice una artesana.
Lo anterior, pese a que según Mauricio Cruz González, presidente municipal, en la comunidad no ha habido ninguna asamblea que determine si se otorga algún permiso para el uso de los textiles de Tijaltepec a externos, como lo exige la legislación, misma en la que se establecen sanciones por la apropiación indebida y el uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
Lo anterior, cuando no exista “el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos y comunidades o se vulnere su patrimonio cultural”. Pero hasta ahora no hay quien atienda estas denuncias.
“Sabemos que existe una ley de protección a las artesanas, pero hasta el momento no se ha podido dar a conocer (...) en las asambleas. Algunas artesanas conocen la ley por sus grupos de trabajo, pero es uno de los temas que tenemos pendiente a tratar”, indica el edil.
Al respecto, Jesús Emilio de Leo Blanco, titular del Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías (IFPA), señala que dicha ley tiene como fin garantizar y reconocer el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas, pero que “es un nuevo paradigma para la legislación mexicana” debido a que aún no existe una guía que garantice su implementación.
Indica que, ante algún plagio o apropiación cultural, compete a la comunidad solicitar una asesoría, lo cual no ha sucedido.
“Si ocurre alguna denuncia, se les hace saber mediante la conciliación, lo que establece en la propia Ley General de Patrimonio es que no están prohibidas las colaboraciones, siempre y cuando se le solicite el permiso a la comunidad, eso implicaría en una asamblea comunitaria explicarles cuál es el proyecto, tener claro cuáles son los créditos que se van a otorgar a las artesanas y algo fundamental, la remuneración”.
Y agrega que todo ello debe quedar plasmado en un documento, un convenio de colaboración para que así también les retribuyan a las comunidades, no solamente el dinero, también un esquema de capacitaciones en tema de comercialización. Nada de eso ha ocurrido con los bordados de Tijaltepec.
Sobre la apropiación cultural, De Leo Blanco expresa que pese a lo nocivo de esta práctica aún hay vacíos en la cuestión legal y reconoce que faltan varios años para tener un andamiaje jurídico eficiente y eficaz que permita presentar las denuncias por apropiación. Hasta el momento, la opción que queda es cuestionar cómo resolver dichas denuncias a partir de la conciliación, pues ni siquiera existe claridad sobre qué instancia debe atender los casos.
“En las prácticas artesanales hay que citar quiénes son las autoras o los autores, pero también hay que contribuir en el registro de marcas o declaratorias de patrimonio cultural, de lo contrario estamos indefensos jurídicamente. Lo único que nos quedaría por hacer es lo que generalmente se hace: un reclamo a través de las redes sociales para que se reconozca a las autoras y a los autores que realizan esos textiles, sobre todo ante plagios o apropiación”, puntualiza el funcionario.
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Para Susana Harp Iturribarría, senadora por Oaxaca e impulsora de la legislación que busca proteger el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, un primer paso es que los propios pueblos, mediante asamblea, elaboren listados de aquellos elementos y expresiones que forman parte de su identidad, donde se defina cuáles sí pueden ser comercializados y cuáles no.
La legisladora federal también detalla que correspondería al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) llevar esta información a las distintas localidades y capacitar a los pobladores para que puedan usar dicha ley a su favor.
“Ojalá les enseñaran y capacitaran para que ellas mismas salgan a vender sus bordados, para que no les regateen mucho su trabajo, pues hay varias intermediarias que no les pagan a las compañeras artesanas, que sólo las usan… Algunas me han comentado que se llevan sus bordados y no les pagan. Además de que venden caro los bordados sin pagarles su trabajo de forma justa”, denuncia otra de las artesanas de Tijaltepec, quien por seguridad prefiere omitir su nombre.
Los abusos y la apropiación han llegado a tanto que negocios dedicados a la reventa y funcionan como intermediarios incluso han demandado por la vía penal a las propias artesanas de la comunidad, reclamando el derecho a vender vestidos, blusas y otras prendas con dichos bordados, resultado de la adaptación de la vestimenta.
En México existe la Ley Federal de Protección de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que establece que para la comercialización con personas externas debe existir “un contrato de autorización con acuerdo de voluntades entre el pueblo propietario del patrimonio cultural y el tercero, para su uso, aprovechamiento o comercialización, mediante una distribución justa y equitativa de beneficios”.
De acuerdo con el IFPA, en Oaxaca existe un padrón de 9 mil 209 personas de diferentes ramas artesanales; sin embargo, las propias autoridades reconocen que dicho listado “es insuficiente” porque “hay comunidades enteras que viven de alguna práctica artesanal”, indica Jesús Emilio de Leo Blanco, titular del instituto.
Modificación a la vestimenta tradicional
Natividad aprendió a bordar a los ocho años porque su madre no tenía dinero para comprarle ropa, así que tuvo que comenzar a elaborarla ella misma. “Veía que mi mamá bordaba, entonces agarré un pedazo de tela y empecé a bordar, mi mamá hizo una blusita y le pegó el bordado… Me gustó y así empecé”.
Autora de distintos modelos de vestidos y blusas que han ido ganado popularidad en el mercado textil, Natividad cuenta a EL UNIVERSAL que sus diseños son producto de su creatividad. Sin asistir a una escuela, curso o capacitación, por falta de oportunidades durante su infancia, la maestra artesana combina los colores a la perfección y es a partir de su indumentaria tradicional que han ido naciendo nuevas prendas, mismas en las que se respeta la integridad de los bordados.
“No fui a ninguna escuela ni a ningún curso, ni nada. Sólo pienso en combinar los colores y cuando ya los termino se ven bonitos, y con eso nada más. Cuando empecé con mi esposo no tenía dinero para pagar un curso o algo”, cuenta.
Si bien las artesanas narran que la modificación de su vestimenta tradicional no fue aceptada de buenas a primeras, afirman que poco a poco se ha ido abrazando en la comunidad dado que se ha convertido en una fuente de ingresos.
“Convertimos la vestimenta tradicional en vestidos y blusas, con hilo de algodón y distintos tipos de telas, y así hemos variado. El proyecto de innovación tiene cerca de seis años, cuando junto con mi esposa, la maestra Natividad y yo, tomamos la decisión de renovar, de estilizar un poco los bordados de nuestro pueblo, sin dejar de lado nuestra cosmovisión”, explica Jerónimo González López, otro de los integrantes del emprendimiento.
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Las mujeres de esta comunidad del “pueblo de la lluvia” tardan entre tres y hasta seis meses en elaborar una blusa tradicional, y su costo oscila entre los 6 mil y los 8 mil pesos, de acuerdo con los bordados. Éstos se elaboran a partir de una técnica llamada pepenado fruncido, que consiste en “sacar un hilito, después hacer unas rayas llamadas —en Tijaltepec— pitiyi y bordar la figura”, explican las artesanas.
Ha sido así como, poco a poco, los bordados de Tijaltepec, caracterizados por su colorido y tonos fosforescentes y por la variedad de animales que representan, han lucido en fiestas locales como en desfiles nacionales e internacionales, puesto que —derivado de su aceptación— marcas de lujo los han incluido en sus prendas.
Resultado de ello, estos textiles viven un boom en la comunidad con el surgimiento de más negocios dedicados a elaborar dichos bordados, pero son pocos los emprendimientos locales que se mantienen, como Kintex, la marca de Natividad y su familia, quienes tienen que competir con intermediarios, casas de diseño y marcas internacionales.