Abaratan contratos petroleros

Alberto Barranco

Paradojas de la vida: pese a laxar los requisitos y aumentar las posibilidades de ganancia para los participantes en detrimento del país, no existe mucho optimismo en el éxito de la segunda fase de la ronda uno para concesionar contratos petroleros, que se desahogará esta mañana

De cinco posibles, la Comisión Nacional de Hidrocarburos espera entregar tres, por más que en esta ocasión no se trata sólo de posibilidades de exploración, sino de extracción.

En la mesa se colocarán 14 campos maduros en aguas someras que dejó de lado Petróleos Mexicanos, ubicados en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Las reservas 3P de los depósitos alcanzan 671.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una expansión de tierra de 286.4 kilómetros cuadrados.

Las licencias se entregarán por 25 años, con un periodo de tres para evaluar la fortaleza de los depósitos y posibilidad de extender la presencia por 10 más.

Fracasada la etapa uno en que estaban en juego 14 bloques para tareas de exploración, divididos en nueve contratos, de los cuales solo se otorgaron dos, el gobierno laxó sus exigencias iniciales a un nivel que los analistas consideran excesivo.

De entrada, prevista la participación del gobierno en la explotación de los pozos en 40%, ésta se redujo a una banda de entre 30.2 a 39.8%.

Por ejemplo, para los campos conocidos como Amoca, Miztón y Teocalli se reclama un porcentaje de 39.8%; para el conocido como Hocki, de 38.9; para Xulum, 30.2; para Ichalkil y Pokech, 33.7, y para Misón y Nak, 35.2.

Adicionalmente, se eliminan algunos requisitos previstos, por ejemplo informes de ingeniería y de construcción de instalaciones.

Además, se redujo sensiblemente el monto a título de fianza que colocarán previamente las empresas para garantizar su seriedad.

Naturalmente, tampoco hay cernimiento de cara a la calidad ética de las participantes.

De acuerdo a la asociación civil Poder, una de las participantes, Shell, ha sido acusada por Petróleos Mexicanos de comprar combustible extraído de tomas clandestinas en la Cuenca de Burgos.

La firma acude con su filial Shell Exploración y Extracción de México.

El organismo señala que ésta y las empresas Chevron y British Petroleum han causado los peores desastres ambientales de la historia, acumulando multas por 20 mil 232 millones de dólares.

Esta última no participa; la segunda está inscrita. En la lista está además Statoil E&P México.

Las firmas nacionales se integraron en consorcios para participar. Así, dos filiales del Grupo Carso del magnate Carlos Slim, Carso Oil & Gas y Carso Energy, van con sierra Oil &Gas y Petrobal, de Alberto Bailleres, con Fieldword Energy.

En la pelea están otros dos consorcios integrados por Panamerican Energy y E&P Hidrocarburos y Petronas Cargill International con Golp Energy.

Los dos bloques otorgados en la primera licitación representan una inversión de 2.6 millones de dólares, frente a los 6.7 que esperaba el gobierno. Segunda llamada, segunda: La barata del año.

Balance general. Aunque la posibilidad prevista por la Organización Internacional de Comercio para casos similares de amenaza de daño a una rama industrial hablaba de 30%, la Secretaría de Economía decidió quedarse a la mitad en el arancel extraordinario colocado contra las exportaciones de acero procedentes de China.

La salvaguarda, con carácter temporal, apunta a determinados productos: placa, planchón, alambre, lámina rolada en frio y lámina rolada en caliente.

La catarata de acero chino a valor muy inferior al producido en México había provocado el despido de centenares de trabajadores de la industria, con énfasis en Altos Hornos de México.

Los afectados habían presionado al secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, para que tomara la medida prevista, lo que se había mantenido latente desde el pasado 8 de julio.

El anuncio se dio en el marco del Cuarto Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana.

¿Zancadilla a fructosa? Frustrado un primer intento de dos pequeñas firmas productoras de azúcar para que la Secretaría de Economía abriera un procedimiento por amenaza de daño contra las exportaciones de alta fructosa procedentes de Estados Unidos, la industria mantiene el dedo en el renglón.

Ahora la acusación habla de prácticas desleales de comercio en la modalidad de dumping o precio inferior al del mercado de origen.

El endulzante derivado de la caña de maíz se utiliza como sustituto del azúcar en al menos seis industrias.

Aunque bajo la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se habían fijado topes al ingreso al país del producto, actualmente prácticamente no hay restricciones.

Como usted sabe, Estados Unidos limitó el ingreso de azúcar mexicana vía un arreglo con la Secretaría de Energía para evitar que se le abriera un proceso por supuesto apoyo de subsidios para la exportación.

Se trata, pues, de un toma y daca.

Se ampara Infraiber. Notificada, finalmente, de la cancelación definitiva del contrato que había pactado con el gobierno del Estado de México para monitorear el paso de vehículos en vías de cuota concesionadas, la empresa Infraiber está solicitando un amparo.

La exposición de motivos habla de que una de las causales de la reversa es que a la autoridad mexiquense le pareció excesivo el cobro de 50 centavos por vehículo contabilizado, sin embargo las vialidades concesionadas a OHL subieron sus tarifas en esa cantidad… cuyo monto se le entrega a la Tesorería de la entidad.

De acuerdo a lo pactado el recurso se emplea en el mantenimiento de luminarias y cámaras de vigilancia.

El contrato de la discordia se había planteado a 20 años, incluyendo todas las vialidades con cuota de peaje al calce, lo que le habría redituado a Infraiber una facturación de 4 mil millones de pesos.

Salarios del miedo. Aunque el monto en que se incrementó el salario mínimo al unificarse las áreas geográficas A y B fue de 2.59%, en términos prácticos el alza es de 1.85 pesos.

El incremento, con visos de miseria, alcanza a los trabajadores de 21 entidades federativas incluidos algunos municipios del área A, ubicados en Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Mérida, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. El porcentaje seguramente será la pauta en la revisión de contratos colectivos para el 2016.

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