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Jaque a empresas corruptas

Alberto Barranco

Inhabilitada en el sexenio pasado por la Secretaría de la Función Pública al incumplir un contrato de rehabilitación y mantenimiento en la Autopista del Sol México-Acapulco, la constructora Gutsa creó a trasmano una similar llamada Proyectos y Desarrollo en Infraestructura, quien recibiría el polémico contrato para construir la tristemente célebre Estela de Luz, conocida como Estela de la Corrupción

Al escándalo por el sobreprecio, al margen de la pobreza de la obra conmemorativa del bicentenario del inicio de la revolución de independencia, erigiría otra empresa más: Epccor… quien se promociona con la currícula de Gutsa.
Esta recibiría a su vez, en consorcio con la española Aldesa, vía su filial Aldesem, el contrato para ampliar el trágico libramiento de Cuernavaca conocido como Paso Exprés.

Aunque en las dos últimas compañías constructoras no se anota ni como directivo ni como accionista al presidente de Gutsa, Juan Diego Gutiérrez Cortina, la estructura es similar. De hecho, los hijos de éste aparecen como dueños del capital de la tercera junto con algunos técnicos al servicio de la primera.

La formulita de eludir inhabilitaciones creando empresas aparentemente disímbolas, sin embargo, no es patente de Gutsa. Se fue Tribasa, otra constructora envuelta en escándalos, y apareció Promotora y Operadora de Infraestructura, conocida como Pinfra, propiedad del hijo de la firma.

La gran pregunta es si este tipo de prácticas se desterrarán a la puesta en escena de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como apéndice del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con ésta, habría castigos similares para quienes le levanten la pata y quienes maten la vaca.

La sanción para los que obtengan contratos públicos vía soborno, colusión, falsificación de documentos o favoritismo en el marco del tráfico de influencias oscilará desde una multa de 75 mil 490 pesos hasta la desaparición de la sociedad.
En la extensa bitácora de la corrupción a la mexicana se plantea desde la confección de licitaciones a modo, es decir, colocar requisitos que sólo puede cumplir la favorita del rey, hasta las descalificaciones por cuestiones nimias para llegar de plano, como sucedió con los contratos a Odebrecht, a la designación directa.

En ocasiones la ruta se nutre de información privilegiada para permitirle al designado de antemano presentar la mejor oferta.

Y aunque la ley no necesariamente apunta a que el ganador sea quien plantee la oferta más barata, a veces el sistema de puntajes, es decir, colocar en la balanza las capacidades técnicas, plantea disparidades inauditas.

De acuerdo con el artículo 81 del ordenamiento, las firmas en contubernio con el licitante oficial podrían ser castigadas con una inhabilitación temporal que oscilará entre tres y 36 meses, pasando por la imposición de un monto reparatorio a la Secretaría de Hacienda.

La mayoría de los artículos habla de vinculación de particulares a procesos contra funcionarios públicos.

Aunque la mayoría de las empresas gigantes cuentan con códigos de conducta para funcionarios en su relación con el gobierno, la cadena Walmart, por ejemplo, prohíbe cubrir gastos de bebidas alcohólicas en invitaciones a funcionarios públicos; hacia abajo la pradera está desierta.

Por lo pronto, ayuno el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativas de los 18 magistrados que prevé el Sistema Nacional Anticorrupción para atender casos específicos ante la negligencia del Senado, se debió improvisar a la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana para atender temporalmente las denuncias.

Y por lo pronto, la Coparmex está realizando una campaña para sensibilizar a sus asociados de lo que les pedía esperar.

La corrupción, dice el perogrullo, es de dos.

Balance general. Si en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se creó lo que se llamó “cuarto de junto”, en el que los representantes de la causa empresarial, encabezados entonces por Juan Gallardo Thurlow, conocían de primera mano los puntos de la discusión para externar opiniones, en la renegociación habrá dos.
El segundo se le está calificando como “cuarto de inteligencia”, en cuyo caso se ubicará a expertos en comercio internacional, quienes tendrán a la mano estadísticas, análisis y tratados internacionales.

La causa privada se integrará en un Consejo Consultivo Estratégico de Negociación Internacional que coordinará Moisés R. Kalach, participando como vicepresidente Valentín Diez Morodo, el artífice del éxito de la cerveza Corona en los mercados internacionales.

Se vacuna el IMSS. Cauteloso frente a la posibilidad de protestas aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene su dictamen tras la evaluación de propuestas de una licitación para abasto de ropa hospitalaria de uso médico, éste será revisado por el testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública antes de darlo a conocer.
A la mesa llegaron 224 propuestas para 56 posturas por parte de 23 empresas. De ellas 14 participan por primera vez en el concurso, en un escenario en que durante los últimos cuatro años la misma empresa había ganado los contratos. 
La posibilidad incluye también ropa desechable y reusable además de colchones de uso médico.

Los contratos en juego alcanzan 768.6 millones de pesos.

Azteca se recupera. Televisión Azteca logró remontar la pérdida que sufrió en el segundo trimestre del año pasado por 522 millones de pesos, para llegar al mismo lapso de éste a una ganancia de 58.

Las ventas de la televisora tuvieron un salto de 9% para llegar a 3 mil 726 millones, el mismo porcentaje en que saltó su utilidad de operación, alcanzando 897 millones.

En el marco, la firma encabezada por Benjamín Salinas Sada logró pagar anticipadamente 60 millones de dólares de un bono de deuda pactado en 300.

En marzo pasado había cancelado otros 42 millones, lo que implica una reducción total de 102.5 millones durante el año.

Azteca tiene filiales en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Perú.

Misión imposible. De acuerdo con la promesa del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, para finales del mes próximo habrá llegado el orden en materia de publicidad exterior, lo que pareciera una más de las promesas al viento frente al caos existente desde 2010 en que se creó la Ley de Publicidad Exterior.

De acuerdo con ésta, la separación mínima entre anuncios debe ser de 250 metros, con la novedad de que existen 4 mil 100 irregulares. Colocarlos en regla implicaría tener mil 46 kilómetros de corredores de un solo lado o 520 de doble posibilidad. En paralelo, existen 5 mil anuncios que no están registrados en el padrón oficial publicado en el 2016 por la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Aunque el Instituto de Verificación Administrativa y la Autoridad del Espacio Público han realizado campañas para detectar irregularidades, una vez ubicadas lejos de retirar los anuncios se intenta regularizarlos.

La oferta de retirar el 100& de los espectaculares no registrados no llega hasta hoy ni al 10%…
 

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