Corte, baluarte y garante de equilibrio y estabilidad

El pasado 14 de diciembre, ante los 3 Poderes de la Unión, el ministro Luis María Aguilar Morales rindió su segundo informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, que en las palabras del ministro presidente constituye la suma del esfuerzo común de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación.

Son muchos y muy interesantes los datos que a lo largo de su informe refirió en esta ocasión el ministro presidente, tanto en el orden de la actividad jurisdiccional como en el orden administrativo, pues recordemos que el presidente de la Corte lo es también del Consejo de la Judicatura, al que corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, a excepción de la Corte.

Entre otros temas, aludió a los criterios más relevantes que el Tribunal Pleno emitió en este último año: la implementación del Sistema Penal Acusatorio; los avances del juicio en línea y en la implementación de un sistema informático que permita le interconexión con todos los tribunales del país; el fortalecimiento de las actividades de capacitación para los juzgadores y sus colaboradores, así como a los logros en materia de igualdad de género a través del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género.

Ante la imposibilidad de reseñar siquiera lo más relevante en tan breve espacio, quiero referirme a la reflexión con la que el ministro presidente inició su informe, frente al creciente cúmulo de asuntos que recibe la Corte. Mientras que hace siete años se recibían poco más de 4 mil 460 asuntos en el año, en este 2016 la cifra prácticamente se ha cuadruplicado, con más de 16 mil.

Para solventar esta tendencia —precisó— es necesario buscar respuestas, no con el afán de reducir el trabajo, el que se cumple a cabalidad, con vocación y convicción, sino para reducir la brecha entre la ley y la sociedad, y llenar de contenido los valores y principios que de la Constitución emanan.

En Derecho Comparado —apuntó— se constata que las Cortes Constitucionales de los sistemas jurídicos del common law, como Estados Unidos y Canadá, conocen, el primero de aproximadamente 80 asuntos al año y el segundo, de 74 el año anterior; mientras que en países como España resolvió en el año 274 asuntos y Chile un promedio de 115, lo que revela que con independencia del sistema jurídico, la constante es que los más altos tribunales conozcan de asuntos de significativa trascendencia.

Ello se debe a que si bien se someten a su consideración un gran número de asuntos, tienen la facultad inherente a su calidad de máximo tribunal, de rechazar aquellos que no reunen ciertas características, ocupándose sólo de asuntos de trascendencia nacional que afecten de manera general a la sociedad o a la sana convivencia social o de aquellos que sirvan, aún derivados de casos concretos, para fijar la decisión interpretativa final que incida en la nación entera.

Nuestra Corte, en razón de sus orígenes y de la competencia que entonces le fue asignada, conoce de recursos y trámites ajenos a la competencia que le ha sido conferida como tribunal constitucional desde finales de los años 80, asuntos cuyo conocimiento corresponde a otros tribunales e instancias judiciales que se han venido consolidando en la estructura del Poder Judicial de manera paralela.

De ahí la necesidad de reflexionar respecto de lo que consideró una impostergable revisión de las competencias de la Corte, acorde a la nueva realidad social que exige herramientas legales modernas y eficaces como corresponde a un Tribunal Constitucional, la defensa de nuestra Ley Fundamental.

Los tribunales constitucionales son una exigencia en las naciones democráticas, en tanto que para la eficacia de la Ley Suprema se requiere de la interpretación y definición del alcance de los derechos que protege y de las garantías que establece para su protección.

La Corte, el Tribunal Constitucional de nuestro país, es entonces baluarte y garante —a la vez— del equilibrio y estabilidad de la vida nacional, así como responsable y artífice del fortalecimiento del Estado democrático y constitucional de derecho en el que debemos desarrollarnos.

Esto entre otras muy relevantes consideraciones que expuso en su informe el ministro presidente.

Ministra de la SCJN.

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