Aún se les relega, a pesar de la política de paridad, reconoce especialista

Los logros cuantitativos no son suficientes, el próximo reto a vencer no es un asunto de paridad, sino de oportunidad para que las mujeres que están al frente tomen decisiones de impacto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la doctora Georgina Cárdenas Acosta, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, señala que “sólo 12.5% de los Congresos locales tienen una presidenta”.

De acuerdo con la especialista en materia de género, el hecho de que sólo en las legislaturas de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán exista una mujer al frente, significa que hace falta que en el país se reconozca el trabajo, trayectoria y capacidades de las mujeres.

“En los espacios donde realmente se están tomando las decisiones, es decir, en las juntas de Gobernación Política, impera la hegemonía masculina”, lamenta.

“Te preguntas si realmente las mujeres están teniendo una distribución equitativa del poder y la respuesta es no”, añade.

El hecho de que en México 42% de las curules estén ocupadas por una mujer, señala Cárdenas Acosta, no significa que en el interior de los Congresos se legisle en materia de género.

De hecho, indica, es lamentable que poco se haya atendido el tema de los embarazos a temprana edad y los feminicidios.

Sobre la igualdad. La reforma al artículo 41 constitucional, señala la investigadora, debe reforzarse con una nueva educación dentro de los partidos, las instituciones y los hogares.

En muchas ocasiones sucede que, obligados por el principio de paridad, los partidos políticos postulan a cercanos y relegan a las mujeres que tienen un alto potencial, “porque ellas no se van a subordinar, tienen una trayectoria y compromiso”, indica.

Además, aún no se ha erradicado la idea de que una mujer debe agradecer ser tomada en cuenta para una candidatura. “Dicen ‘gracias por mirarme y darme la oportunidad’, lo cual no debería ser”.

A este problema, menciona, se suma que aún se desconoce qué es la violencia política de género, por lo cual las víctimas no denuncian y, si lo hacen, como ha sucedido en algunos casos, quienes juzgan no saben dar resolución a los casos.