Invertir equitativamente en la infancia, el reto

La expresión más concreta de la prioridad que un país da a sus niños, niñas y adolescentes estriba sin duda en la asignación del presupuesto para programas encaminados al bienestar y desarrollo de este sector de la población.

En estos momentos en que el Congreso de la Unión se encuentra discutiendo el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016 resulta más que oportuno mirar a la infancia y llevar a cabo acciones para orientar los recursos públicos hacia el logro de mejores resultados e impactos en la niñez.

Son 40 millones de niños, niñas y adolescentes quienes conforman parte de la población mexicana, se trata de 40 millones de potenciales líderes, profesionistas, empleados, creadores… en concreto: la base presente del futuro de México.

Toca a quienes tienen en sus manos ahora la toma de decisiones, dar los pasos necesarios para que esos 40 millones de mexicanos puedan desarrollar desde este momento su pleno potencial y en un futuro sean los impulsores de un México más justo y democrático.

A 25 años de que México ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño (en septiembre de 1990), el país ha logrado importantes avances en la situación de la infancia y la adolescencia; sin embargo, aún persisten desafíos.

Alrededor de 21 millones de niños y niñas mexicanos viven en pobreza, 36% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabajan para apoyar a sus familias o para su propio sustento en lugar de estar en la escuela.

La realidad de estos niños no coincide con los avances que ha conseguido México en muchos ámbitos, como por ejemplo su fortaleza institucional, la sofisticación de sus esquemas de atención a la salud o de cobertura en educación.

La clave está, pues, en lograr una mayor equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo para todos los niños, niñas y adolescentes en el país. Lo anterior es esencial para aspirar a un desarrollo sostenible.

Enfocarse en los niños más pobres y desprotegidos beneficia no sólo a la infancia, sino también a sus familias, comunidades y economías.

Destinar las inversiones, políticas y programas específicamente a los niños, niñas y adolescentes más necesitados no es sólo lo correcto, sino lo más inteligente.

Con la aprobación unánime en diciembre de 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes los legisladores mexicanos dieron una muestra de su responsabilidad y compromiso hacia la infancia.

La ley ya está vigente, pero para implementarla se requiere aún ejecutar diversas etapas, una de ellas es la asignación de un presupuesto que permita coordinar los esquemas establecidos para la aplicación de esta ley, en particular para el funcionamiento del Sistema Integral de Protección a la Infancia y su Secretaría Ejecutiva, que tendrá la compleja labor de coordinar los esfuerzos de las diferentes instancias encaminados a hacer cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sin un presupuesto adecuado, ni este sistema ni ningún otro de los mecanismos que fueron establecidos para aplicar la Ley podrán hacer realidad el objetivo de ser un país que respeta y hace efectivos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

Sin un presupuesto que tome en cuenta las necesidades de este sector de la población y que ejecute y vigile la correcta aplicación del gasto público en la infancia, la Ley podría quedarse en letra muerta.

Por el bien de la infancia y adolescencia mexicanas, y por el bien del país, se deberá de aprovechar la oportunidad histórica que tiene el Congreso de realizar una asignación presupuestaria que haga realidad la operación y aplicación de la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Representante de UNICEF en México