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Durante una conferencia de prensa televisada en noviembre de 1973, Richard Nixon, entonces Presidente de los Estados Unidos, espetó ante la sorpresa de todos: “la gente tiene que saber si su Presidente es o no un delincuente. Bueno, no soy un delincuente”. Nixon respondía así a las acusaciones espionaje político – el famoso escándalo de Watergate - y de evasión de impuestos. Menos de un año después, Watergate terminó por condenar la presidencia de Nixon, quien renunció en agosto de 1974 antes de sufrir la humillación de una destitución casi certera. Y su frase defensiva “no soy un delincuente” pasó al panteón de la infamia política.
Watergate, el nombre de un complejo habitacional de lujo al lado del río Potomac en Washington DC, se ha convertido en sinónimo del tumulto y el caos político. Por generaciones, Watergate ha invocado espionaje a adversarios políticos, abuso del poder en las más altas esferas y el cinismo de la clase política pero también las consecuencias de estas acciones cuando las instituciones y la prensa libre funcionan.
Hace varios días, el New York Times publicó un artículo sobre el uso de un software especializado (Pegasus), que sólo es vendido a gobiernos para actividades de inteligencia contra el terrorismo o el narcotráfico, y en México se usó en la intervención de teléfonos celulares para monitorear las actividades de defensores de derechos humanos, activistas y periodistas mexicanos.
Entre las personas monitoreadas, indica el New York Times, se encuentran abogados defensores de los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, miembros de la sociedad civil que empujan la agenda contra la corrupción y periodistas críticos de la administración actual.
La noticia no sorprende –activistas y defensores de derechos humanos son vigilados alrededor del mundo- pero la indignación que generó el artículo es más que justificada. El detalle del reportaje del New York Times muestra que no es sólo monitoreo, sino uso de la tecnología para intimidar y socavar esfuerzos específicos de activistas en momentos puntuales. Ya una labor de inteligencia (recabar información de manera regular sin orden judicial) sobre ciudadanos mexicanos en plenos derechos sería ilegal y moralmente inaceptable. Como acto de intimidación para proteger intereses privados y evasión de las más básicas reglas de rendición de cuentas y transparencia, es imperdonable.
Peor aún, la respuesta del Presidente Peña Nieto fue muy desafortunada. Después de negar las acusaciones, minimizar los hechos y trasladar las responsabilidades judiciales a las víctimas; tuvo que corregir sus declaraciones para asegurar que su gobierno no tomaría represalias y que “el gobierno no tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna persona”. El daño estaba hecho. Le faltó poco para caer en un momento Nixoniano y decir que en su gobierno no había criminales.
El escándalo de espionaje ocurre en un momento en el que la sociedad mexicana desconfía enormemente de su gobierno. La encuesta de Consulta Mitofski publicada en noviembre pasado, señala que en los últimos siete años la confianza en las instituciones –incluida la Presidencia y los partidos políticos- va a la baja. Del 2015 al 2016, la Presidencia de la República sufrió la caída más grande de las 17 instituciones analizadas. A menos que haya una respuesta y una investigación independiente y que permita identificar y castigar a los responsables, si es que los hay, la desconfianza en las instituciones y la Presidencia seguirá en aumento. La erosión de la relación entre gobierno y ciudadanía continuará, con enormes consecuencias económicas, políticas y sociales.
No sabemos si el artículo del New York Times desencadenará consecuencias políticas y legales importantes – una especie de Watergate Mexicano. Pero la sociedad necesita respuestas creíbles rápidamente. La responsabilidad principal de proveer estas respuestas está en las autoridades pero dada la desconfianza es claro que no pueden ser juez y parte. A la sociedad civil y a la prensa nos queda seguir exigiendo un mejor gobierno en cada momento - aunque nos espíen e intimiden- que para eso estamos. Esa es nuestra responsabilidad. Reconstruir la confianza entre gobierno y ciudadanos tomará tiempo pero no puede esperar más.
