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Cierran caso Oceanografía

Alberto Barranco

De acuerdo a fuentes judiciales, en los próximos días, vía el pago de una fianza, saldrá libre el principal accionista de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, quien lleva varios meses en el reclusorio Oriente de la ciudad de México

Como usted sabe, el empresario está acusado de defraudar a Banamex tras recibir la firma contratista de Pemex una serie de préstamos por 450 millones de dólares, pese a que algunos se otorgaron en pesos.

La posibilidad ha provocado la irritación de la oposición legislativa, dada la magnitud del escándalo desatado, en cuyos ecos Oceanografía debió acudir a un concurso mercantil cuya conclusión, impugnado un acuerdo con acreedores, está en el limbo.

Lo cierto es que fueron más los palos de ciego lanzados a Yáñez por la Procuraduría General de la República, que los efectivos, por más que se habían realizado una serie de operaciones discutibles en la compañía.

Arraigado Yáñez Osuna en su casa de descanso de Acapulco, en la cresta del ciclón una tarde recibió la visita del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien a gritos lo acusaba de haber estado engañándolo.

Según el abogado de la nación el empresario habría incurrido en lavado de dinero al utilizar el producto de los préstamos de la discordia para adquirir vehículos de lujo, concretamente de la marca Roll Royce.

—Ajajá… te pillé.

Lo cierto es que las facturas exhibidas por el ex gobernador de Hidalgo en funciones policiacas, en efecto, fueron expedidas por la firma inglesa… sólo que amparando la compra de motores.

Estos se habían adquirido para algunos de los barcos de la flota de la empresa con sede en ciudad del Carmen, Campeche.

El caso es que aún cuando Yáñez hubiera cambiado de giro para convertirse en comerciante de automóviles de lujo, no había forma de acusarlo de lavado de dinero.

De hecho, ni siquiera de desvió de los recursos de los préstamos, dado que estos no se habían etiquetado.

Los 450 millones de dólares epicentro del escándalo fueron producto de operaciones de factoraje, es decir un simple descuento a cambio de facturas por cobrar con cargo a Petróleos Mexicanos.

El estruendo hablaba de que los documentos que cobraría por su cuenta el banco, descontándole a Oceanografía por concepto de comisión el 15% cuando los cobros eran en pesos y el 20% cuando se habían pactado en dólares, habían sido falsificados en parte.

Sin embargo, Pemex no presentó querella.

De acuerdo a Banamex, quien creó tres fideicomisos para recibir los recursos, fueron 10 las operaciones realizadas.

La sorpresa es que de acuerdo al juez del concurso mercantil al que se emplazó a la empresa, Felipe Consuelo Soto, la operación está saldada en su mayoría, es decir Banamex ya cobró.

En su resolución el togado habla de diferencias entre las cantidades depositadas por la contratista de Pemex y las que eran aplicadas para el pago de la deuda en la mayoría de los descuentos reclamados por Banamex.

El banco había reconocido un quebranto de sus utilidades por el caso Oceanografía de tres mil 172 millones de pesos.

La resolución del juez, quien no incluyó en la masa crítica de la quiebra la deuda con Banamex, fue avalada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del DF.

La sentencia planteada por el magistrado Armando Cortés Galván, habla de que los adeudos reclamados por el grupo financiero son inconsistentes en definir el cargo, liquidez y exgibilidad.

“Este tribunal, sostuvo el magistrado, no puede conocer si esas deducciones son o no legales y tampoco se puede resolver si el importe reclamado es o no correcto”.

¿Otra burbuja que se desinfla?

Balance general. Aunque se frenó la caída vertical en la cotización de sus acciones tras incurrir en mora ante tenedores de papeles de deuda emitidos, los problemas del Grupo ICA no terminan.

Un grupo de proveedores que participó en el suministro de insumos para la construcción del gaseoducto Los Ramones lo está demandando por falta de pago. La deuda alcanza 50 millones de pesos.

La querella, planteada por las vías civil y penal, apunta indirectamente a tres firmas italianas subcontratadas por la constructora para realizar parte de las tareas. Estamos hablando de Nuova Ghizzoni, Sicilsaldo Montaggi Industriali y Cocomex.

La vía penal la justifica el que algunos de los proveedores han recibido cheques sin fondos.

De acuerdo a la ruta crítica prevista, la colosal obra deberá estar concluida el 14 de febrero, lo que acrecienta el temor de los demandantes de que las firmas italianas abandonen el país.

Oxígeno a Iberdrola. Exigida la amortización total de sus inversiones por parte de tenedores de bonos de deuda a quienes les ha incumplido el pago de dos cupones, la filial en México de la firma española Iberdrola logró obtener un crédito de 300 millones de dólares.

La cantidad es similar a la que adeuda a los bonistas. Sin embargo, el destino apuntará hacia capital de trabajo para cumplir con contratos pactados con la Comisión Federal de Electricidad.

El préstamo es a dos años sin garantía de por medio.

Se destapa Candiani. Aunque su pretensión era un secreto a voces, finalmente el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hizo pública su intención de postularse como candidato a la gubernatura de Oaxaca.

De acuerdo a su dicho no sabe aún cuál partido lo postularía, pero descarta la posibilidad de lanzarse como independiente.

Aunque el ex dirigente logró estrechar lazos con el poder, pareciera que su ruta no caminaría al lado del partido oficial, sino del panismo, en una eventual alianza con el PRD.

La vía que llevó a la gubernatura a Gabino Cué.

Gutiérrez Candiani mantiene una relación cercana con el Chucho mayor del sol azteca, Jesús Ortega.

Sala Médica. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto inauguró una nueva sala del Hospital General destinada a la investigación.

La obra contó con la participación activa del patronato del nosocomio que ofrece tres mil consultas diarias, cuyo presidente es Ramón Neme.

En éste participan los médicos Enrique Volpe, Alejandro Alfonso Díaz, además de los abogados Ignacio Morales Lechuga y Ernesto Rubio Del Cueto.

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