La 4T relaja reglas para impulsar festivales de cine

cesar.huerta@eluniversal.com.mx

La Secretaría de Cultura flexibiliza la convocatoria original para que los festivales de cine que se realizan en México sean apoyados económicamente, luego de las observaciones que les hicieron recientemente.

El Profest (Programa de Apoyo a Festivales), que contempla a todo certamen relacionado con las artes escénicas, gastronomía, visuales y literatura, emitió su convocatoria a principios de abril, para cerrar en mayo, y pronto recibió rechazo de la comunidad cinematográfica.

Entre las principales desavenencias se encontraba que, en la instancia, ya se solicitaba la programación de los festivales cuando por naturaleza, los de cine la definen cercano al evento y varios no habían lanzado su respectiva convocatoria.

Otro conflicto era destinar presupuesto a pago a artistas a presentarse, cuando los eventos fílmicos gastan en cosas como boletos de avión para invitados y cintas a distribuidores.

“No es lo mismo una feria popular del mole o festival de enchiladas, a los de cine”, señala Inti Cordera, responsable de vinculación de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, que aglutina 50 eventos.

Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales de la Secretaría de Cultura, señala que tras reuniones con representantes de festivales de cine, las normas para ellos, en ambos puntos, se flexibilizan.

“Entendemos que todo es perfectible y, en ese sentido, hay diálogo constructivo con la comunidad de cine”.

El resto. La convocatoria 2019 sólo contempla eventos a celebrar entre el 4 de junio y 15 de diciembre. Esto deja excluidos a festivales como Cinema Planeta, que se ha realizado en abril, y Guadalajara que se lleva a cabo en marzo.

Cinema Planeta, que se efectúa en Cuernavaca y tiene una década de vida, está acomodando las piezas para realizarse en mayo y todo parece indicar que reducirán días e invitados.

La codirectora Eleonora Isunza aclara que en su historia lo máximo que llegaron a recibir por parte del Imcine y Cultura fueron 350 mil pesos.

Pero entonces buscaban a organismos afines como la Secretaría del Medio Ambiente para completar los 7 millones que cuesta el evento, lo cual ya no podrán hacer.

Las nuevas reglas indican que los proyectos sean presentados a través de instituciones culturales, municipales y estatales, o de educación pública superior.

“¡Da desesperanza y coraje! A nosotros todo nos auditan y estaba claro en qué se gastaba, ahora pone en riesgo alianzas que teníamos con empresas o convenios que llevaban cinco años”, detalla Isunza.

Los organizadores del Festival de Guadalajara se abstuvieron de hacer comentarios.

Pablo Raphael indica que hay pláticas que buscan la forma de respaldar a afectados.

“Si se puede, (se trata de) apoyarlos con proyectos que tengan este año o si no, facilitarles su participación el que viene”.

Temen burocracia. Sarah Hoch y Miguel Ángel Marín, directores de Guanajuato y Feratum, respectivamente, están preocupados por el camino que deben seguir los proyectos.

“Lejos de democratizar la cultura, todos los festivales tenemos que pasar por un gobierno o una universidad pública, lo cual significa que debas tener una buena relación, que regresamos a los padrinazgos con ver quién tiene palanca o quién no, quién está con el grupo actual o el pasado y regresamos a ese sistema que se habían quitado un poco”, expresa Hoch.

“Antes las asociaciones civiles podíamos aplicar directamente, ahora dependeremos de una tercera instancia; si a ella no le gusta o no es su perfil, puede ser complicado”, apunta Marín.

Las autoridades aseguran que el actual mecanismo busca descentralizar y alcanzar lugares a donde no se llegaba. Y podrán apoyar ediciones nacientes.

El costo. En promedio, comenta Cordera, de la Red de Festivales, un certamen necesita entre uno y cinco millones de pesos federales, habiendo excepciones para los grandes.

Pero los números generados los “regresan” sin problema. Tan sólo Guanajuato, de acuerdo con Hoch, logra una derrama anual de 170 millones de pesos y una promoción turística valuada en 800 millones.

“Es una buena inversión para el país, que genera crecimiento económico”, expresa Hoch.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano, editado por el Imcine, se realizan al año más de 140 certámenes. Algunos como Ternium, con sede en Monterrey, Colima y Puebla, son financiados íntegramente por la iniciativa privada.

El Profest tiene tope de 110 millones de pesos, los cuales se repartirán entre los beneficiados, a conocer máximo el 4 de junio.

“Es año clave para que este primer ejercicio de Profest ayude a rediseñar programas que atiendan a los sectores culturales, con las particularidades de cada uno”, dice Cordera.