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La resolución se publicó el 19 de febrero pasado en la “Gaceta del Semanario Judicial de la Federación” como tesis de jurisprudencia, es decir guía jurídica para casos similares.
De acuerdo al criterio emitido, 8/20/10, el tope máximo para pensionar a un trabajador inscrito en la instancia es de 10 salarios mínimos.
La ruta habla de pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Aunque la sentencia no representa el punto final del asunto, la vereda podría ser transitada por los jueces de cara a reclamos similares, lo que afectaría a miles de trabajadores de ingresos medios y altos, por ejemplo los especializados que laboren en la industria automotriz, o los ejecutivos medios de empresas sin derecho a bonos de actuación.
El amago apunta a los trabajadores que se ubican en el régimen de transición, es decir los que se acogieron de la Ley de Pensiones y Jubilaciones de 1973 a la de 1997 concretamente quienes optaron por jubilarse bajo la tutela del IMSS al surgimiento del sistema privado de pensiones.
De acuerdo a sus estadísticas 9.3% de los afiliados al Seguro Social percibe más de 10 salarios mínimos.
Y aunque desde el marco constitucional sería imposible afectar a los ya pensionados, dada la protección a derechos adquiridos, a éstos ya les dieron un golpe al resolver la propia Corte que se les cobrara el Impuesto sobre la Renta a los pensionados con más de cinco salarios mínimos.
Doble tributación, pues.
La paradoja del caso es que el asunto pasó de noche en los organismos empresariales, dos de los cuales, la Concamín y la Concanaco, mantienen representación ante el Consejo Técnico del IMSS.
El tema no ha figurado en la orden del día. El único que ha dado la cara es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, quien ha exigido a la Corte clarificar su criterio al no empatar con las correcciones que se hicieron, a presión de la Cámara de Diputados, sobre otra tesis de jurisprudencia similar emitida en julio del 2010.
La resolución de la Corte se dio ante una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados, el decimotercero del primer circuito y el tercero del cuarto. El primero le daba la razón al quejoso sobre su reclamo de pensión máxima, y el segundo señalaba que el nivel tope al que podía acceder era de 10 salarios mínimos.
El monto en entredicho equivale, bajo el mínimo actual, a 48 mil 570 pesos.
El cálculo para el porcentaje de trabajadores de menos de 10 salarios mínimos se realiza con base en el promedio de percepciones de las últimas 250 semanas cotizadas.
De acuerdo a la Ley actual, vigente desde el 1 de julio de 1999, los trabajadores que optan por pensiones bajo el marco de la ley 1973 deberán haber cumplido 65 años y tener mil 250 semanas de cotización.
La gran pregunta es si la Corte lanzó el buscapie tratando de medirle el agua a los camotes, o se trata de la ruptura del primer candado para legalizar el tope.
Balance general. Decretada por la Secretaría de Economía la ampliación por seis meses más de la vigencia de un arancel extraordinario de 15% a ciertos productos de acero procedentes de países sin acuerdos de libre comercio, los industriales siderúrgicos quieren más.
De entrada, exigen elevar el porcentaje al doble, es decir el máximo permitido por la Organización Internacional de Comercio como salvaguarda frente a casos en que se ponga en riesgo a toda una rama industrial.
Más allá, se plantea que la protección se extienda a todos los productos de acero.
La medida afecta a solo 53 fracciones arancelarias; que incluyen tornillos, planchón y láminas roladas en frío y caliente.
La exposición de motivos de las siderúrgicas habla de la pérdida de ocho mil empleos al operar a 60% de su capacidad instalada.
El problema se deriva de la competencia desleal china que está prácticamente rematando sus sobreexistencias del producto, con apoyo de subsidios, además de la caída de los precios del acero ruso y brasileño que llega al país.
Caintra al contraataque. Como lo anticipábamos, a machote abierto la Caintra de Monterrey está promoviendo amparos de sus asociados contra la nueva fórmula diseñada por la Comisión Reguladora de Energía para calcular el precio del gas natural.
Bajo el esquema se elevó en marzo 13.6% el costo por BTU del combustible, con posibilidad de crecer a 22.
En la carambola la Comisión Federal de Electricidad ha incrementado sus tarifas de servicio, aduciendo la elevación de sus costos.
La mayoría de la energía se genera vía plantas de ciclo combinado que requieren del combustible. El incremento en la tarifa para uso industrial se calcula en 10.2%.
La exposición de motivos habla de que la justificación por la nueva fórmula carece de sustento técnico y jurídico.
Debo no niego… Tras la publicación de un desplegado por parte de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud en reclamo del pago de adeudos por parte de las instancias de salud pública por 6 mil 811 millones de pesos, el ISSSTE firmó un convenio de liquidación. El débito del organismo es de mil 129 millones.
La morosidad se extiende hasta el 2012, involucrando a la primera licitación consolidada de medicamentos. El “balconeo” alcanzó a todas las instancias con las sumas correspondientes.
Afores en capilla. Notificadas en julio del año pasado vía un pliego de presunta responsabilidad, la Comisión Federal de Competencia Económica abrió un periodo de recepción de pruebas de descargo en el inicio de un procedimiento contra las administradoras de fondos para el retiro.
La acusación habla de prácticas monopólicas absolutas, el pecado mayor previsto por la ley, lo que implicaría colusión de las intermediarias para implantar comisiones iguales para determinados servicios.
La práctica, pues, permitiría evitar competencia en el segmento. La posibilidad habla de una sanción pecuniaria equivalente a un porcentaje de las utilidades.
Axtel se estrena. Realizada en la práctica su fusión con Alestra, Axtel está estrenando el nuevo escenario con un proyecto de apoyo a empresas especializadas en tecnología de la información que operan a nivel nacional y el exterior. La estrategia de la firma dirigida por Rolando Zubirán es derivar sus servicios hacia compañías pequeñas, medianas y gigantes.
Relevo en EMA. Cerrado el ciclo de cuatro años al frente de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), José Antonio Cifrián le entregó la estafeta a Jesús Cabrera Gómez, vicepresidente Comercial y de Operaciones del Grupo Infra. El organismo se encarga de vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. El reto ahora es explicar las derivadas de la reforma energética.
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