Cancún.- Las y los diputados que integran la se lanzaron en contra del ombudsperson estatal, Marco Antonio Toh , por la emisión de medidas cautelares para proteger el derecho a la libre manifestación y reunión, de las colectivas que tomaron el Congreso del estado, ante la dilación de las y los legisladores para dictaminar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

A 24 horas de que se conmemore el Día Internacional de los Derechos Humanos 2020 y, a un mes de la represión armada por parte de policías de Cancún, que dispararon para disuadir una protesta ciudadana en el Palacio Municipal, Toh Euan fue cuestionado y, a momentos, atacado, debido a que el Consejo Consultivo del organismo a su cargo emitió medidas para salvaguardar la integridad de las defensoras de derechos humanos que integran la Red Feminista Quintanarroense luego de la toma del Congreso en Chetumal.

La comparecencia se efectuó para hablar sobre la situación de los derechos humanos en la entidad, pero principalmente para responder ante los cuestionamientos en torno a su actuación respecto a las manifestaciones realizadas por colectivas y otros sectores de la población, así como por presuntas irregularidades al interior del organismo que representa.

Sin embargo, a la diputada Reyna Durán le pareció mejor saltar directo a increpar al funcionario, que escuchar un resumen de los actos que éste ha realizado en 2020, por lo apretado de la agenda legislativa y porque ellos ya traían sus temas.

Así, a Toh Euán le reclamaron la posición de la CEDHQROO en el tema del aborto, al juzgar que es “parcializada” y que se inclina hacia las colectivas que solicitan despenalizar la interrupción del embarazo antes o hasta las 12 semanas de gestación, como parte del derecho humano que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, lo que está inmerso en los derechos reproductivos y sexuales.

Esta última postura es respaldada oficialmente por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que, mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, le hizo saber que respaldan la iniciativa del diputado José Luis Guillén para despenalizar el aborto.

En el escrito, Nadine Gassman señaló que la propuesta “va encaminada a poner fin a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo y a hacer efectivos sus derechos a decidir libre, autónoma e informada sobre su sexualidad, reproducción y proyecto de vida”, y “garantiza el acceso efectivo de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos”.

Al intervenir, el diputado, Hernán Villatoro, le soltó abiertamente a Tóh Euán, que los diputados están “encabronados”, porque las feministas los han emplazado a debatir el tema, como condición para desalojar el recinto oficial del Congreso, tomado desde el 27 de noviembre.

Villatoro Barrios, incluso, le pidió al ombudsperson, que les hable “al chile”, porque ven una postura “parcial” de la CEDHQROO, al haber emitido las medidas cautelares a favor de las activistas.

La propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Judith Rodríguez, se dijo molesta hasta por las formas del organismo estatal, debido a que las y los observadores de Derechos Humanos se han presentado a documentar las protestas de colectivas feministas con pañuelos verdes, que simbolizan el derecho a decidir de las mujeres.

En esa misma línea, la diputada Euterpe Gutiérrez pidió a ombusdman no pretenderlos “marear”, cuando éste le intentó explicar que la ideología particular del propio personal no puede rebasar el enfoque de los derechos humanos, lo cual no sucede.

“Pareciera que me quiero pintar de ese color y no. Mi pensamiento es de defensor de los derechos humanos (…) Tenemos compañeras y compañeros dentro de la Comisión que forman parte de organizaciones civiles porque yo no les puedo coartar estar trabajando a favor de los derechos humanos, como discapacidad, feminismo, migrantes y LGBT”, expresó él, al comentar que incluso han sido atacados por defender esos derechos.

La diputada Iris Mora le pidió una respuesta sobre qué medidas cautelares emitirá a favor de las y los legisladores y los 600 trabajadores del Congreso, cuyos derechos están siendo presuntamente violentados, al obligarles a laborar fuera del recinto oficial, tomado por las activistas.

En el mismo tenor, su par, Cristina Torres habría calificado como “sesgada” y “parcial”, las medidas cautelares a favor de las feministas, sin tomar en cuenta la situación de la plantilla laboral del Congreso.

“En esas recomendaciones dejamos de lado al personal del Poder Legislativo; el derecho de ellos quedó soslayado”, dijo. El ombusdperson respondió que las medidas cautelares no son obligatorias para la autoridad.

Para el diputado Roberto Erales, las medidas cautelares fueron casi un salvoconducto para permitir que las colectivas se apoderaran del Congreso, porque en el documento se pide que les permitan hacer uso de los sanitarios y del vestíbulo, como áreas públicas a las que tiene derecho a acceder cualquier ciudadano.

“Nosotros no obligamos, ni metimos a nadie al Congreso”, argumentó Tóh Euán, al aclarar que el Congreso pudo refutarlo y fundamentarlo, pero admitió las medidas y su acatamiento.

El presidente de la Comisión de Salud, Edgar Gasca, se dijo preocupado por los sellos oficiales del Congreso y de que no se tiene acceso a ellos para los actos oficiales que se realizan en la sede alterna.

En tanto, el diputado Fernando Chávez Zepeda de plano le pidió al ombudsperson que “renuncie”, si no puede dar respuesta a los reclamos, que incluyeron temas de nómina, despidos presuntamente injustificados, que se traducen en 12 denuncias laborales.

La diputada Reyna Durán había cuestionado previamente las contrataciones de personas que no reúnen el perfil para ocupar ciertos cargos, incluso, se refirió a la contratación de “una persona no mexicana”. Mencionó además una queja o denuncia en contra del propio Toh Euán, interpuesta por una persona a la que se le obligó a renunciar.

Los reclamos de las y los diputados llegaron al punto de cuestionarle Tóh Euán, por qué no emitió medidas cautelares para los grupos que están en contra de la despenalización del aborto, que se manifestaron ayer, convocados por el Obispo de la Diócesis Cancún- Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, a través de sacerdotes.

Justo ayer, en el marco de esa manifestación, Ariadne Song -integrante de la Red Feminista Quintanarroense- denunció que una persona o personas no identificadas intentaron incendiar su casa de madera, cuando su familia se encontraba en el interior.

El ataque está inmerso en un clima de odio y discursos amenazantes de personas simpatizantes de los grupos que se dicen “pro-vida”, en contra de las feministas que conforman la Red, a quienes incluso han amenazado en redes sociales.

La legisladora Torres Muñoz fue de las pocas que le preguntó sobre las acciones tomadas respecto a las violaciones de derechos humanos que se registraron durante al menos dos manifestaciones en Cancún, el nueve y 15 de noviembre, que involucran a diversas autoridades.

Tóh Euán respondió que, hasta el momento, se emitió una recomendación el 30 de noviembre, por violaciones a derechos humanos en flagrancia, que se elaboró en tiempo récord y se dirigió a la presidencia municipal de Cancún, que ya la admitió.

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