Tortura a mujeres: vergüenza nacional

Ricardo Rocha

Mónica, de 26 años, viajaba en automóvil con su esposo y su hermano el 12 de febrero de 2013 cuando les marcó el alto la Policía Municipal de Torreón. Sin orden de aprehensión alguna se los llevaron a un galpón de ellos mismos. Ya adentro un oficial les dijo “bienvenidos a la fiesta” y al poco su marido y hermano estaban desnudos y ensangrentados por una golpiza brutal. A ella comenzaron a torturarla sumergiendo una y otra vez su cabeza en una cubeta. Luego la asfixiaron con bolsas de plástico, le golpearon las nalgas con un tablón de madera y le hicieron preguntas que no podía contestar. Mientras ella veía cómo, a su esposo, le desprendían la piel con un cuchillo. A Mónica le aplicaron descargas eléctricas en los genitales; luego, un oficial la violó delante de sus familiares; después, seis policías la violaron también uno tras otro; más tarde, la obligaron a practicarles sexo oral y a tragarse el esperma. Durante todo ese horrendo ultraje, miembros uniformados del Ejército estuvieron allí, mirando.

Finalmente, los tres detenidos fueron llevados a la PGR de Torreón; en el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos. Ya en la SEIDO de la Ciudad de México, Mónica Esparza Castro fue obligada a firmar una confesión donde admite ser parte del cártel de Los Zetas. En agosto de 2014, expertos de la CNDH confirmaron las arbitrariedades aberrantes del caso y solicitaron una nueva investigación. Lo inadmisible es que Mónica está todavía en prisión en espera de ser juzgada por cargos de participación en delincuencia organizada. Mientras que sus dos hijos menores se encuentran en un albergue porque su familia no puede pagar su manutención ni la defensa de Mónica.

Este es uno de los 100 casos de mujeres detenidas y torturadas que Amnistía Internacional ha documentado en un estremecedor informe de 60 páginas: Sobrevivir a la muerte; tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. En él, se establece claramente que los uniformados someten sistemáticamente a las mujeres a tortura y violaciones durante procesos de arresto e interrogatorios: golpes, amenazas, penetración con armas de fuego, objetos diversos y con el pene, asfixia, descargas eléctricas y otras formas de violencia son prácticas habituales en detenciones de mujeres. Aunque desde luego la cobardía es selectiva: en prácticamente todos los casos se trata de mujeres jóvenes, de entornos pobres y de bajos ingresos que garantizan a sus torturadores que luego no serán molestados con una denuncia. Así que igual son acusadas de narcotráfico, que de criminales o secuestradoras; se trata de mostrar a la sociedad una eficacia anticrimen que en los hechos no existe.

Los datos duros son devastadores: AI calcula en miles los casos de tortura de mujeres por policías, soldados, marinos y fuerzas federales desde 1991 a la fecha, de los cuales sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias para sus perpetradores.

Ante este panorama de la infamia, AI emite al final de su informe algunas recomendaciones: al Presidente de la República, que reconozca la magnitud del problema y retire a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública; y al Congreso, adoptar sin demora la Ley General contra la Tortura. Mientras esto no se haga, seguiremos siendo un país de bárbaros y desvergonzados.

Periodista

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